Bolivia está a la cola en el “Índice de accesibilidad a la
información judicial en Internet” (IAcc) que mide la transparencia del sistema
de justicia en el continente. El país obtuvo un 26,38% en la evaluación del
Poder Judicial y 0% en la medición del Ministerio Público.
El IAcc es elaborado desde 2004 por el Centro de Estudios de
Justicia de las Américas (CEJA), en 34 países, con el objetivo de medir y
promover transparencia en los poderes judiciales y ministerios públicos del
continente americano. La medición del último informe se realizó de octubre a
diciembre de 2014, hasta ese momento se evaluaron las páginas web de los poderes
judiciales y ministerios públicos.
Bolivia está catalogada dentro del nivel “muy bajo” en su IAcc,
junto con Guyana, Dominica Belice y Barbados, y cerca de Haití y Surinam cuyos
sistemas de justicia carecen de páginas web para evaluar.
En la evaluación global, es decir de ambas instituciones, Poder
Judicial y Ministerio Público, Bolivia obtiene un 15,83%, lo que la ubica en el
estándar del índice de transparencia “muy bajo”. El cumplimiento se mide del 1
al 100%.
En
cuanto a la evaluación del Poder Judicial obtiene un 26,38%, que significa que
está particularmente con déficit en la publicación del agendamiento de
audiencias; recursos físicos y materiales; presupuestos; y salarios,
antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios relativos a los
funcionarios judiciales. Entre 2012 y 2014, la publicación y actualización de
sentencias se redujo de 71,6% a 6,67%, la publicación de estadísticas sobre
causas aparece como nuevo factor en un 57,7% y también la publicación de
concursos y licitaciones sube de 45% a 72%.
En la ponderación del Ministerio Público (Fiscalía), Bolivia
alcanzó un 0%, lo que significa que sólo cumple con tener una página web y
contar con un régimen de acceso que mide la gratuidad y el nivel de acceso a los
servicios del sitio (por ejemplo, buscador de jurisprudencia, a estadísticas,
etc.). En realidad en este caso obtuvo 20,14% menos que la anterior medición de
2012. El país cambió de categoría de “bajo” a “muy bajo” en este tema.
Para los poderes judiciales se ponderó la existencia de una
página web; la publicación y actualización de sentencias; de reglamentos
internos, acuerdos y/o instructivos; de estadísticas de causas ingresadas,
resueltas y pendientes; de agendamiento de audiencias; de recursos físicos y
materiales; de presupuesto; de salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y
temas disciplinarios de funcionarios relevantes; de concursos y licitaciones
para contrataciones; y el régimen de acceso. Cada uno de esos factores se
desagrega en indicadores y variables para ser medidos. Para los ministerios
públicos se toman en cuenta similares temas, con excepción del agendamiento de
audiencias.
El IAcc se elabora con base en el fundamento conceptual del
derecho de acceso a la información pública y, más específicamente, a los
estándares de transparencia activa. Además pretende convertirse en una
“herramienta que tiene por objeto promover la utilización de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TICs), particularmente Internet, para el
cumplimiento de la obligación estatal de poner a disposición de la ciudadanía
información de carácter público desde la perspectiva de dos de las principales
instituciones de los sistemas de justicia de la región: la judicatura y los
ministerios públicos”.
Para acceder al informe completo, a un resumen ejecutivo o a la
versión digital: http://bit.ly/1PEyT9q
// PIEB.com.bo
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