Por segunda vez en menos de un mes, Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, acudió a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para pedir protección para su hijo porque considera que quieren separarlo de su lado.
“(Los apoderados del presidente) piden de forma abierta que se aplique medidas cautelares contra mi hijo, buscando en el fondo que este sea trasladado a un hogar transitorio, un orfanato o finalmente tenerlo como a mi persona bajo detención en cualquier lugar con el objeto, presumo, de hacerlo desaparecer”, refiere la también ex gerenta comercial de la empresa china CAMC en la carta enviada al defensor del pueblo.
El abogado de la acusada, Eduardo Léon, afirmó que con el mismo tenor fue enviada otra carta al alto comisionado de Oacnudh, Denis Racicot. En horas de la tarde informó de que hoy a las 9:00 tienen una reunión con personeros de la Defensoría y que el encuentro con Racicot, el segundo en un mes, puede realizarse a las 17:30.
En su carta, Zapata solicita que tanto la Defensoría como la Oacnudh participen, de ahora en adelante, en las audiencias sobre la presunta violencia sicológica contra su hijo. Además denuncia en su carta que los apoderados de Evo Morales solicitaron un examen de ADN del menor para determinar la paternidad.
El Gobierno, a través del ministro de Autonomías, Hugo Siles, evitó mayores comentarios y dijo que el caso al ser privado debe ser resuelto por instancias judiciales y no por acusaciones de políticos o abogados interesados, en alusión a Eduardo León. “La derecha se aprovechó de este caso para mellar la dignidad y la ética del presidente Evo Morales porque no tiene otro argumento”, dijo la autoridad.
La primera carta fue enviada el 18 de marzo por Zapata, en la que denunciaba la violación de sus derechos y la intención de arrebatarle a sus hijos; también pedía la mediación de las mismas instituciones, dos semanas después la Defensoría y Oacnudh la visitaron en el penal de Obrajes para conocer su caso, pero no hubo un pronunciamiento público por seguridad del mismo caso.
Valoración a Evo
De igual modo, ayer, Zapata fue trasladada desde la cárcel de Miraflores hasta las oficinas del juzgado para que el equipo interdisciplinario compuesto por una sicóloga, una visitadora social y una representante de la Defensoría de la Niñez realicen un examen biopsicosocial, la misma valoración que hicieron al hijo de Zapata el 12 de abril.
El abogado León dijo que el mismo examen se realizará al padre del menor, en este caso Evo Morales, ya que todo el entorno familiar del niño debe pasar esa prueba; la valoración se realizó por más de dos horas en una oficina del juzgado. Tres abogados especialistas en derecho familiar, consultados por EL DEBER coincidieron, por separado, en que la evaluación biosicosocial se realiza al núcleo familiar del menor y que está completado por los padres del menor.
La abogada Jeanette Aguilar explicó que esas valoraciones están establecidas en el Código Niño, Niña, Adolescente y que es la autoridad jurisdiccional la que debe fijar la fecha y la hora de esta reunión.
El abogado Mario Agramont dijo que el padre no puede negarse a un precepto constitucional porque la Carta Magna protege los derechos de los menores y la familia.
El ministro de Autonomías también dijo que al ser un caso estrictamente privado y de control judicial, deben ser esas instancias las que se pronuncien. El abogado de Evo Morales, Ricardo Velásquez, evitó todo contacto con los medios de comunicación.
Octavo delito
Por otro lado, la Fiscalía acudió a la cárcel de Miraflores para tomar una declaración ampliatoria a Gabriela Zapata por un octavo delito en el que supuestamente incurrió la exgerenta de la empresa china CAMC; se trata de contribuciones y ventajas ilegítimas, porque supuestamente utilizó bienes del Estado para favorecerse y favorecer a terceros.
Sin embargo, cuando la prensa consultó al fiscal Daniel Ayala con quién se reunió Zapata para obtener beneficios y a quiénes entregó esos beneficios, Ayala dijo que “está en investigación” y, según el abogado León, la Fiscalía presenta su nueva acusación en base a fotocopias de documentos.
Zapata se acogió a su derecho al silencio, pero solicitó la convocatoria del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en calidad de investigado porque él sabía a qué ingresaba a Gestión Social.
“Pido la convocatoria del ministro Quintana, en calidad de investigado porque él conocía a qué entraba y por qué entraba a esas oficinas”, dijo en su parte escueta la acusada.
Hasta el momento Zapata está detenida por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión; ayer le sumaron contribuciones y ventajas ilegítimas, cargos que fueron calificados como “ridículos” por la acusada.// El Deber
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