De enero a abril del 2011 se produjeron al menos 34 feminicidios (muerte violenta de las mujeres) en todo el país. El 30% de las víctimas fue violada y luego asesinada, según la base de datos elaborada por el Observatorio Manuela del Cidem.
El feminicidio es la muerte violenta de mujeres, niñas y adolescentes motivada por desprecio, discriminación y odio hacia las mujeres. Por lo general es cometido por las parejas, ex parejas y familiares cercanos de la víctima.
Según los datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, Cidem, del total de feminicidios (34): 30% de las víctimas fue violada y luego asesinada; 20% resultó muerta producto de discusiones; 12% por celos; 9% por negarse a seguir con la relación de pareja; 3% por venganza; 3% por infidelidad, 3% porque al agresor se le exigió el pago del servicio sexual (en el caso de mujeres en situación de prostitución) y el 20% aún está en investigación.
En el primer cuatrimestre, 52 mujeres murieron asesinadas. De ese número, 34 fueron tipificados como feminicidios y 18 son asesinatos por inseguridad ciudadana. El Cidem emitió los datos a propósito del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra el 28 de mayo.
Según el reporte sobre los 34 crímenes, 50% son conyugales, 30% por abuso sexual, 12% feminicidio infantil, 6% violencia familiar. La coordinadora de proyectos del Cidem, Patricia Bráñez, indicó que el número de víctimas de enero a abril es mayor con relación al año pasado. Durante todo el 2010 se contabilizaron 89 víctimas de feminicidio. “Las muertes pueden ser más, porque muchos no son denunciadas a la Policía ni informadas por la prensa”, dijo.
Se calcula que ocho de cada 10 mujeres sufren violencia en el país, pero sólo el 20% lo denuncia. La coordinadora señaló que la actual Ley N° 1674 Contra la Violencia a la Familia o Doméstica no sanciona duramente a los agresores ni reduce la violencia contra las mujeres, por ello se pide que se reforme la norma.
“Exigimos al Gobierno que se modifique el Código Penal, se incorpore el feminicidio como delito con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, agravar las sanciones por lesiones leves, graves y gravísimas”, manifestó Bráñez.
María Quiroz, juez segunda de Instrucción en la Familia, añadió que “las sanciones que establece la norma no escarmientan a nadie y a veces es causa de reincidencia”. En el juzgado, cada día se presentan seis casos de violencia.
Proponen indagar por qué hay impunidad
La asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo propone conformar una comisión en la Cámara de Diputados que investigue por qué la mayoría de los casos de mujeres asesinadas permanecen en la impunidad.
“Insisto en la conformación de esta comisión que le informe al país dónde están los problemas para que el asesinato de tantas mujeres quede en la impunidad, lo que provoca que la investigación de las familias se convierta en un peregrinaje”, dijo Revollo en la presentación de los datos de los feminicidios.
La diputada señaló que antes de endurecer las sanciones contra los agresores lo que le interesa es establecer las causas de por qué los procesos legales resultan impunes a fin de que se establezcan artículos específicos para que “las víctimas reciban justicia, los procesos legales sean más rápidos para enjuiciar a los autores y no sólo se endurezcan las penas”.
“No me interesa que se modifique el Código Penal y se sancione el delito de asesinato contra las mujeres con 30 años de cárcel si el 80% de los casos se quedan en la impunidad”. Revollo añadió que los culpables de los asesinatos de las mujeres deben ser sancionados socialmente.
La violencia no se asume como problema
Aunque tienen constituciones de avanzada, en Bolivia, Perú y Ecuador la violencia de género aún no es asumida como un problema que afecta a la democracia. Esa es una de las conclusiones a las que llegaron representantes de esos países, que compartieron experiencias sobre esta problemática.
Prestadores de servicios de defensorías, servicios legales integrales y otros operadores de los tres países andinos se reunieron en La Paz para analizar cómo se trata el tema de la violencia de género y los derechos sexuales reproductivos en cada uno de sus países.
Javier García, representante de la Organización No Gubernamental (ONG) Solidaridad Internacional, parte del equipo que organizó un taller, dijo que las exposiciones permiten afirmar que los tres países enfrentan dificultades similares para resolver de manera integral el problema de violencia de género.
En el ámbito normativo, señaló que “la información recogida denota que existen constituciones muy progresistas, pero que no se traducen en leyes que coadyuven a una defensa real de los derechos de las mujeres víctimas de violencia”.
Añadió que otra de las grandes dificultades que se identificó es que aún no se termina de concretar el compromiso de los gobiernos de incluir en las currículas educativas la temática de los derechos sexuales reproductivos. En materia de acceso a la justicia, coincidieron en que existen barreras socioculturales que dificultan el acceso a la justicia o que los administradores no siempre aplican sentencias que sean favorables a las mujeres víctimas de violencia.
Según García, los resultados del evento permitirán a la ONG y a las organizaciones de mujeres con las que trabajan impulsar estrategias dirigidas a que la gente reconozca que la violencia es un problema social y no personal y que por ello es necesario reforzar los servicios públicos.
La Razón
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