El portavoz de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, sumó hoy una nueva denuncia contra Álvaro García Linera. Reveló que la actual jefa de Gabinete de la Vicepresidencia, Mariana Prado Noya, fue presidenta del directorio de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) entre 2010 y 2012.
El político recordó además que Winston Fabián Casso, jefe de Seguridad de la Vicepresidencia, es hermano del actual gerente de BoA, Ronald Casso.
“Cómo es posible que el Vicepresidente no sepa que su jefa de Gabinete haya venido ejerciendo de presidenta de BoA desde 2010, entendemos que hasta fines de 2012. Allí meramos que la construcción de las empresas del Estado no se ha hecho para beneficiar al pueblo, sino para hacer este tipo de nexos. Su jefa de Gabinete, presidenta de BoA y su jefe de Seguridad, hermano del gerente de BoA”, señaló Murillo.
Como prueba de su denuncia, el opositor presentó una fotocopia de la Resolución Suprema que designa a Prado como la presidenta de BoA, y una captura de la página web de la Vicepresidencia en la que consta que la señalada figura como jefa de Gabinete.
El mismo representante de UN denunció que la empresa de la cuñada de García Linera, Air Catering, tenía un contrato por servicio de refrigerio con BoA.
"Pérdida de tiempo"
El presidente del Senado, Eugenio Rojas, aseguró que no se investigarán las denuncias de contra el Vicepresidente, debido a que sería una “pérdida de tiempo".
“Qué se va a investigar, es perder tiempo. Es una persona normal que denuncia cosas No damos importancia. Para qué nos vamos a preocupar de esa gente”, agregó.
Denuncia al Ministerio Público
Murillo informó que la denuncia formal que había presentado al Ministerio Público contra García Linera fue rechazada por la Fiscalía de Cochabamba.
Ahora trabaja en dividir su acción judicial. Iniciará un proceso a Casso en la ante la misma instancia, mientras que para el Vicepresidente presentará una proposición acusatoria ante el Fiscal General.// Erbol (BO)
Air Catering aún presta servicios a la estatal BOA y prepara la defensa de su contrato
El contrato entre la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y Air Catering, del que es socia la cuñada del Vicepresidente, aún no ha sido rescindido, por lo que la empresa continúa ofreciendo el servicio de alimentación a los pasajeros de la operadora aérea.
La información la dio a conocer al matutino El Deber el abogado de la empresa Air Catering, Luis Butikoffer Requena, quien dijo que la empresa sigue dando el servicio a la aerolínea estatal y que lo seguirá haciendo mientras no haya un proceso legal que diga lo contrario.
Según el jurista, hasta el viernes la empresa no había recibido ninguna notificación de BoA para cortar el servicio y tampoco existe ningún obstáculo legal para que continúe trabajando, porque se ha cumplido con todos los pasos que están normados por el decreto supremo 181 sobre contrataciones directas de bienes y servicios del Estado y porque de las 10 causales de rescisión, ninguna se refiere al hecho de que ser “cuñada” del Vicepresidente es un impedimento.
El artículo 43, inciso f, del decreto 181 señala como causales de rescisión: “Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o parentesco con la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establece el Código de Familia”. Las otras causales se refieren a deudas pendientes con el Estado y sentencias ejecutoriadas.
Amparado en dicho inciso el abogado explica que como la MAE es BoA y no la Vicepresidencia de la República, no existe ninguna vulneración de la norma. “Otra cosa fuese si estuviera prestando servicio a la Vicepresidencia, porque ahí habría una relación directa”, argumenta.
Air Catering es una empresa de responsabilidad limitada que nació en febrero de 2013 con el propósito específico de dar servicio de catering a aviones, está formada por Silvana del Castillo (cuñada de García Linera) y Olga Osorio. Ese mismo año firmó su primer contrato con la aerolínea privada EcoJet y en enero de 2014 entró en vigencia el contrato que firmó con la estatal BoA por 18 millones de bolivianos y que fenece en diciembre de este año
“Cuando se rompe un contrato sin una causal que esté estipulada, necesariamente se tiene que reconocer los perjuicios y daños. Yo creo que el costo sería muy grande y fuerte para el Estado”, advierte el jurista.// Oxígeno (BO)
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