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Una mezcla de sentimientos encontrados, entre repudio, impotencia, bronca, acusaciones mutuas y sed de justicia se asociaron en el triste recuerdo de las jornadas negras de octubre 2003. La denominada "guerra del gas", hace nueve años no fue para menos. A los pobladores de El Alto les arrebató 47 vidas y dejó un saldo de 500 heridos.

El tema pendiente, para los familiares de las víctimas, sigue siendo "justicia". Ellos piden la extradición de los principales acusados: el exgobernante Gonzalo Sánchez de Lozada, su Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín y otros colaboradores.

"Goni cabrón, te espera Chonchocoro", "Embajada, cómplice de Goni", "Estados Unidos refugio de asesinos", eran algunas de las consignas de los marchistas que  desde la ciudad de El Alto coparon el centro paceño hasta su arribo en las afueras de la Embajada de Estados Unidos. En el lugar 150 policías reguardaban el edificio diplomático.

Una demanda recurrente.
En nueve años solo siete personas entre militares y colaboradores del gobierno de Sánchez de Lozada recibieron una condena. Esta situación, en la jornada de ayer develó acusaciones y pedidos de justicia, extradición y una política clara de parte del gobierno de Evo Morales. 

Octubre negro 2003"No podemos aguantar más esta injusticia. El pueblo que está aquí es el que luchó ese octubre y pide cárcel para ese asesino (el expresidente). Queremos que esta embajada se vaya", dijo Julia Choque, vecina de El Alto.

Reafirman extradición.  La presidente de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, y de Diputados, Rebeca Delgado, aseguraron, por separado, que el rechazo a la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada "Goni" (2002-2003) responde a una decisión política del gobierno de los Estado Unidos.

Según Montaño, Estados Unidos se ha convertido en la "cueva" donde se esconden no solamente masacradores, sino también los corruptos y las personas que tienen cuentas pendientes con el pueblo y el Estado boliviano.

Por su parte, Delgado, señaló que el rechazo de la extradición de Sánchez de Lozada no tiene nada que ver con la aplicación o no del tratado entre ambos países por un tema de justicia. "En realidad lo que ha sucedido es una respuesta política de Estado Unidos y lo que está determinando para Bolivia es la garantía de impunidad frente a expresidentes, que tenemos no solo en Bolivia, sino en América", sostuvo.

Otras posturas. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, abogó ayer por la firma de un nuevo Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos, para incorporar la figura de genocidio y así facilitar la entrega del expresidente. "La figura política que nosotros utilizamos de genocidio o masacre no existe dentro del Tratado de Extradición con Estados Unidos", explicó. Además mencionó que la citada norma data del gobierno de Sánchez de Lozada.

En tanto el asambleísta departamental y exdirigente alteño, Roberto de la Cruz, acusó al Gobierno de  dilatar el proceso de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  "Hasta el momento no piensan extraditar a Goni, pero tampoco el Gobierno no tiene voluntad política", señaló.

Ante estas declaraciones, el Gral. Juan Veliz, excomandante del Ejército, que cumple una condena de 15 años de cárcel, dijo a través de su abogado Germán Quiróz, que la extradición no es culpa del gobierno de Evo Morales. Enfatizó la justicia no cumplió con los trámites exigidos por EEUU, conforme reza el tratado de extradición entre ambos países.

Entrevista: Carlos Sánchez Berzaín

"A Evo y a su gobierno no les interesa la verdad'

EI exministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez  de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, es uno de los acusados por el caso sangriento de "Octubre Negro". Salió del  país en 2003, el mismo día de las fatídicas jornadas. Desde Estado Unidos donde actualmente radica respondió a El Día.

P. ¿Qué puede decir a los nueve años de juicio por 'Octubre Negro'?

C.S.B: Lo que Ud menciona es solo una coartada de Evo Morales para tapar sus crímenes. El 17 de octubre de 2003 se produjo el derrocamiento del Presidente democráticamente elegido y los sediciosos y conspiradores para librarse de sus responsabilidades que pusieron en marcha la denominada agenda de octubre acompañada de los decretos de amnistía firmados por Carlos Mesa a favor de  si mismo y sus cómplices.

P.  En Bolivia dicen que usted tiene protección de Estados Unidos, ya que dicho país negó la extradición

C.S.B: La protección la otorga la la ley y los principios universales de la civilización como la presunción de inocencia y el debido proceso.  Ha quedado en evidencia que se trata de una persecución política. No solo EEUU, sino también España, Perú, Brasil, Paraguay ha otorgado asilo político.

P. ¿Por qué cree que no se esclarecen estos hechos?

C.S.B: Porque a Evo Morales y a su gobierno no les interesa la verdad, le interesa este caso como una bandera política para tapar sus crímenes, para anular a sus adversarios políticos.
P. ¿ Usted porqué rehuyó a afrontar al juicio en su contra?

C.S.B: Nunca he rehuido.  Este es una causa forzada y es nulo de pleno derecho. No es un juicio; es la crónica de un linchamiento. No hay defensa posible contra una causa en la que no se acusan a los responsables que causaron los hechos, a los sediciosos, los conspiradores, sus financiadores y sus cómplices.
P. ¿Cómo ve el aparato judicial actualmente?

C.S.B: El sistema de justicia boliviano hoy está totalmente controlado por Evo Morales y su gobierno.  No es justicia es dependencia política para perseguir, castigar o encubrir según la instrucción que reciba.

P. ¿Usted, cree que al gobierno no le interesa esclarecer ?

C.S.B: No le interesa nada esclarecer los hechos del 2003. Su interés es encubrir y es un interés estratégico de Evo que junto con Carlos Mesa son los principales protegidos. Si quieren mostrar lo contrario que deroguen los decretos de amnistía.
P. ¿Usted, ha pensado volver al país en algún momento?

C.S.B: Inmediatamente que Bolivia vuelva a ser una democracia y se restauren las garantías fundamentales. Soy un perseguido y un exiliado político.// El Día


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