La esclavitud hoy, un delito inducido en Bolivia

BOLIVIA ES UN PAÍS DE ORIGEN, TRÁNSITO Y DESTINO DE TRATA Y TRÁFICO DE SERES HUMANOS. SE HAN ESTABLECIDO SIETE PUNTOS FRONTERIZOS UTILIZADOS PREFERENTEMENTE POR LAS MAFIAS. CERCA DE 2.500 MENORES BOLIVIANAS SON EXPLOTADAS EN UNA POBLACIÓN DE PERÚ.

¿Avanza la humanidad? ¿Se la puede llamar “humanidad”? Estas preguntas resultan pertinentes al advertir que, pese al desarrollo científico y social, de milenios, subsiste una práctica como el esclavismo.

Perversa e indignante por definición, es considerada como uno de los delitos más inhumanos. La esclavitud constituye el hecho de separar a personas de su entorno y someterlas a abusos laborales, sexuales o inducirlas a cometer otros delitos. Implica la tenencia de seres humanos forzados a la violencia, el hacinamiento y el hambre si no aceptan la explotación o buscan su libertad. Claro, en tiempos plagados de eufemismos y tecnicismos, se le llama trata y tráfico de personas, pero es esclavitud, esclavitud en pleno siglo XXI.

Las desapariciones cotidianas de personas alertan de que no se trata de una práctica marginal ejercida por enajenados mentales. Posiblemente resulte suficiente recordar que, según la ONU, se trata del tercer negocio ilegal más rentable del planeta. Mueve 33 mil millones de dólares y causa 2,5 millones de víctimas directas anualmente, según ha establecido la Organización Internacional del Trabajo. Eso implica que 6.849 personas son esclavizadas cada día en el mundo.

DIEZ DESAPARICIONES SEMANALES

¿Y en Bolivia? Los registros de la Defensoría del Pueblo señalan que cada semana se producen más de 10 casos de trata y tráfico de personas. Queda marcada la cifra del año 2014 cuando se produjeron 549 denuncias. Sobre esa base se ha establecido además que el 65 por ciento de los casos denunciados no son resueltos. Peor aún, en el 73 por ciento de los casos, las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Seis de cada ocho niños desaparecidos no son hallados nunca más.

Eso, “oficialmente”. Sin duda, el problema resulta mucho mayor y las cifras reales se multiplican varias veces. Y una declaración coincidente de varias de las víctimas parece marcar el factor de conversión y la dimensión del problema: “Señora, quienes raptaron a su hija son unos maleantes terribles, no los denuncie; mejor diga que su hija escapó con su novio nomás”, relató a OH! Daysi (*). Recordó así el momento en el que decidió iniciar acciones por lo que había sufrido la mayor de sus hijas durante casi seis meses en 2009. Varias de las autoridades la orillaban a olvidar el caso e incluso a contentarse con “agradecer” porque había recuperado a su ser querido.

Si la intimidación no resulta efectiva para desanimar a las víctimas, probablemente la incapacidad o complicidad de jueces y fiscales sí lo sea. Hay varios indicadores muy sugerentes. El informe 2015 del Viceministerio de Justicia observó la conducta de los operadores judiciales en los contados casos que se procesaron por este delito. De 184 procesos penales sustanciados en el país en 2014, solamente se emitieron 12 sentencias. En otras palabras, mientras oficialmente desaparece más una persona cada día, se sanciona apenas un delincuente cada mes.

¿LOS SOCIOS DE LOS TRATANTES?

Eso en lo burocrático y en las estadísticas. Daysi, quien porfió para que se le haga justicia, recuerda como un segundo infierno los pasos del proceso. “Mi hija sufrió nuevos abusos y además fue revictimizada cada vez que apelamos a una instancia oficial – dice mientas empieza a llorar-.  Ni policías, ni fiscales, ni forenses, ni siquiera las enfermeras y menos las responsables de rehabilitación saben relacionarse con quienes han sufrido esto. Las denigran, parecen gente sin sentimientos ni preparación alguna. Hay realmente muy pocas excepciones, los demás parece que trabajaran para los mafiosos”.

¿Quiénes trabajan para los tratantes en Bolivia? Las autoridades que han descrito las redes identificaron incluso con nombre y apellido a juristas que demostraron su respaldo a proxenetas. Hace un año, la entonces viceministra de Trata y Tráfico, Melania Torrico Pericón, declaró en una entrevista al diario El País EN de Tarija: “Existen consorcios de jueces, fiscales y policías que dejan en la impunidad muchos casos importantes y nuestras expectativas institucionales se nos caen. A veces nos esforzamos, viajamos en procura de tener noticias positivas. Sin embargo, llegamos a Santa Cruz o Cochabamba u otras ciudades con un caso que parece listo y descubrimos que de pronto el juez o la jueza dicen que no hay elementos probatorios suficientes para la detención preventiva o la sentencia de la persona”.

