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En la cárcel de San Pedro, en La Paz, rige la ley del Talión.

“Ojo por ojo y diente por diente. Aunque seas inocente te harán pagar lo mismo por lo que te acusan. Me lo dejaron claro cuando llegué. ‘¡Violador, mata niños, ahora vas a ver lo que te va a pasar!’, me gritaban cada vez que pasaba en medio de los internos”, dice Jhiery Fernández, principal acusado de la vejación del niño Alexander, y repite sin descanso: “Al pequeño no lo toqué, ni siquiera lo he visto”.

Habla desde su celda, en el sector La Posta del penal, un espacio pequeño abarrotado de cajones, que también funciona como consultorio médico. Hay una silla de plástico, una mesa que hace de escritorio y una camilla vetusta forrada de cuero negro en la que atiende alrededor de 25 internos cada día. Fernández ha cambiado su mandil blanco por camiseta y pantalones deportivos.la cruda realidad

“Vas a ver lo que te va a pasar”

Esta no fue su primera celda. Tras su audiencia cautelar, la noche del 17 de diciembre de 2014 Fernández llegó a La Grulla, el sector reservado a los reos peligrosos: feminicidas, violadores, asesinos. Un pasillo oscuro y mal oliente. Allí, unos cuantos cartones tendidos sobre una cloaca cubierta por una rejilla hacían de cama. De ahí salían olores indescriptibles y bichos que se metían en su comida, en su ropa, en todas partes. “En esas condiciones viví seis meses”, cuenta.

Como todo recién llegado considerado peligroso, Jhiery fue puesto “a la sombra” tres meses; no podía salir del encierro más que para ir al baño, una vez cada 24 horas. Siempre por la noche. Pero como los guardias “se olvidaban”, sólo iba al baño cada dos o tres días. “No me bañaba, no tenía ropa limpia. Las pocas veces que iba a la ducha o al baño, los internos me empujaban, me insultaban, me amenazaban”, relata el médico sacudiendo la cabeza… “Para qué recordar”.

Enterados de que el nuevo habitante de La Grulla era médico, a la reja se acercaban otros reos para que los ayudara con sus dolencias. Así se ganó la confianza de la población carcelaria. En seis meses, los eventuales pacientes pidieron su traslado a La Posta para que Fernández fuese el médico del centro penitenciario.

Un angelito

— “Cuando lo enterraron, venía gente a dejarle flores y globitos. Después, poco a poco se han perdido. La gente se olvida”.

Una de las obreras del Cementerio Jardín señala la tumba del bebé Alexander. Dentro de un mausoleo frío, una lápida de mármol consigna su nombre.

—“Pobre angelito”.

Alexander nació de una pareja de alcohólicos y no era hijo único. En julio de 2015, sus padres fueron aprehendidos, no por el abandono del pequeño sino por una denuncia de 2013, cuando dejaron a su hija –una bebé de tres meses- en un basurero de la zona de Chijini. Los vecinos vieron lo ocurrido, rescataron a la niña y la entregaron a la Defensoría de la Niñez que la remitió al mismo hogar al que meses después llegaría su hermano menor.

Alexander llegó al albergue dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz cuatro meses antes de morir. Presentaba varios problemas de salud relacionados al maltrato y abandono: desnutrición, baja talla, problemas gástricos y dérmicos, además de intolerancia a la lactosa.

La mañana del 13 de noviembre de 2014, Alexander, de ocho meses, fue evacuado del Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz, sin signos vitales. Lo trasladaron desde Obrajes, en la zona Sur, hasta el Hospital del Niño, en Miraflores, donde le practicaron la primera reanimación tras un paro cardiaco.

Por falta de espacio en la Unidad de Terapia Intensiva, el pequeño fue derivado al hospital Juan XXIII de Munaypata, donde los médicos alertaron sobre signos evidentes de maltrato, sangrado y lesiones en la región anal. Luego de sufrir tres paros y debido a una falla multiorgánica, Alexander falleció a las 18:30 de ese mismo día.

El primer informe forense, realizado en el Juan XXIII, estableció que la hemorragia fue consecuencia de una posible “penetración antinatural”: una violación. Teoría que fue puesta en duda por los peritos que realizaron la necropsia.

