La impunidad por delitos violentos y violaciones de Derechos
Humanos sigue siendo un problema grave en Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión
preventiva atentan contra los derechos de los acusados y agravan la
sobrepoblación carcelaria.
La Organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha
presentado su 'Informe Mundial 2016', en el que se publica el análisis anual
sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, donde se han analizado
más de 90 países y territorios de todo el globo.
A pesar de su análisis a nivel global, llama la atención el
caso de Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales ha generado un
clima hostil para los defensores de los Derechos Humanos.
Otra de las preocupaciones de las que alerta HRW son las
amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo
infantil.
Impunidades
de abusos y delitos violentos: Bolivia ha juzgado solo a unos pocos funcionarios
responsables de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante gobiernos
autoritarios entre 1964 y 1982.
La falta de justicia ha llevado a que se produzcan
linchamientos de ciudadanos o policías que se creía que eran responsables de
delitos. En septiembre de 2015, un grupo de personas de El
Alto ataron a un presunto criminal a un palo y le propinaron una golpiza que
le causó la muerte. En la mayoría de los casos, los linchamientos quedan
impunes.
Jurisdicción y abusos militares: Persisten los
casos de violaciones de Derechos Humanos contra soldados. Entre enero y agosto
de 2015 murieron cuatro soldados en establecimientos militares. Ninguna persona
ha rendido cuentas por estas muertes.
Independencia judicial: Durante años, la
corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema
judicial boliviano. En enero de 2015, el presidente, Evo Morales, anunció un
nuevo proceso de reforma judicial, pero el gobierno aún no ha definido cuál será
su alcance.
Condiciones carcelarias: Hasta junio, el 78
por ciento de los presos no habían sido condenados. El uso extendido de la
prisión preventiva y las demoras en los juicios han agravado el hacinamiento y
las condiciones deficientes en las cárceles. Hasta mayo, había 13.793 detenidos
en cárceles, cuando su capacidad máxima es de 5.126 personas.
Defensores de derechos humanos: Numerosos
defensores de DDHH sufren acoso y amenazas, incluso por parte de funcionarios
gubernamentales, algo que limita su capacidad de trabajar de manera
independiente. En junio, Morales indicó que cualquier ONG internacional que
"perjudique la exploración de los recursos naturales, se va de Bolivia".
Libertad de expresión: El gobierno de Morales
ha arremetido reiteradamente en contra de periodistas, acusándolos de difundir
mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. En septiembre,
el ministro de la presidencia acusó a los medios locales de participar en una
conspiración internacional en contra de Bolivia y del presidente Morales.
Derechos indígenas: La Constitución de Bolivia
de 2009 contempla garantías para los derechos de las poblaciones indígenas,
incluida la propiedad colectiva de tierras, la educación intercultural, la
consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de
justicia indígenas.
Violencia de género y derechos
reproductivos: Las mujeres e Bolivia siguen estando expuestas a un alto
riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla
medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer.
Hasta abril de 2015, se recibieron cerca de 8.394 denuncias de violencia de
género. En agosto ya se había producido 115 feminicidios desde el año 2013, de
los cuales solo 10 habían sido condenados. Las mujeres y jóvenes enfrentan
numerosos problemas para acceder a productos y servicios de salud reproductiva,
por ejemplo, a anticonceptivos o al aborto después de una violación.
Trabajo infantil: En 2014 se aprobó una ley
que permite el trabajo de menores desde los 10 años, algo que viola estándares
internacionales, convirtiendo a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar
el trabajo desde tan temprana edad. En febrero se denunció la existencia de
850,000 menores trabajando, en su mayoría con menos de 14 años.
Orientación sexual e identidad de género:
Persiste la impunidad de actos de violencia y discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género. No se ha juzgado a ningún responsable
por los asesinatos de más de 55 personas del colectivo LGBT ocurridos desde
2004. (Notimerica.com)
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