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Las luchas independentistas en las colonias españolas en América, a principios del siglo XIX, supusieron la formación de nuevos Estados, definidos como una sociedad civil, jurídica y políticamente organizada. Sin embargo, pese a las características y discursos liberales que reivindicaban la igualdad civil y la libertad del individuo, la dinámica social y cultural de la época favoreció la consolidación de un sistemático amordazamiento que impedía la participación de grandes sectores de la población en la actividad política. Habría que esperar las reformas necesarias para que el sistema político se abriera a las grandes mayorías, avances que se fueron dando paulatinamente durante gran parte el siglo XX como resultado de la construcción de las democracias en varios países. Pese a los avances, el desafío de continuar el desmantelamiento de elementos coloniales que aún persisten entre los pueblos y naciones en Sudamérica no se debe soslayar.

131 años de exclusión. El contexto particular, centrado en el país, permite sostener que de los 189 años de independencia, la sociedad boliviana estuvo sometida por aproximadamente 131 (1825-1956) a regímenes excluyentes y discriminatorios que dejaban incapacitados a masivos sectores de la sociedad, capaces de generar vida política mediante el voto, aislándolos por razones de sexo, analfabetismo y patrimonio económico, convertidas en factores que imposibilitaban a una gran cantidad de ciudadanos el ser elegidos o elegir a quienes postulaban a los altos cargos públicos. Durante ese periodo, el sufragio era restringido (reservado a quienes cumplían determinadas condiciones) y censitario (exclusivo para propietarios de bienes), y el voto se concentraba en una reducida élite; en función de esas restricciones, los volúmenes de electorado eran ínfimos en relación a la población total del país. Hasta la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos eran elegidos desde una minoría proveniente de las elites políticas oligárquicas, de origen terrateniente y minera, a la cual se incorporaron figuras del mundo intelectual, alternándose entre constitucionales y de facto.

La Constitución de 1826 sostenía que el Presidente de la República debía ser nombrado por el Congreso Constituyente con carácter vitalicio, y que debía profesar la religión católica, además de protegerla y hacerla respetar. Esta última disposición se explica porque hasta ese momento prevalecía el creacionismo como la teoría del origen de la humanidad, que sería cuestionada por algunos teóricos algunas décadas más tarde. En el ámbito administrativo, los poderes del Estado eran cuatro: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero fue suprimido en la Carta Magna de 1831 y restituido en la Constitución Política del Estado en actual vigencia (2009). Las sucesivas modificaciones constitucionales incorporaron, entre otras medidas, el voto calificado, y en la Constitución de 1839 se estableció el voto directo con un elemento adicional, debía ser secreto. 

Cambio de la estructura. Sin lugar a dudas, la Revolución Nacional de abril de 1952 modificó la estructura económica, política y social en el país al haber consolidado la conquista de una serie de derechos y reivindicaciones, como el voto universal, mediante decreto supremo promulgado por el presidente Víctor Paz Estenssoro el 21 de julio de 1952, norma que fue reglamentada con el decreto electoral de 1956, ejecutado en las elecciones de ese mismo año, y finalmente constitucionalizada en 1961. 

Democracia en BoliviaEl voto universal significaba el levantamiento del veto a indígenas y mujeres, y la desaparición de todo tipo de limitación económica o de instrucción. La emergencia de los invisibilizados por la oligarquía republicana fue abrumadora en las elecciones de 1956 y se tradujo en un incremento de alrededor de ocho veces el electorado registrado en los comicios precedentes de 1951. Como resultado de esa reforma, el proceso electoral se amplió y, por primera vez en el país, hubo una elección presidencial por medio del voto universal cuyo vencedor fue Hernán Siles Zuazo, del partido oficialista MNR, gesta a partir de la cual han transcurrido 58 años. Aquella inclusión marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Bolivia. La redacción de la Constitución de 1961 estuvo exenta de los tintes conservadores y limitantes que caracterizaron a los anteriores textos y se afianzó al sufragio como la base del régimen democrático representativo, que se funda precisamente en el voto universal directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio. 

Después de un período de inestabilidad institucional y política entre 1964 y 1982, Bolivia se reencauzó en la democracia, hecho que suscitó expectativas y renovó el optimismo en un futuro mejor. Sin embargo, esa conquista se vio empañada por una constante inflación monetaria, un creciente desempleo y escandalosos hechos de corrupción de toda índole, agravados por la alternancia en el gobierno de los partidos políticos que se atribuían el derecho de ejercer el poder (ADN, MNR, MIR y otros) y sólo lograron echar por tierra las expectativas de la población.

El replanteamiento. El fin de la crisis desatada en 2003 bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada marcó para el país la hora de replantear una mayor participación ciudadana en las decisiones sobre temas relevantes. Coherentes con ese propósito, los posteriores gobiernos ampliaron la participación ciudadana mediante una serie de reformas, entre ellas: el establecimiento del Referéndum con carácter vinculante; la elección de gobernadores (anteriormente prefectos) y la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, decisiones que fueron asumidas con respaldo del voto popular. 

Por todo lo expuesto, es posible sostener que Bolivia continúa transitando los procesos de construcción democrática hacia una profundización que la haga más participativa y encontrando coincidencias y divergencias, como exige el perfeccionamiento de toda iniciativa. Con ese renovado espíritu democrático, el 12 de octubre, los aproximadamente cinco millones de electores habilitados manifestaremos nuestro deseo de apuntalar el pacto político y garantizar el orden constitucional, sin perder de vista que aunque el voto no es el único elemento de la democracia, sí es el más participativo y quizás el más esperado.// La Prensa (BO)

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