Hubo una docena de detenciones: médicos, enfermeras y auxiliares de turno del albergue y de los dos hospitales en los que fue atendido. Aunque seis fueron los sentenciados, solo tres llegaron a la etapa final del juicio oral. Los otros tres se declararon culpables en 2015 para someterse a un juicio abreviado. Entre ellos, el médico del Hospital del Niño, José L. Delgadillo, la enfermera pasante, Natty Choquetarqui, y la niñera del hogar que acogía a Alexander, Madelene Pahe.

Con el bebé en brazos

“Aquella mañana, a eso de las 6:00, estaba con una bebé post operada de su ojito. De repente, a la sala entró Madelene (la “mamita” o niñera) y me dijo que Alexander estaba mal. Me pidió que vaya a verlo, pero no estaba desesperada o alarmada. No mostraba algún signo de que algo grave estuviera pasando. Insistí ‘¿mal?, ¿cómo?’ y ella sólo dijo: ‘raro’. Entonces le pedí que lo trajera a la enfermería”.

Lola Rodríguez, exenfermera del Hogar Virgen de Fátima, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de encubrimiento de la presunta violación. Morena, de baja estatura, tiene 42 años. Estuvo casada pero luego de la acusación, su matrimonio se vino abajo y no le quedó más compañía que la de sus hijos.

En tres años de juicio, su defensa ha dependido de al menos 15 abogados públicos asignados por el Ministerio de Justicia. Ninguno asistió a más de una audiencia, ninguno presentó testigos o accedió al cuaderno de investigaciones. Ninguno pudo defenderla.

“Los cambiaban tanto que ni siquiera conocían mi caso. Yo no tenía plata para contratar un abogado particular ni tampoco conocía el procedimiento que debía seguir para defenderme yo misma. No logré presentar testigos ni pruebas”, reniega Lola y dice que sus testimonios fueron puestos en duda y tergiversados.

Aquella mañana, cuando Madelene llevó al bebé a la enfermería, Lola notó que estaba mojado en la cabeza y parte el cuello. Supuso que la “mamita” había dejado caer al niño porque estaba pálido. Quiso saber. La niñera lo negó. “A Madelene le dije: ‘júrame que no lo has hecho caer’, pero ella seguía diciendo que no. Repetía que lo único que había hecho fue darle la leche. Le di mi teléfono para que marque el número del médico, pero cuando la llamada entró, se cortó. El doctor Fernández no vio al niño en ningún momento. Tal vez ni lo conoce más que por las fotos”.

Al notar el estado crítico del bebé, sin cambiarle de ropa, Lola lo alzó en brazos y salió en busca de ayuda. En la calle paró una ambulancia y llegó al Hospital del Niño alrededor de las 06:40. Ingresó a Emergencias. Lo primero que hizo quien la recibió fue palpar el cuello del pequeño.

— “Está muerto, me dijeron. Y me pidieron que lo lleve al cubículo de reanimación”.

Sólo allí se dio en cuenta que el bebé estaba completamente mojado. Supuso que sus esfínteres se habían relajado y decidió sacarle la ropa. “Podía haber orina y deposición, por eso le saqué todo, incluyendo su chiripa (pañal de tela), para que el doctor pueda trabajar. Yo no he visto ningún tipo de sangrado, sólo estaba escaldado. Puse el pañal que él había usado toda la noche como almohadita para que se apoye”.

Lola asegura que no había sangrado; lo que en primera instancia fue corroborado en la planilla de ingreso de Alexander al Hospital del Niño. Ahí la enfermera Natty Choquetarqui anotó que al bebé se le tomó la temperatura por vía anal. ¿Cómo se pudo usar un termómetro rectal sin notar una agresión sexual? En el mismo registro, firmado por el médico José L. Delgadillo, no se consignan signos de violencia.

Después de las primeras detenciones y contradicciones, el director del Hospital del Niño, Joseph Henao, admitió que hubo errores en el registro, que los datos no correspondían al pequeño Alexander sino a otro paciente que había ingresado minutos antes, que la enfermera auxiliar (pasante) había llenado mal los datos: "Es un documento no oficial, estudiantil, en el que hay errores”.

