Solo uno de cada diez trabajadores cuenta con un empleo digno
en Bolivia, según estudios de expertos que apuestan por políticas que potencien
la clave de una ocupación de calidad que reduzca la pobreza y genere un mayor
desarrollo: la productividad.
El trabajo digno, según la Constitución, implica tener una
fuente de trabajo estable, sobre todo para generar ingresos continuos y
adecuados para el sustento familiar, con acceso a la protección social (sistema
de pensiones y seguros de salud, riesgos laborales y desempleo), seguridad para
la integridad física en el lugar de trabajo y libertad para crear sindicatos
para mejorar las condiciones laborales.
Especialistas subrayan que el ingreso percibido en este tipo de
empleo debe alcanzar para cubrir una canasta básica de satisfacción de consumo
de bienes y servicios, indicador esencial que permite definir si un hogar es
pobre o no. Información oficial da cuenta de que en 1999 el 64,7% de la
población tenía un ingreso del hogar per cápita menor al costo de esta canasta
básica, porcentaje que llegó a 43,3% en 2012.
“No hay un indicador exacto de empleos dignos. Sin embargo,
una forma de aproximarnos a ellos es a partir de la cobertura de algunas
variables. Por ejemplo, en 2013, según la Encuesta de Hogares del INE, las personas que declaran que cuentan al mismo tiempo con
seguro de salud, afiliación a las AFP y un trabajo estable representan menos del
10% de los trabajadores en Bolivia”, dijo Beatriz Muriel, investigadora de la
Fundación Inesad, una de las instituciones de investigación más destacadas de Bolivia y América Latina.
Bolivia tiene 10,02 millones de habitantes, de los cuales 7,8
millones están en edad de trabajar: 4,6 millones (59,4%) tienen empleo y 3,2
millones (40,6%) están calificados como población económicamente inactiva, de
acuerdo con el INE.
Hasta 2012, “solamente el 9% de los trabajadores contaba con
todos los beneficios” establecidos por ley, subrayó Manuel Urquidi, especialista
senior en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Según las encuestas que hicimos en 2011 y 2012 en La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, el 84% de la población ocupada no cuenta con
un empleo digno, y solo 6 de cada 100 jóvenes y 10 de cada 100 mujeres gozaba de
un trabajo de calidad. Estas cifras nos muestran la precariedad laboral en la
que vivimos hoy en el país”, afirmó Bruno Rojas, investigador de la Unidad de
Empleo y Derechos Laborales del CEDLA.
En noviembre de 2014, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social, que hasta el cierre de esta edición no respondió las consultas
sobre este tema realizadas por este medio, informó que entre 2006 y 2013 en el
país se crearon medio millón de nuevos empleos a través de políticas que
coadyuvaron a que Bolivia tenga el año pasado la tasa más baja de desempleo en
América Latina (3,5%).
“La mayoría de los asalariados tiene ingresos bajos y casi todos los no asalariados están en la informalidad”, sostuvo Urquidi.
“La dinámica económica de los últimos tiempos ha promovido en
buena medida las actividades y los empleos informales, mientras que aquellas
empresas formales, que son las candidatas a generar empleos de calidad, han
quedado rezagadas”, sostuvo a su vez la experta del Inesad, institución que
sostiene en base a datos oficiales a 2012 que el 39,3% de los trabajadores son
asalariados y el 60,3% son independientes o trabajadores por cuenta propia, es
decir, comerciantes, artesanos, obreros y choferes, entre otros.
Ocupación. “Los sectores más intensivos en
mano de obra coinciden con los trabajos más informales: agricultura, caza,
silvicultura y pesca; servicios sociales y comunales; y comercio”, subrayó
Urquidi.
Un informe del Inesad indica que el 42,5% de los pobres del
país se dedica a la agricultura, el 17,6% a comercio y restaurantes, el 9,7% a
manufacturas, el 8,9% a construcción, el 8,1% a servicios sociales y otros, el
6,6% a transporte y comunicaciones, el 2,7% a servicios financieros y
empresariales, el 2% a la administración pública, el 1,5% a hidrocarburos y
minería y el 0,5% a electricidad, gas y agua.
“La economía que tenemos en el país, de explotación y exportación de materias primas y el bajo desarrollo industrial impulsan el crecimiento de actividades muy básicas como el comercio, los servicios, el transporte y la construcción, donde se generan empleos precarios”, explicó Rojas.
Para Muriel, la falta de trabajo digno responde a los “muy
altos costos de formalización, burocráticos y tributarios, que contribuyen a que
muchas unidades productivas permanezcan en la informalidad; al aumento de los
costos laborales, que han limitado la contratación de trabajadores bajo esquemas
formales; y a las tímidas políticas públicas de apoyo efectivo al desarrollo
productivo, ya que los emprendimientos se quedan en un esquema de baja
productividad e informalidad, sin poder generar empleos de calidad”.
“Las políticas de Estado y de las empresas deberían apuntar a
la capacitación de los trabajadores y a la mejora tecnológica” más que a la
formalización de las unidades productivas, consideró Urquidi.
Datos del BID muestran que el nivel de capacidad para producir
de Bolivia es el más bajo de América, un problema que está asociado al acceso a
la tecnología, a la calidad del capital humano y a la informalidad, entre otros.
“Necesitamos un país con trabajadores más productivos. Si subimos la
productividad del trabajador boliviano al promedio regional, ese empleado
producirá el doble; si produce el doble, la empresa gana el doble y paga mejor a
sus empleados; y si la empresa gana el doble, duplica su pago de impuestos y el
país crece un tanto más”, aseveró Urquidi.// La Razón.com
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