El Ministerio de Obras públicas adjudicó la construcción del
tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo a la empresa china CAMC Engineering,
pese a que esta compañía no tenía toda la documentación legal para operar en Bolivia, según documentos al que accedió Página Siete.
El 2 de septiembre de 2013, el Ministerio de Obras Públicas,
mediante resolución administrativa 007, adjudicó a la firma china CAMC la
construcción del tramo I de la línea férrea Montero-Bulo Bulo por un monto de
722.170.582,88 bolivianos.
La expareja y madre de un hijo del Presidente trabajó en esta
compañía desde 2013.
Posteriormente, el 19 de septiembre, en un acto realizado en
Montero, el presidente Evo Morales, junto al entonces ministro de Obras Públicas,
Vladimir Sánchez, suscribieron contratos con la CAMC para construir el tramo I
Montero-Santa Rosa y río Yapacaní de 94 kilómetros.
En
esa oportunidad también firmaron contratos con China Railway para ejecutar el
tramo II río Yapacaní-Bulo Bulo de 56 kilómetros y con la española Yapilo
(Puentes S.L.U.), encargada del tramo III de la ferrovía que involucra la
construcción de tres puentes mayores y 20 menores.
Un día antes de ese evento, el 18 de septiembre, el Ministerio
de Obras Públicas emitió la resolución administrativa 001/2013 por el que
resuelve "omitir el requisito relativo a la presentación del Certificado de
Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras...” que exige la norma a
todas las empresas nacionales e internacionales para que puedan operar en
Bolivia.
La resolución fue emitida con el argumento de que existe "la
necesidad de iniciar la ejecución del proyecto, de manera simultánea a la
construcción de la planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo”.
No obstante, la resolución indica que la empresa adjudicada
deberá presentar la documentación solicitada en el Documento Base de
Contrataciones (DBC), para demostrar su legalidad.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2013, el entonces
representante de CAMC en Bolivia, Li Sihai, envió una carta al viceministro de
Transporte, Almirante Raúl Vizcarra, solicitando la ampliación de plazo para la
presentación de la documentación legal. "... Le indico que hemos tenido retraso
no imputable a nosotros respecto a la obtención de toda la documentación
requerida para la firma del contrato, en el sentido de que China CAMC
Energeineering CO LTD no cuenta con una sucursal aperturada, no contamos con la
totalidad de la documentación legal solicitada”, señala parte de la carta.
Incluso la CAMC solicita un plazo de 15 días más para presentar
la boleta de garantía, pues se encontraba aún en trámite en China, debido a largos feriados.
Luego de más de dos años, el Estado resolvió el contrato.
Obras que se adjudicó CAMC
El primer contrato estatal que recibió CAMC es de 2009.
Entonces YPFB compró tres perforadoras por la modalidad de contratación
directa. El monto fue de 22.821.440 dólares, 18.829.320 dólares y 18.349.240
dólares, por cada uno de los tres equipos.
La segunda contratación fue en marzo de 2012 y también fue de
manera directa. La estatal Empresa Azucarera San Buenaventura contrató para la
instalación de una planta industrial por un monto de 166.991.647 dólares.
La tercera adjudicación se produjo en 2013, año en que según el
ministro Juan Ramón Quintana Gabriela Zapata comenzó a trabajar en CAMC. Fue la
vía férrea Montero-Bulo Bulo.
Luego, entre agosto y octubre de 2014, firmó tres contratos
por excepción de la Empresa Misicuni para dotar de agua a Cochabamba.
Punto de vista: Iván arias Durán -
Analista político
Si CAMC pujaba en una licitación, no iba a
ganar
Se tiene que partir de la naturaleza de la empresa china CAMC,
esta firma es un hollding que tiene varias áreas de trabajo porque subcontrata
servicios y por eso ofrece desde fabricar latas hasta construir aviones, esto
porque subcontrata los servicios, maquinaria y equipos.
Ahora ¿por qué en Bolivia esta compañía se adjudicó varios
proyectos y de diferentes rubros, servicios? Debido a las invitaciones
directas.
En 2004 la forma de contratación en Bolivia era que el 74% se
hacía vía licitación internacional, pero el 2014 cambió esa situación porque el
98% de las contrataciones estatales se hicieron vía invitación directa,
adjudicación. Este hecho permite que empresas no calificadas, que no compiten,
que no tienen trayectoria puedan adjudicarse millonarios proyectos
estatales.
Lo mismo pasó con la empresa brasileña OAS que se adjudicó la
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Esta empresa
tenía problemas en su país, pero eso no importó y por invitación directa se
adjudicó la obra.
CAMC identifica negocios, se adjudica y subcontrata para
concretar el proyecto. Si esta empresa se hubiese sometido a una licitación
internacional, no hubiese ganado.
Este tipo de empresas aprovechan sus contactos con el Gobierno
nacional y chino, es el caso de CAMC, en el que el hijo del embajador era el
gerente y en Bolivia tenía varios contactos con el Gobierno, así se explica
cómo esta empresa se adjudicó millonarios contratos.
Si bien el Gobierno resolvió un contrato con la CAMC por la no
construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, tramo I, se tiene que verificar
los otros proyectos. No hay una auditoria por la instalación de la planta
azucarera San Buenaventura, esta planta debía ser entregada en una fecha, pero
lo ampliaron; luego está la planta de potasio. Hace tiempo nos dijeron que
pronto tendríamos baterías, pero hasta la fecha no vemos nada.