Meses después, la enfermera Natty Choquetarqui se declaró culpable para someterse a un juicio abreviado. Cambió su versión y declaró que había visto restos de sangre en un pañal desechable. Rodríguez asegura que el pañal con el que el niño llegó era de tela.

Lola aprieta los puños y los golpea contra sus rodillas. Recuerda el día que fue aprehendida. Ni siquiera escucharon su versión durante el juicio; cada vez que hablaba, los otros murmuraban o dormían, dice. “Sentí rabia y sigo sintiendo. Me di cuenta que todo estaba acordado. Al escuchar la sentencia no sabía qué hacer y les grité que todo saldría a la luz, que nos volveríamos a ver y entonces las cosas serían diferentes”.

Al terminar el proceso, Lola se acercó al doctor Fernández. Lloró, intentó disculparse. “Si yo no hubiese sacado al bebé sin que lo vea, tal vez nada de esto hubiera pasado, tal vez él estaría libre”.

Asustada y misteriosa, Madelene

A las 6:30 del 13 de noviembre de 2014, el doctor Jhiery Fernández se encontraba a dos cuadras del hogar Virgen de Fátima, en el Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI), que forma parte del complejo de atención médica y social de la gobernación y donde pernocta el personal médico. Una llamada ingresó a su teléfono y quedó registrada en un extracto que el Colegio Médico de La Paz presenta como una de las pruebas para la apelación de la sentencia.

“Cuando mi celular sonó estaba terminando de curar a una niña. Contesté. Era Lola, pero la llamada se colgó. Intenté comunicarme pero nadie contestaba. Le dije a la enfermera que parecía que algo había pasado y que iría al hogar”. Inquieto corrió las dos cuadras que lo separaban del hogar Virgen de Fátima pero al llegar no halló a nadie. “Ya se habían llevado a Alexander sin que yo lo viera”, lamenta. Fue a la enfermería y al encontrarla vacía se quedó en el patio esperando que alguien saliera de alguna sala, pues son muchas.

“Luego entró otra llamada. Era Lola para decirme que se habían llevado al niño. Le reclamé por qué lo sacaron sin que yo lo viera y me dijo que estaba muy grave. En el hogar no tenemos instrumentos para atender este tipo de emergencias y el protocolo establece que en caso de seriedad, debe trasladarse al menor a un centro médico lo antes posible”, dice Jhiery y repite: “En ningún momento estuve ahí como afirma la fiscalía”.

Según la hipótesis del Ministerio Público, esa mañana el bebé Alexander despertó llorando minutos después de las 05:30. También despertó la “mamita” Madelene Pahe y fue en busca de mamilas y un bañador para recoger los pañales de los bebés. Se presume que tardó unos 30 minutos en esa tarea, tiempo en el que el médico Fernández –según la parte querellante– habría ingresado al recinto para abusar del pequeño.

Al principio del proceso esta hipótesis fue rechazada por la propia niñera, quien con lágrimas en los ojos señaló que el bebé no presentaba ningún tipo de sangrado. Sin embargo, meses después Pahe cambió su versión para someterse al juicio abreviado.

Madelene era menor de edad. Por eso fue remitida al Centro para Adolescentes en Conflicto con la Ley, Calahuma, en Viacha. “En algún momento dijeron que había tranzado su libertad para inculpar al médico pero no creo que haya sido así. Estaba desesperada, muy asustada, solo rogaba que la sacaran del reclusorio de una vez. Creo que la estaba pasando mal, quien sabe qué le hicieron”, cuenta una antigua compañera de la niñera, que pide mantener su identidad en reserva.

Durante los años que demoró el juicio, la prensa no registró declaraciones directas de Pahe. Pocas personas tuvieroncontacto con ella después de que fue detenida. “La última vez que la vi fue en las celdas judiciales. Ella tampoco parecía saber qué estaba pasando ni donde se produjeron las lesiones o el sangrado. Me preguntaba de forma insistente si yo había logrado averiguar más porque pensaba que había visto algo en el Hospital del Niño” cuenta Lola Rodríguez, que conocía poco a la niñera, “los atendía bien”, relata, “lo único raro era que nosotros, para tener un ítem, debíamos pasar de contrato en contrato mientras que ella entró directo”.

