El Gobierno de Evo Morales en sus 10 años de gestión adjudicó obras por
contratación directa con el 63 por ciento del total de recursos para obras
públicas (375 mil millones de bolivianos), mientras que el dinero de proyectos
que fueron adjudicados por licitación pública apenas supera el 11 por ciento.
Los porcentajes son diametralmente inversos si se comparan con
el lapso de 10 años antes (del 22 de enero de 1996 al 22 de enero de 2006),
período en el que las contrataciones directas llegan al 0,008 por ciento,
mientras que las licitaciones públicas alcanzaron el 75,2 por ciento.
Según el portal del Sicoes, entre el 22 de enero de 2006 y el 7
de marzo de 2016, el Gobierno dispuso de más de 375 mil millones de bolivianos
en contrataciones de obras (se incluyen en este acápite, las iniciadas, en
curso, finalizadas, contratadas y desiertas).
Del total de esta cifra, el 63 por ciento fue adjudicado
mediante contratación directa y sólo el 11 por ciento pasó por licitación
pública. Además, cerca del 5 por ciento se destinó a obras mediante contrato por
excepción y sólo un 0,02 por ciento fueron erogados a obras adjudicadas por
invitación pública.
Sobre este tema, el economista Alberto Bonadona, hace un
cálculo a mano alzada indicando que entre el 90 y el 93 por ciento de las
“megaobras” actuales se adjudicaron de forma directa, y aunque las leyes lo
permiten de forma excepcional (Decreto Supremo 181 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios), con el tiempo, la excepción fue
convirtiéndose en la regla.
De la misma manera, el exdelegado del Ministerio de
Transparencia de Cochabamba, Johnny Ledezma, observa que el artículo 73 de este
decreto permite a cada entidad pública establecer las condiciones de contrato,
además de que el artículo 13 de la misma norma devela que no hay límites en el
monto cuando se refiere a contrataciones directas.
Además, el artículo 72 indica: “Las entidades públicas podrán
efectuar la Contratación Directa de Bienes y Servicios provistos por Empresas
Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación
Estatal Mayoritaria, siempre y cuando: a) Su misión institucional determine la
capacidad de ofertar bienes y servicios; b) Dispongan de capacidad suficiente
para cumplir con las condiciones establecidas por la entidad convocante; c) Los
precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios del
mercado; d) Los bienes o servicios ofertados cuenten con la calidad requerida”.
Sin embargo, tanto Ayo, como Bonadona observan que este
artículo habla de casos excepcionales que acabaron convirtiéndose en la regla,
argumentando la necesidad de disponer de menor cantidad de tiempo. "El Gobierno
subió a 19.603 millones de bolivianos en obras de contrato directo, que
representa un incremento de 3.100 por ciento. Esa suma de dinero exorbitante, el
Gobierno entregó sin licitaciones", dijo Ayo.
"El Gobierno alega rapidez, pero esta rapidez ha abierto, con
toda certeza, grandes campos de corrupción", sentencia por su parte Bonadona.
CONSTRUCTORES OBSERVAN
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz, mediante una
solicitada, también expresó su preocupación por el incremento de estas
modalidades de adjudicación, que estaban previstas más para casos excepcionales,
de emergencia o desastre, y previa justificación de la entidad contratante.
“Con el argumento de que los procesos de licitación son largos,
se invita directamente a empresas que no necesariamente pueden ser las mejores o
las más idóneas, son simplemente las elegidas. Las adjudicaciones por invitación
directa se prestan a la subjetividad de los dependientes de la administración
pública en la asignación”, dice la nota de Cadecocruz.
Además, según Cadecocruz, la mayoría de las obras de magnitud
se adjudica a empresas extranjeras que sólo traen al país “garantías y gerentes”
llevándose los excedentes a sus países de origen, “aunque casi la totalidad de
los profesionales, obreros y maquinarias son bolivianos”. Los constructores
recuerdan que en 2014 se presentó al Gobierno un proyecto de ley que garantiza
una participación de al menos 30 por ciento a las empresas bolivianas y en
condición de socias.
ALGUNAS OBRAS DE CONTRATO DIRECTO
• Tramo Ivirgarzama-Ichilo, de 66 kilómetros (km), que forma
parte del proyecto de la doble vía que unirá los departamentos de Cochabamba y
Santa Cruz. Las obras serán ejecutadas por la empresa china Sinohydro. Inversión
de 144 millones de dólares.
• Planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo en Cochabamba, el
ingenio de San Buenaventura en La Paz.
• Muchas grandes obras se han ejecutado y se están ejecutando
bajo contratación directa, contratación por excepción y llave en mano, como ser
el teleférico de La Paz, la carretera Oruro-La Paz, proyecto hidroeléctrico
Misicuni, entre otros.
