Un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) detectó que la jornada laboral (cantidad de horas de trabajo) de los empleados y empleadas domésticas supera con creces a los de la población en general, son “largos e impredecibles”. Los estudios nacionales a nivel mundial muestran que en promedio trabajan entre 60 y 66 horas semanales, cuando la mayoría de países legislan entre 40 a 48 horas.
“Los trabajadores domésticos trabajan tras las puertas cerradas de los hogares, escapando a las miradas exteriores, por lo que han permanecido largo tiempo fuera del alcance de los instrumentos de política tradicionales”, dice el resumen del estudio publicado por la OIT. Sobre la base de estadísticas oficiales de 117 países y territorios, el organismo estima que existen 52,6 millones de trabajadores domésticos en el mundo. Lo que hace pensar que esta fuerza de trabajo ha aumentado en más de 19 millones de personas desde 1995.
Las estadísticas muestran, a 2010 y con arreglo a legislaciones nacionales, que para el 56,6% de las trabajadoras domésticas en el mundo (29,7 millones de personas) “no hay límite de horas de trabajo semanales”, mientras que un 39,7% (20,9 millones) sí tiene un límite de horas de trabajo semanales pero “superior al de los demás trabajadores”.
Por otra parte 25,7 millones de trabajadores del hogar (49%) tienen derecho a un descanso semanal igual o más favorable en comparación a trabajadores de otros rubros, pero para 23,6 millones de empleados domésticos (44,9%) “no hay derecho a descanso semanal”.
En resumen el estudio dice que “para más de la mitad de la totalidad de los trabajadores domésticos, la legislación nacional no prevé un límite de horas de trabajo semanales y para alrededor del 45 por ciento no prevé el derecho a periodos de descanso semanales”.
En Bolivia, en el marco del seminario Mundos del Trabajo realizado en diciembre pasado, la investigadora Elizabeth Peredo expuso sus reflexiones acerca de las trabajadoras domésticas en Bolivia y el Convenio 189 de la OIT, planteando que hacia finales de los 90 y principios de 2000, las trabajadoras asalariadas lograron articular sus reivindicaciones, mejorar la normativa laboral y colocar en el debate político público las relaciones de género en la familia y el carácter político del ámbito privado.
La propia intervención de las trabajadoras del hogar en la discusión del Convenio 189 de la OIT muestra un importante avance de su conciencia política cuando ellas, en Ginebra, cuestionaron ese cuerpo legal que incorporaba el pago en especie porque consideraban que “eso sería reforzar patrones de servidumbre”.
Y ciertamente el más reciente informe de la OIT, que acaba de ser publicado, admite que los pagos parciales en especie (en alojamiento y en alimentos) del salario mínimo “son habituales, sobre todo en aquellos casos en que los trabajadores tienen que vivir en las instalaciones de su empleador”.
La paradoja después de transcurrido el tiempo y concretado logros, dijo Peredo en entrevista con el Periódico Digital del PIEB, es que la normativa conseguida no se aplica ni se concreta en políticas públicas, tampoco se logra generar circuitos de fortalecimiento de los actores sociales al aplicarse esas leyes.
“El tema es que la institucionalidad boliviana se ha llenado de leyes, lo que en realidad necesitamos ahora es un sistema de aplicación, de vigilancia, un tema donde esos derechos se puedan cumplir”, explicó Elizabeth Peredo.// PIEB
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