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24 de los 28 magistrados electos del Órgano Judicial tienen procesos abiertos por incumplimiento de deberes, violación a la Constitución y otros delitos en la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público de la Cámara de Diputados.   

Entre esas autoridades demandadas están seis  magistrados suplentes, el fiscal general, Ramiro Guerrero, y el fiscal Sergio Céspedes. 

De acuerdo con el documento proporcionado por el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, las autoridades que tienen más denuncias son la magistrada Rita Nava Durán (5), la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani (4), la consejera Wilma Mamani (4)  y los ministros Efren Choque (4) y  Mirtha Camacho (4).

Los miembros del Tribunal Agroambiental Ricardo Soto (3) y Yola Paucara (3) también tienen demandas. El resto de las autoridades judiciales tienen entre una y dos acusaciones que están en etapa de investigación.

La justicia en Bolivia Cuando se trata de denuncias contra magistrados, la Cámara de Diputados se constituye en Ministerio Público y la Cámara de Senadores en juzgado.

Los únicos que no tienen denuncias son los magistrados Guido Campero y Natalia Mercado,  del Tribunal Supremo,  y Lucio Fuentes y Javier Peñafiel, del Tribunal Agroambiental.

La diputada de oposición Norma Piérola (CN) observó que la comisión rechazó una de las denuncias presentadas por la esposa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, y la denuncia de agresión física que presentó la magistrada del Tribunal Agroambiental Plurinacional Deysi Villagómez contra su colega Ricardo Soto.

"Ambos casos fueron derivados a la justicia ordinaria”, señaló Piérola, y aclaró que sólo hay un caso con imputación formal. "Pero hasta la fecha no es procesado por la Comisión de Justicia Plural para que sea remitido a la Cámara de Senadores, donde se tiene que instalar el juicio”.

Piérola recordó que la denuncia contra la magistrada Cristina Mamani y sus colegas del Consejo de la Magistratura -por realizar designaciones de notarios públicos y otros funcionarios- inicialmente fue rechazada, pero la determinación fue impugnada porque "se identificó un acto doloso”.

Las demandas muestran  debilidad

El abogado constitucionalista William Bascopé calificó de "preocupante” las demandas contra autoridades electas del Órgano Judicial y aseveró que el hecho se debe a que las elecciones judiciales de 2011 que impulsó el gobierno de Evo Morales se vieron "empañadas” con la política.

"Las denuncias muestran  desconfianza de la gente e  indisciplina en el Órgano Judicial, porque magistrados de Tribunal Agrario llegaron incluso a golpearse. Eso va desvelando que hay una debilidad en el proceso de cambio, que es la administración de la justicia”, dijo.

Bascopé no descartó que la cifra de demandas y denuncias contra las autoridades judiciales se incremente en los próximos años porque "existen intereses” dentro del Órgano Judicial por obtener la presidencia del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agrario y Tribunal Supremo de Justicia.

"Lamentablemente se ve que no se está manejando de acuerdo a la institucionalidad, sino por prebendas políticas”, manifestó,  y señaló que se debe instaurar la meritocracia.// Página Siete (BO)


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