La participación de Madelene Pahe fue cuestionada durante la investigación por ser menor de edad cuando trabajaba como niñera, aunque la Gobernación aseguró que tenía formación para el cuidado de niños. Nunca fue demostrado. “Desde la Asamblea solicitamos los documentos que avalen las condiciones en las que la “mamita” fue contratada pero nunca nos presentaron. Quisimos hablar con ella, fuimos al Centro de Calahuma pero no nos dejaron. Solo la vimos de lejos”, relata la asambleísta departamental Vilma Magne (Sol.Bo), integrante de la comisión creada para investigar el caso.

En marzo de 2015, el periodista Carlos Quisbert (El Diario) intentó entrevistar a la niñera en Calahuma, pero a pocos minutos de ingresar fue aprehendido, acusado de intento de obstaculización de la justicia. Al ser remitido a la cárcel de San Pedro denunció la presencia del fiscal Edwin Blanco en el recinto penitenciario donde iba a hablar con la imputada.

El proceso contra Madelene Pahe se inició por los delitos de infanticidio y encubrimiento. Después de que se sometiera a juicio abreviado, fue declarada culpable de homicidio culposo y sentenciada a cinco años de privación de libertad. Por ser menor de edad, la pena le fue reducida a un tercio.

La suya fue la primera condena por la muerte del pequeño Alexander y su testimonio, uno de los puntales para la sentencia de Fernández. Pahe declaró que había visto signos de sangrado en el bebé por lo que decidió bañarlo, retrasando así el auxilio médico.

Dudas irresueltas en un “juicio de cabeza”

Después de casi cuatro años, varias dudas se mantienen. Según el abogado Cristian Alanes, defensor de Fernández, el proceso se inició con la pericia de la doctora Ángela Mora quien fue enviada al Hospital Juan XXIII (donde falleció el bebé) para tomar un hisopado que, en cadena de custodia, debía ser remitido al IDIF. “En lugar de eso, sin ninguna orden, hace una valoración forense y llega a determinar que ‘no se descarta’ una agresión sexual”.

El jurista sostiene que la sentencia al médico se sustenta en dos indicios que, en su opinión, no pueden ser considerados como pruebas. El primero es que, según el Tribunal de Sentencia, el único varón presente el 13 de noviembre de 2014 en el Hogar Virgen de Fátima era Fernández. El segundo, que el hisopado en el recto del bebé evidenció la presencia del Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés). El PSA es una proteína sin núcleo que no puede usarse para determinar ADN. Si bien sólo es producido por un hombre adulto, únicamente las evidencias genéticas pueden establecer si hubo agresión sexual o contacto con la víctima.

“Si encontramos PSA no vamos a poder determinar a quién pertenece. Nos extraña que eso haya servido de prueba para la sentencia. Una lectura a priori confirma que el caso está de cabeza. Lo que ha sucedido es que para calmar la presión social, se ha presentado un culpable, cualquiera que fuera, y agarraron a mi cliente”, dice.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, asegura que una revisión genética de todas las muestras recolectadas del bebé (en los pañales y una manta) demuestra que no hay presencia de ADN de Fernández. Esto fue incluido en el cuaderno de investigaciones pero no fue valorado.

No son las únicas pruebas que se descartaron. La asambleísta Vilma Magne dice que hubo “varios detalles que podían haber servido para la investigación” pero que la Fiscalía “nos ha amedrentado con el argumento de que estábamos estorbando las pericias”, lamenta. Uno de los detalles que llamó su atención fue que, en una indagación en el hogar, los asambleístas se enteraron que el día previo a su muerte, Alexander tenía una consulta médica programada a la que no fue llevado. “Nunca supimos la causa, no hubo explicación. Si la lesión era de días, ahí podría haberse encontrado”, y añade que “cuando se hizo el requerimiento de la necropsia no pudimos acceder a los resultados porque se declaró reserva de 10 días que se han extendido por más de tres años”.