En esa oportunidad, Torrico explicó que habían enviado a la Fiscalía General varios casos de jueces que liberaron a presuntos tratantes, pero no hubo avances. Ningún operador de justicia ha sido procesado hasta el momento por haber colaborado con los mafiosos. Pero, tal cual reza una infinidad de versiones, las redes de tratantes parecen no inhibirse a la hora de buscar apoyos. En 2004, la viceministra de la Juventud, Elizabeth Patiño, alertó sobre la influencia que extraños personajes tenían sobre los parlamentarios bolivianos. Estos debían acelerar el Código Niño, Niña, Adolescente y otras normas que buscaban sancionar la trata y tráfico, sin embargo frenaban el avance recurrentemente. Las leyes que penan estos delitos recién fueron promulgadas en Bolivia en 2012.        

Y es que los tratantes y traficantes de personas secuestran sobre todo a mujeres jóvenes y niños. En abril de este año, el Ministerio de Justicia, que encabeza el Consejo Plurinacional contra ambos crímenes, presentó el estudio de situación. El documento señala que el 93 por ciento de las víctimas son mujeres. Mientras que un estudio de la OEA presentado en julio de 2015, señala: “del total de casos instaurados en el Ministerio Público el 73 por ciento tiene como víctimas, niños, niñas y adolescentes,, constituyéndose en la población en mayor situación de vulnerabilidad”.

¿Cuántas mujeres y cuántos niños bolivianos han caído en la esclavitud? Los informes de las instituciones que han estudiado el problema lamentan que hasta hoy no se haya podido elaborar un registro centralizado de casos. Sin embargo, un caso emblemático puede dar la pauta de la magnitud a la que se ha llegado: la Rinconada.

2.500 VÍCTIMAS BOLIVIANAS EN UN PUEBLO

Según los registros del propio Ministerio de Gobierno, en la población peruana de La Rinconada 2.500 menores bolivianas son explotadas sexualmente. Está ubicada en el departamento de Puno a más de 5.100 metros de altitud y cerca de una mina de oro. Llamada el “infierno blanco” o “la tierra de nadie” no ha logrado ser controlada por las autoridades de ese país y proliferaron múltiples delitos. Los mafiosos se han resistido reiteradamente a las intervenciones policiales. Se sabe que, junto a las menores bolivianas, también son explotadas jóvenes colombianas y peruanas. Desde hace casi dos años, comisiones binacionales trabajan planes para rescatar a estas miles de jovencitas sometidas a la esclavitud.

Pero mujeres, niños y varones secuestrados salen de Bolivia hacia prácticamente todo su entorno. Las autoridades han establecido que la trata y tráfico utilizan especialmente siete puntos de frontera: Cobija, en Pando; Puerto Acosta y Desaguadero, en La Paz; Villazón, en Potosí; Bermejo y Yacuiba, en Tarija, y Puerto Quijarro, en Santa Cruz. 

Y de Bolivia no sólo se raptan seres humanos para esclavizarlos. También se los trae o se los traslada a través del territorio como mercancía. Según el informe del Ministerio de Justicia, Bolivia es un país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de seres humanos. Los fines son fundamentalmente la explotación sexual, laboral, servicio doméstico servil, trabajo en las zafras, la minería y la mendicidad forzada. El documento añade que los departamentos donde se reporta mayor número de casos son: La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, donde hay evidencia de reclutamiento de menores para explotarlos sexualmente. “La demanda de bebés, niños y niñas para adopciones en el extranjero y el tráfico de órganos serían otro tipo de manifestaciones en Bolivia”, destaca el texto.

Daysi ha conocido en los hechos prácticamente cada uno de esos detalles. Señala que su hija fue raptada apenas había pasado los 15 años de edad. Asegura que la obligaron con amenazas de matar a sus familiares a someterse a abusos sexuales y que se preparaban para llevarla al exterior. La menor apareció en casa destrozada física y psicológicamente tras casi seis meses de ausencia. “Es el peor nivel de maldad y delincuencia que uno puede imaginar –dice-, y sin embargo parece que están en todas partes”.

¿Avanza el mundo? ¿De qué puede ufanarse la actual “humanidad” si para 2.500 millones de personas en el planeta ni siquiera existen leyes que penalicen su posible esclavitud? ¿Avanza Bolivia? Resultará muy difícil aceptarlo si se recuerda que esta semana desparecerán 10 ciudadanos, en su mayoría mujeres y niños para ser esclavizados.

TRATA Y TRÁFICO

¿Qué es la trata?

Es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

Las víctimas pueden ser trasladadas dentro o fuera del país. Son privadas de su libertad con el fin de ser explotadas en distintas formas; dentro del país las más recurrentes son: explotación laboral, explotación sexual comercial, guarda o adopción, mendicidad forzada, matrimonio servil, unión libre o de hecho, empleo en actividades delictivas, extracción de órganos.

¿Qué es el tráfico de personas?

Es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material, en la mayoría de los casos el ingreso es con documentos ilegales o sin cumplir con los requisitos solicitados por ley.  El tráfico de personas sólo se cumple cuando se cruza una frontera.

"Un informe del Ministerio de Justicia señala que el 93 por ciento de las víctimas son mujeres"

"Existen consorcios de jueces, fiscales y policías que dejan en la impunidad muchos casos importantes y nuestras expectativas institucionales se nos caen"// Los Tiempos

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