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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el artículo 162 de Código Penal, referido al delito de desacato, informó hoy el presidente de esta instancia judicial, Ruddy Flores.

Este fallo judicial determina la expulsión del delito de desacato del Código Penal, pero “los casos (en proceso) deben ser resueltos en las instancias que competen, los jueces determinarán cómo proceder ante todas las denuncias que existen, el Tribunal no se pronuncia sobre casos concretos”, aclaró, según el reporte de Erbol.

Varios de los opositores al gobierno de Evo Morales, como el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, enfrentan actualmente procesos enmarcados en el delito de desacato.

La sentencia constitucional plurinacional 1250/2012, que es la que expulsa el delito de desacato del Código Penal, ha sido emitida en Sucre el 20 de septiembre de 2012.

Legislación bolivianaEn junio pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se iba a eliminar la figura de desacato, que se encuentra en el Código Penal boliviano porque podría dañar la libertad de expresión, pero será sustituida por otra norma que sancione las calumnias.

En febrero y marzo pasados el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que el desacato “podría considerarse contraria a la libertad de expresión” y fue eliminada de varias legislaciones de Latinoamérica.

El detonante para eliminar el desacato en Bolivia fue el asilo político que otorgó el Gobierno de Brasil al senador y jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto. Éste tiene más de 20 de procesos, entre ellos por desacato. Un comunicado detalla que la decisión se tomó “a la luz de las normas y la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano”.

“Necesitamos sacar el artículo (del Código Penal) sobre desacato, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar”, afirmó García Linera, del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido con amplia mayoría en la Asamblea. Este anuncio lo hizo después de retirar, junto a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, la denuncia de desacato contra Pinto.

Sin embargo, adelantó que no deben quedar impunes las difamaciones. “Hay que debatir qué hacemos con las calumnias con estas campañas infamantes. (...) Habrá algo que hacer, seguramente en el debate democrático que se da en la Asamblea encontrarán alguna figura, o sino viendo la legislación comparada alguna figura que ponga un cierto freno, no a la crítica política que la respetamos, sino que ponga freno a la calumnia, a la mentira, a la falsedad, a las acusaciones infundadas, que es muy común entre opositores carentes de ideas, carentes de propuestas”, sostuvo la autoridad.

Según el reporte de ANF, el delito de desacato está previsto en el artículo 162 del Código Penal que establece: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad”.

A través de esta figura legal se han abierto varios procesos en los últimos años, la mayoría de ellos contra figuras de la oposición política. Por ejemplo, se encuentran imputados el gobernador de Santa cruz, Rubén Costas; asambleístas de oposición como Carmen Eva Gonzales y otras figuras de la oposición.// Página Siete


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