El problema es que por los créditos chinos al que accedimos
estamos obligados a contratar sólo firmas chinas.// Página Siete
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Fiscalía aclara que no investiga a Camce
El Ministerio Público aclaró ayer que la investigación que
sigue se centra en los nexos, ingresos y movimientos económicos que se
realizaron entre Gabriela Zapata, Cristina Choque y Jimmy Morales y no “en la
empresa China Camce y menos a los contratos que tiene”, porque ese aspecto está
siendo indagado por la comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo ayer que el
presidente Evo Morales ya ordenó investigar a Zapata, su expareja, pero
manifestó que no tenían pruebas para presentar la acusación.
El Ministerio Público no está investigando a la empresa china
Camce y sólo se limita al proceso que se instauró en contra de la exgerente
comercial de esa firma, Gabriela Zapata, por los delitos de uso indebido de
influencias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y
legitimación de ganancias ilícitas en complicidad, dijo el fiscal del caso,
Edwin Blanco.
Explicó que el juicio que se le sigue, a Zapata y a otros dos
coimputados, Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social y Jimmy
Morales, exfuncionario y conductor de la mencionada oficina, es por el uso
inadecuado de las instalaciones y de vehículos.
“Según nuestra teoría, evidentemente había el uso de estas oficinas con fines personales, no se puede asegurar de manera irresponsable que en algún momento se ha usado estas dependencias para la firma de contratos de la Camce”, señaló Blanco.
Sin embargo, la imputación señala que Zapata “hacía el uso de
la oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, con la promoción,
asentimiento y coordinación de la jefa de esta repartición, por ejemplo
utilizaba el vehículo de esta unidad para fines personales, sin haber fungido
como funcionaria pública, además recibía beneficio incluso económico al extremo
de lograr y adquirir licitaciones para la Camce”, señala el documento.
Sin embargo, Blanco reiteró que “la investigación está
delimitada a estas tres personas y la acciones vinculadas a ellas”. Explicó que
el consorcio chino Camce es investigado en otros niveles del Estado como ser la
Contraloría del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a través de
una comisión mixta, porque dos instancias no pueden investigar un mismo
caso.
La comisión mixta de la ALP iniciará el trabajo de “gabinete
con el análisis y evaluación de dichos documentos” toda vez que está recibiendo
la documentación solicitada a ministerios y otras instancias del Estado, informó
la diputada del Movimiento Al Socialismo, Susana Rivero.
“Hemos recibido en la comisión, ya formalmente dos expedientes completos, de Evaporíticos, es decir, lo que Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ha contratado, y también hemos recibido de Misicuni (…) vamos a empezar con el análisis de la documentación”, dijo.
Explicó que las otras entidades solicitaron ampliación,
mientras que la Gobernación de La Paz no se pronunció al respecto.
PRESIDENTE YA CONOCÍA DE LAS IRREGULARIDADES DE
EXNOVIA
Erbol
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que en enero,
antes de que Carlos Valverde revele a Gabriela Zapata, el presidente Evo Morales
ya sabía que su expareja utilizaba su nombre y decía ser la madre de su hijo
para hacer negocios.
“En enero hubo una denuncia de que esta señora con alguna gente
empresaria de juego de Santa Cruz, representando que era madre del hijo del
Presidente, había entrado en negociación para beneficiar a estos señores. Eso
llegó al Gobierno, se consultó y el Presidente ordenó procesar y detener”, dijo
el Ministro, quien además aseguró que es testigo de esa instrucción.
Aclaró que en ese entonces, antes de la denuncia de Valverde
contra Evo y Zapata, no se detuvo a la expareja presidencial porque faltaban
pruebas en su contra, debido a que el empresario que había hecho esa denuncia
salió del país. Ferreira aseguró también que desde octubre de 2015 el Ministerio
de la Presidencia ya investigaba a la directora de Gestión Social, Cristina
Choque.
Así también dijo que algunos ministros se reunieron con
Zapata.“Lamentablemente es así y claro eso tendrá que responsabilizarse, no son
ministros actuales. Esto no va a quedar así va a tener que ir más allá”. //
Los Tiempos
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Evo pidió indagar a Zapata en enero
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó ayer que el
presidente Evo Morales pidió en enero que se procese a Gabriela Zapata debido a
una denuncia sobre ilícitos que ella habría cometido usando el supuesto vínculo
con el Mandatario.
“Lo que yo tengo es que en enero había una denuncia; de que esta señora (Gabriela Zapata) estaba con empresarios de juego de Santa Cruz haciéndose pasar por la madre; diciendo que era la madre de un hijo del Presidente; había entrado en negociaciones para beneficiar a estos señores. Eso llegó al Gobierno y se consultó al Presidente, él ordenó procesarla y detenerla”, reveló ayer la autoridad de Estado.
Ferreira explicó que la denuncia la hizo el mismo empresario
referido, pero él se rehusó a presentar pruebas días después, debido a que en
ese periodo se hizo pública la denuncia que hizo el periodista Carlos Valverde
sobre el presunto tráfico de influencias que implica a Zapata con el
Gobierno.
Pedido. Reymi Ferreira aseguró que el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, inició en noviembre de la pasada gestión una
investigación administrativa contra la responsable de la Unidad de Apoyo a
Gestión Social, Cristina Choque, y a partir de esa acción se obtuvo algunos
indicios de las actividades de la expareja del gobernante. “Pero la orden que el
presidente Evo Morales dio en ese momento, y yo soy testigo, es: Deténganla
inmediatamente”, enfatizó el ministro.
En ese marco, ayer la familia de Zapata, a través de la tía
Pilar Guzmán, descartó la posibilidad de presentar ante medios internacionales
al hijo de Morales. Al respecto, el ministro sostuvo: “Tenemos por lo menos
cinco pruebas contundentes de que ese niño no existe”.
Ferreira garantizó que si el menor aparece, el Gobierno
reconocerá sus errores, pero exhortó a los políticos opositores a hacer lo mismo
si se confirma la tesis de que el niño no existe.// La Razón
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