Es una paradoja. La educación y la economía son apuntados como los ‘temas mejor manejados’ por el presidente Evo Morales, que acostumbra mencionar en su discurso que no logró concluir sus estudios regulares por causa de la pobreza. En contrapartida, el jefe de Estado ‘ha manejado mal’ la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que todavía es el máximo representante de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, donde se cultiva la planta de coca, que es materia prima para la elaboración de cocaína.
La conclusión se desprende de una encuesta aplicada por la empresa Ipsos, entre los días 5 y 20 de abril, a 1.600 personas de las nueve capitales y zonas rurales del país. Del total de los entrevistados, el 52% pondera los avances en la educación y en la economía, mientras que un 42% opinó que el narcotráfico y otro 36% apuntó a la corrupción como los ‘talones de Aquiles’ del Gobierno.
Reacciones
En criterio del analista político Iván Arias, la encuesta refleja “un durísimo” mensaje al Gobierno porque la población siente que el problema del narcotráfico “no solo está mal manejado, sino que está en las puertas de las escuelas y de las universidades. Este flagelo también contribuye a aumentar los casos de corrupción en el país, porque con el dinero del tráfico de drogas se compran conciencias en otras instituciones del Estado”.
Para el exministro y exparlamentario por ADN Jorge Landívar, la producción de cocaína y la utilización de Bolivia como país puente de narcotráfico peruano no son novedades, como insisten los voceros del Gobierno, lo que si es preocupante, apuntó Landívar, son las grandes cantidades de droga incautadas por las autoridades en los últimos meses.
Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reconoció, en su informe anual de 2013, los resultados positivos del país en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca.
A juicio de la politóloga y docente universitaria Helena Argirakis, el narcotráfico, la corrupción y la inseguridad es un problema de índole global y de la transnacionalización. Explicó que las redes mundiales de delincuencia están interconectadas porque son producto del capitalismo, así como lo es también la corrupción.
Educación
Sobre los avances en la educación señalado por los encuestados, Jorge Landívar aseguró que el estudio de opinión solo muestra una percepción, porque el supuesto avance está relacionado con la entrega del bono Juancito Pinto a los niños y jóvenes escolarizados.
El Gobierno entrega un bono de Bs 200 bolivianos anual a los niños y jóvenes que se encuentran entre el primero y sexto de primaria y el primero y cuarto de secundaria de las unidades educativas fiscales de todo el país y está dirigido a reducir la deserción escolar.
“Para contar con un resultado exacto, Bolivia debe someterse a la prueba internacional de Aptitud Académica, que ha sido rechazada por el Gobierno”, señaló Landívar.
Sin embargo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas destacó en sus dos últimos informes anuales la disminución de la extrema pobreza, los avances en el campo de la educación, la salud y la democratización de los servicios básicos.
Por su lado, Iván Arias dijo que las personas agradecen los bonos, pero no la calidad de la educación en Bolivia.
“Seguramente la salud también está con buena nota porque existen el bono Juana Azurduy y el SUMI (Seguro Universal Materno Infantil), pero eso no significa que esté bien la cobertura”, señaló.
En contrapartida, Argirakis destacó que la mejora en la economía, en la educación y en la salud responde a un cambio estructural en el Estado boliviano que se convirtió en el eje dinamizador de la economía que, a su vez, se encarga de redistribuir los excedentes.
Los cambios, señaló Argirakis, son producto de una suerte de consecuencia de la decisión política que asumió el Gobierno en 2006 con más 20 nacionalizaciones en diferentes sectores estratégicos, como el de hidrocarburos, telecomunicación, electricidad y minería, que permitieron ingresos por más de $us 6.000 millones que son utilizados para mejorar la economía, la educación y la salud del pueblo boliviano.
Los electores reprueban al Poder Judicial y al Congreso
La peor nota la tiene el Poder Judicial y solo un poco más arriba, le sigue la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Así lo establece una encuesta de percepción ciudadana hecha en abril por la empresa Ipsos Opinión y Mercado. Si fuese un examen, se diría que el sistema de justicia fue aplazado por los electores bolivianos con solo un 29% de aprobación y un 47% de desaprobación; mientras que el Congreso solo obtuvo un 34% de apoyo frente a un 40% de rechazo.
Del otro lado, en la punta, la Iglesia católica se erige como la institución con mayor aprobación (77%) del estudio aplicado a 1600 personas de las nueve capitales del país más El Alto. Los medios de comunicación, con 65% de apoyo, ocupan un segundo lugar entre seis grupos de instituciones.
Los resultados salen a la luz cuando el Poder Judicial, constituido por las reformas que propuso el Gobierno de Evo Morales, enfrenta una severa crisis que significó la renuncia de algunos magistrados elegidos en 2011. También se registraron acusaciones de sometimiento al Poder Ejecutivo y críticas del Gobierno, como la que lanzó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien hace unas semanas aseguró que “el sistema judicial asalta a la gente desde los tribunales en vez de hacer justicia”.
Para algunos analistas, los porcentajes bajos que obtuvo la ALP, dominada por el MAS, reflejan el ‘castigo’ de la opinión pública hacia senadores y diputados en un momento en el que se cuestiona la subordinación del Legislativo a la administración de Morales.
“El Poder Judicial y el Congreso no cumplen el rol para el que fueron llamados. La retardación de justicia con un 80% de presos sin sentencia es una prueba contra el sistema judicial. En el caso de la ALP, su subordinación política al Ejecutivo desnaturaliza su rol fiscalizador y eso es mal visto”, sostiene el politólogo Carlos Guzmán, que ve en estos resultados una ‘tradición’.
En un país predominantemente católico, pese a su estatus legal laico, los líderes de la institución gozan de reputación, “aunque no nos gusten”, opina. Mientras que los medios son una suerte de ‘equilibrio’, frente al poder político, “pese a sus visibles errores”, analiza.
Para el exconstituyente de Podemos, Jorge Lazarte, ‘hay un aplazo’ del Poder Judicial y del Congreso equivalente a los que se daban en estudios de opinión similares en ‘tiempos neoliberales’. “Esto prueba que la justicia reformada por el Gobierno es un fracaso que no goza de credibilidad, igual que el Congreso”, dice.
Coincide con Guzmán: la Iglesia y los medios tienen aprobación porque se mantienen lejos del poder.// El Deber (BO)
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