• Proyecto Hidroeléctrico Rositas tiene un financiamiento de
1.000 millones de dólares, bajo "contratación directa con proceso previo
modalidad llave en mano", se busca contratar a una empresa.
• Tranvía Santa Cruz. El proyecto tendrá una inversión
aproximada de 750 millones con financiamiento. El presidente Evo Morales ya
adelantó que una empresa alemana se adjudicará de forma directa.
• Hub Viru Viru. Se destinarán 400 millones de dólares y tendrá
una ejecución de cinco años. Se prevé contratación directa.
• Planta industrial de sales de potasio. Se estima una
inversión de 177 millones de dólares. La empresa china Camce se adjudicó la
obra por contratación directa.
• San Buenaventura. La Planta Industrial de azúcar está a cargo
de Camce bajo contratación directa con una inversión de 167,9 millones de
dólares.
• Tres perforadoras. También la china Camce se adjudicó de
forma directa la compra de tres perforadoras para Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos por un valor de 60 millones de dólares.
• Se prevé la construcción de un estadio para 60.000 personas
con una inversión de 200 millones de dólares con miras a la realización de los
Juegos Odesur, 2018. El Ministerio de Obras Públicas dijo que la modalidad de
contratación será llave en mano.
EL DECRETO 181
El 28 de junio de 2009, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo
181 que establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (NB-SABS). La normativa, sin embargo, es una réplica del DS 29190 del
11 de julio de 2007 que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, permitiendo contrataciones
directas para las empresas estratégicas del Estado.
La normativa establece que la licitación pública se aplicará
cuando el monto sea mayor al millón de bolivianos. Las convocatorias deben ser
pública nacional, para contrataciones entre un millón y 40 millones de
bolivianos; y pública Internacional, para contrataciones mayores 40 millones de
bolivianos.
Asimismo, define la modalidad de contratación por excepción, en
este proceso la MAE de la entidad es responsable. La autorización de las
contrataciones por excepción será mediante resolución expresa, motivada técnica
y legalmente.
La contratación por excepción procederá única y exclusivamente
cuando exista un único proveedor para la contratación; cuando los servicios de
consultoría requieran de experiencia o especialización que sólo pueda ser
realizada por un único consultor.
También se podrá recurrir a esta modalidad cuando una
convocatoria internacional, hubiese sido declarada desierta por segunda vez o
una convocatoria nacional, declarada desierta por tercera vez.
En la Ley 181 se considera las modalidades de contratación por
desastres y/o emergencias; directa de bienes y servicios; con financiamiento del
proponente, llave en mano; realizadas en países extranjeros; de seguros; de
alimentos para desayuno escolar y programas de nutrición; de productos
farmacéuticos. Las contrataciones llave en mano podrán realizarse en proyectos
donde sea racionalmente más económico otorgar a un mismo contratante todo el
proceso de construcción y puesta en marcha.
ANÁLISIS INVITACIÓN
Alberto Bonadona. Economista y Docente UMSA
El proceso da pie a corrupción
De un tiempo a esta parte, la adjudicación de construcción de
"megaobras", compras de accesorios de magnitud que se realizaba a través de
licitaciones internacionales, se ha reducido a un mínimo porque ahora se recurre
a la entrega de estos trabajos a través de una invitación directa a una
industria elegida. Yo calculo que entre 90 y 93 por ciento de los últimos
contratos millonarios ha sido realizado de esta manera, por el contrato
excepcional.
Las licitaciones públicas toman demasiado tiempo,y el afán del
Gobierno por cumplir los compromisos ha venido acompañado de gran cantidad de
recursos.
Esta rapidez, sin embargo, abre, con toda certeza, grandes
campos de corrupción. Este proceso directo es de gran riesgo para los que
participan, ya que hay mucho dinero en juego y no siempre la cabeza recibe todo,
a veces no recibe nada. El que efectivamente está haciendo el contrato puede ser
el intermediario, el que hace el lobby y que al final es el que garantiza, por
la influencia que tiene.
Los contratos con excepción siempre han sido una puerta a la
corrupción y cuando vienen unidos a contratos llave en mano, el asunto empeora,
porque el costo es mayor y entonces también el soborno va a ser mayor.
Debe haber una agencia pública que pueda comparar los costos de
algo que se compra aquí en Bolivia, con los costos en el mercado internacional,
pero por lo general lo que se hace es comprar el mismo producto
internacionalmente y ahí se van a poder ver los sobreprecios y hasta qué punto
ha habido una coima encubierta. Esto se hace complicado cuando es llave en mano,
porque puede existir la excusa de que es tecnología de otra parte.// Los Tiempos
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