El vicepresidente Álvaro García “aceptó” la idea de abrir una
investigación en contra de la juez Virginia Crespo, presidente de la Sala Penal
Primera, que en diciembre pasado dictó procedente el Amparo Constitucional a
favor de la Empresa China CAMC, en la que es gerente comercial Gabriela Zapata
Montaño, expareja del presidente Evo Morales. Con esa determinación, impidió la ejecución de
las boletas garantía por incumplimiento de contratos, por valor cercano a los
158,8 millones de dólares.
Garcia Linera calificó de “sospechosa” la actitud de la juez
Crespo, presidente de la Sala Penal Primera, exesposa de Wilfredo Chavez,
exministro de Gobierno del MAS, por lo que aceptó la posibilidad de abrir una
investigación en su contra, con el fin de esclarecer las razones por las cuales
falló en contra del Estado.
Además de Crespo, la Sala Penal Primera está compuesta por el
Vocal Willy Arias, que en otra ocasión fue denunciado por haber dictado
procedente la salida de la cárcel de un presunto infanticida.
Con la determinación, Crespo evitó que se ejecuten las
indicadas boletas por incumplimiento de CAMC del contrato para la construcción
de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, Tramo I Montero, Santa Rosa, río Yapacaní,
adjudicación que fue observada por presunto tráfico de influencias, puesto que
favoreció a la empresa donde trabaja la expareja del presidente Morales.
“Es
sospechoso para mí, que la jueza que acá en La Paz aceptó ello (concedió el
amparo a favor de CAMC) lo haya hecho, tomando en cuenta, pero callándose, del
terrible daño que le podía haber ocasionado al Estado boliviano, en caso de que
no podamos ejecutar las boletas de garantía”, afirmó el vicepresidente García,
ante la consulta que le efectuó EL DIARIO.
En cuanto al fallo que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de negar el recurso de amparo y dar lugar a la ejecución de las
boletas de garantía, García la calificó de saludable, pues era la única
forma de control que el Estado tenía sobre empresas que no cumplen con sus
obligaciones.
“Saludamos la decisión del TCP, porque ponía en riesgo, en peligro, el único mecanismo que tiene el Estado para fiscalizar, controlar y castigar los incumplimientos de las empresas privadas extranjeras y nacionales, en el cumplimiento de obras para el país”, afirmó el Vicepresidente.
Asimismo, expresó que este fallo y la demanda que interpuso el
Estado es la evidencia de que no existe tráfico de influencias en favor de la empresa CAMC.// El Diario
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