Bolivia: El salario mínimo nacional creció 300% de 2006 a 2017

Entre 2006 y 2017, el salario mínimo nacional (SMN) en términos nominales creció en 300%, aunque en términos reales, si se descuenta la inflación, sólo reflejó una expansión de 114%. Los ajustes no llegan a toda la población trabajadora.

En los siguientes días el Gobierno junto a la Central Obrera Boliviana (COB) definirán el incremento salarial 2018. El ente matriz de los trabajadores demanda un aumento de 15% al SMN y un 10% al básico, pero los empresarios creen que no debería estar  por encima del 3%.

  Los datos oficiales revelan que en  2006 el SMN en términos nominales era de 500 bolivianos y en 2017 se fijó en 2.000 bolivianos (300% de incremento, ver gráfica).Sueldos en Bolivia

Mientras que el crecimiento del  SMN real  fue inferior  al pasar de 554 bolivianos a 1.185 bolivianos, un 114% más.

Sin embargo, si se toma en cuenta la evolución del incremento salarial al haber básico se tiene que en este período el indicador alcanzó una expansión  8,59% en términos nominales, mientras que la inflación promedio fue de 5,91% (ver gráfica). De esa manera este ajuste  habría compensado el costo de vida.

La directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel, opinó que en términos reales  el salario mínimo nacional  ha crecido de manera importante en los últimos años, así como el incremento del haber básico, pero a una menor tasa.

Para este año  señaló que el ajuste salarial al menos debe compensar la pérdida del poder adquisitivo que se da con la  inflación, pero también considerar un aumento de la productividad.Inflación en Bolviia

“Lastimosamente este dato no existe pero algunas estimaciones muestran que se acercaría alrededor del 1%, por este motivo un incremento algo más del 3% (que compense inflación y productividad) podría ser adecuado”, explicó.

  En su criterio  el problema  es que un aumento en el salario real, pero  que no implique mejoras de  productividad, se refleja directamente en una menor demanda por empleo.

Muriel observó que  la economía boliviana tiene elevados niveles de informalidad, por lo que los incrementos benefician a un porcentaje muy bajo de la población.  “Si tomamos en cuenta las zonas urbanas, vemos que menos que el 10% tiene empleo formal cubierto por la norma.  En este sector formal está el  aparato público, donde un  incremento salarial  puede ciertamente llevar a un mayor déficit y en el sector privado formal a un  aumento de los costos laborales”, precisó.

Incluso en esta coyuntura menos favorable puede implicar una menor contratación de nuevos trabajadores, por eso es que  muchos jóvenes calificados no encuentran trabajo, agregó.

Para la Fundación Milenio, la política salarial del gobierno es unilateral y parcial, puesto que prioriza al empleado sin tomar en cuenta la contraparte.

  De esta forma se deja de lado cualquier criterio de productividad, lo cual   tiene como consecuencia la pérdida de competitividad en los distintos sectores de la economía nacional.

“Da la impresión de que esta política ha sido concebida con la idea de que la economía boliviana vivirá una expansión económica indefinida. Así pues, en un período de menor ritmo de crecimiento, como es ya el actual, aumentos unilaterales de los salarios pueden acelerar la caída de la economía”, advirtió.

El presidente de la Confederación de  Empresarios Privados (CEPB), Ronald Nostas, advirtió que fuertes incrementos salariales  encarecen los costos y contraen la demanda de trabajo formal, que en el país no representa más del 40% de la población ocupada.

Las empresas pequeñas y medianas son las que mayor empleo generan para personal menos calificado, como servicios, restaurantes, hotelería y es este sector el que devenga en mayor proporción el SMN. “Así, es natural esperar que nuevos incrementos afecten al empleo menos calificado que es más susceptible de migrar hacía la informalidad”, advirtió Nostas.

Datos de la CEPB revelan que las utilidades de las empresas vigentes sumaron 38.600 millones de bolivianos en 2017, un 7% menos, esto como consecuencia de menores ingresos y mayores gastos, entre ellos costos salariales.

El registro de nuevas empresas cayó de 19.211 a 18.882 y la cancelación de matriculas subió de 7.181  a 7.331  debido a  la desaceleración económica y otros. “Cabe la pregunta respecto a la capacidad de las empresas para enfrentar nuevos costos”, dijo Nostas.//  Página Siete

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