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Un puntaje de 53 sobre 100 para la gobernanza de los recursos naturales (hidrocarburos) en el país indica que existe un entorno legal e institucional satisfactorio, aunque otros aspectos como la transparencia en la información o la rendición de cuentas sean más débiles, dice un informe mundial firmado por Revenue Watch Institute.

“YPFB es totalmente propiedad del gobierno –dice el informe-- y tiene el monopolio de los recursos petrolíferos de Bolivia. La compañía produce informes trimestrales con información sobre la producción, comercialización, fijación de precios, las regalías y los impuestos, pero la información sobre las reservas no se ha actualizado desde 2009. Las auditorías externas se llevan a cabo cada año, pero no se publican”.

El “Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales 2013 – Una evaluación de la transparencia y rendición de cuentas en los sectores petrolero, gasífero y minero” fue elaborado por Revenue Watch Institute a partir de la observación de 58 países del mundo, los cuales producen el 85% del petróleo, el 90% de los diamantes y el 80% del cobre.

La calificación y clasificación se realizó sobre la base de un cuestionario (de 173 preguntas) que fue contestado por investigadores con experiencia en industrias extractivas. El Índice evalúa cuatro componentes de gobernanza: el entorno legal e institucional; las prácticas de acceso a la información; las salvaguardas y control de calidad; y las condiciones generales de gobernabilidad.

Medio ambiente en BoliviaLos resultados muestran que solo 11 países tienen niveles satisfactorios de transparencia y rendición de cuentas, “en los demás países, el público carece de información fundamental sobre el manejo de petróleo, gas y minerales”. Bolivia está en esta segunda categoría, aunque no es de sorprender porque el déficit de rendición de cuentas es mayor mientras un país más dependa de esos recursos naturales.

Bolivia tiene 53 sobre un puntaje total de 100 en el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales, específicamente referidos a los hidrocarburos. En cuanto al entorno legal e institucional consigue un puntaje de 80 (satisfactorio) porque en el país, “por ley, se deben realizar evaluaciones de impacto ambiental y social, pero los resultados no se publican”. La ley boliviana establece que las instituciones de gobierno, incluido YPFB, permiten el libre acceso a la información y que la legislación pertinente está disponible en los sitios web oficiales.

En el ítem de las prácticas de acceso a la información, Bolivia llega a 47 (débil), lo que significa que “YPFB ofrece alguna información sobre sus acuerdos con las empresas extractivas, pero no publica los contratos mismos”. El Ministerio de Economía y Finanzas publica información sobre las regalías y los impuestos, el Ministerio de Hidrocarburos publica datos de volúmenes de producción, precios y alguna información sobre derechos de autor, mientras que el Banco Central proporciona información sobre los precios del petróleo, el valor de las exportaciones y los ingresos fiscales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos sólo proporciona información sobre la industria del gas (refinado, venta y distribución).

El aspecto de las salvaguardas y control de calidad merecen un 63 (parcial), lo que implica “controles suficientes sobre el proceso de concesión de licencias y presupuestaria y los mecanismos de auditoría ineficaces, aunque la puntuación se mejora por las políticas destinadas a reducir los conflictos de intereses entre los funcionarios públicos y funcionarios de YPFB”.

Por último las condiciones generales de gobernabilidad llegan a 32 (deficiente) que indica una calificación especialmente baja para la transparencia presupuestaria y el estado de derecho.

El informe mundial y específico sobre Bolivia en: http://www.revenuewatch.org // PIEB


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