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En los últimos diez años y mediante innovadoras reformas en sus sistemas de pensiones, América Latina amplió la cobertura previsional a 11 millones de personas mayores de 65 años que previamente estaban excluidas. En Bolivia el sistema contributivo de pensiones ha tenido un buen desempeño, se logró ampliar la cobertura (aunque muy lentamente en el caso de los trabajadores independientes), y acumular recursos en los fondos de capitalización individual, dice el informe “Más allá de las pensiones contributivas: catorce experiencias en América Latina”, recientemente difundido por el Banco Mundial.

El documento plantea que las reformas a los sistemas previsionales adoptadas por 14 países latinoamericanos en la última década ayudaron a reducir la proporción de la población sin cobertura de más de 65 años de edad en casi un 33%, un cambio que representa el mayor aumento de la cobertura en décadas.

Durante las décadas del 80 y 90, la mayoría de los sistemas de pensiones de América Latina fueron objeto de reformas destinadas a mejorar su sustentabilidad financiera, aunque desde hace algunos años los esfuerzos han estado dirigidos a lograr una mayor inclusión, a partir de programas tales como la expansión de las pensiones no contributivas o la flexibilización de los requisitos de acceso a los sistemas tradicionales de pensiones contributivas.

Situación de los mayores en Bolivia
Una mirada a las fuentes de ingreso de los mayores de 60 años en Bolivia, de acuerdo a la
Encuesta de Hogares, ofrece un panorama de las dificultades que enfrenta ese grupo para sobrevivir de manera independiente.

Sistema de pensiones en BoliviaPersonas de la tercera edad | Imagen de archivo

De los 870 mil mayores de 60 que detectó la encuesta, menos del 16% contaba con ingresos de jubilación, con un promedio de poco más de 300 dólares al mes. Las pensiones de invalidez, de guerra y de viudez apenas alcanzaban al 0,5% de las personas mayores. Un porcentaje extremadamente bajo recibe ingresos por dividendos o utilidades, o por intereses, lo que denota la fragilidad del sistema económico para permitir la participación de las personas en la formación de capital productivo. Sí tienen alguna relevancia las remesas del exterior, que son recibidas por el 7% de los mayores de 60 años y los alquileres, que alcanzan al 5,1%. Estos últimos datos muestran que la propiedad de bienes inmuebles es mucho más utilizada como estrategia de protección en la vejez que la inversión en actividades económicas o en capitales monetarios. En este contexto, resalta también la extraordinaria importancia que posee la Renta
Dignidad, que es fuente de ingresos para más del 90% de los mayores de 60 años.

Estos datos muestran con bastante claridad que la necesidad de establecer sistemas eficaces de protección de los adultos mayores, y de mejorar los existentes, ha venido creciendo y exige perfeccionar la normativa y adecuar los mecanismos de financiamiento a las nuevas condiciones de la economía y de la estructura del empleo.

En este contexto, la pensión no contributiva denominada Renta Universal de la Vejez, o Renta Dignidad está institucionalizada en la nueva Constitución Política, cuyo artículo 67 señala: “Todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El Estado proveerá de una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley”.

Bajo esta modalidad, la pensión no contributiva es financiada mediante el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), con recursos provenientes del impuesto a hidrocar-buros (30% del total) y dividendos de las empresas públicas capitalizadas. En 2011 el valor total de ingresos del FRUV fue de US$ 382,7 millones, equivalente al 1,6% del PIB nacional.

Como parte de las modificaciones a la pensión no contributiva Renta Dignidad, el gobierno bajó la edad de elegibilidad a los 60 años, aumentando así la cobertura por más del 50% sobre la población beneficiaria con los términos de elegibilidad establecidos para el Bonosol.

La transferencia promedio aumentó a aproximadamente US$ 300 anuales, diferenciado por la tenencia o no de pensión de jubilación. Los beneficiarios de la Renta Dignidad deben estar registrados en la base de datos de beneficiarios del programa, la cual fue conformada a partir de la base de datos de beneficiarios del Bonosol e información proporcionada por el Órgano Electoral, que tiene a cargo el registro civil y el Servicio General de Identificación.

La base utiliza un número único de beneficiario y a partir de 2009 se introduce un sistema de identificación biométrico en base a las huellas digitales de beneficiarios, con el propósito de reducir cobros indebidos y fallas de identidad. Sin embargo, con el súbito aumento en el número de beneficiarios y en la cantidad de transacciones, aumentaron los riesgos de fraude y algunos casos fueron detectados y denunciados, señala el informe.

Hacia una prosperidad compartida
“No existe una receta única para proteger a los adultos mayores excluidos del sistema tradicional de jubilación. Cada país parte de niveles de cobertura y limitaciones fiscales diferentes y se enfrenta a desafíos y características que requieren de políticas flexibles”, aseguró Rafael Rofman, especialista líder en protección social del Banco Mundial para América Latina y coautor del estudio. “No obstante, lo que sí se puede afirmar es que a pesar de estas diferencias, todos los países de la región están en un camino de inclusión”, agregó.

Actualmente, los países de la región llevan a cabo diferentes estrategias para alcanzar este objetivo, que podrían clasificarse en tres grupos:
• Beneficios para todos: Países como Bolivia y Trinidad y Tobago, que otorgaron una pensión a la totalidad de sus adultos mayores, independientemente de su vinculación previa con el mercado de trabajo, que no les podrá ser quitada.
• Inclusión de excluidos: Los nuevos programas de inclusión en Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Uruguay apuntan a cerrar la brecha en la cobertura, otorgando una pensión a aquellos que carecían de una en el pasado.
• Focalización en los vulnerables: Países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú otorgan pensiones sociales como parte de sus mecanismos de reducción de la pobreza y asistencia social, focalizándose en la población más vulnerable a través de un modelo que emula el enfoque para la pobreza entre las familias con niños pequeños.// PIEB (BO)


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