Días después de la finalización del juicio oral, la presidenta del Tribunal Decimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, admitió que Fernández fue declarado culpable sin pruebas científicas que evidenciaran su autoría.

El ahora Fiscal Departamental Edwin Blanco señaló que las pruebas son contundentes y que si no hay evidencias genéticas es porque el acusado se negó a someterse a los exámenes. “Lamentamos que ciertos medios de comunicación se hayan prestado a este juego. La sentencia ha sido correcta y se basa en los testigos y valoraciones forenses”, dijo.

En diferentes oportunidades Blanco fue denunciado públicamente por Lola Rodríguez, de haberle pedido 10.000dólares para sacarla en libertad. La oferta, según asegura ella, fue hecha luego de la reconstrucción de los hechos y frente a uno de los investigadores. Incluso, asegura la enfermera, Blanco le dijo que sólo debía declarar que se trató de un daño por una sonda rectal.

Durante el proceso, una instancia particular realizó una auditoría al caso a petición del médico José L. Delgadillo, quien se declaró culpable para ir al juicio abreviado. Ese informe descarta una violación igual que la forense que llevó adelante la necropsia.

La auditoría realizada por Arteaga Landa & Asociados –especialistas en medicina legal, ciencias forenses y auditoría médica– establece que hubo contaminación de las muestras.

“No voy a callarme más, soy inocente”

Las sentencias dictadas la madrugada el 20 de marzo cambiaron la vida de tres personas. Lola Rodríguez decidió no apelar y se prepara para empezar una nueva vida con sus dos hijos. Ha terminado de estudiar licenciatura en enfermería y está lista para cumplir su año de provincia. Después venderá su casa, recogerá sus cosas y cambiará de ciudad.

Para el médico Jhiery Fernández y su colega Sandra Madeny –sentenciada a dos años de cárcel por encubrimiento– es el inicio de una nueva lucha. Por separado, el médico y la residente del Hospital del Niño han anunciado apelaciones. Si Fernández no gana, estará recluido dos décadas.

Norma Sumi, la madre de Jhiery, acompaña todo el proceso. Ha acumulado cajas de documentos, fotografías, audios y otros elementos que espera puedan ayudar a demostrar la inocencia de su hijo. Los últimos tres años ha repartido su vida entre Oruro –la tierra natal de Jhiery– y La Paz. Visita lo más que puede a su hijo en San Pedro para llevarle noticias sobre la familia, su hermano –que también es médico– y sobre su caso. En este tiempo, su caminar se hizo lento y subir gradas le cuesta. Aun así, no deja de peregrinar apelando a diferentes instituciones.

“Hasta hace poco sólo lloraba. No podía dejar de pensar en el mal que le había pasado a mi hijo. Ahora ya no hay lágrimas, solo me quedan todas mis fuerzas para ayudarle. No puedo dejarlo solo; con su papá estamos tocando todas las puertas”. La voz de doña Norma es cálida, amable, como la de su esposo, como la de Jhiery que no pierde la esperanza y ha decido romper la reserva que aún rige en el caso.

— “No voy a callarme más y voy a apelar. Voy a seguir hasta demostrar mi inocencia”.

Flores secas en la tumba

En puertas de la Funeraria Valdivia en Miraflores, la mañana del 15 de noviembre de 2014 un letrero anunciaba el velorio y posterior entierro del “Niñito Oscar Alexander Choque Villanueva”. En una sala casi desierta yacía el cuerpito en un ataúd blanco.

Un grupo de funcionarios, vecinos y activistas acompañó al cortejo. Entre pedidos de justicia y llanto, los restos del bebé fueron sepultados en el Cementerio Jardín.

Hoy, bajo una capa de polvo y telarañas, en la lápida una cruz acompaña su nombre. En letras negras se lee la fecha de su deceso, no la de su nacimiento, como si el olvido pudiera aplacar los remordimientos por su muerte y por su vida. Para Alexander, después de tantos infiernos, el cielo llegó antes que la justicia.

Esta crónica forma parte del libro Prontuario, editado por Página Siete y editorial 3600, 2018.// Página Siete

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