70% de víctimas de violencia fueron maltratadas en FELCV

 El 70% de las mujeres considera que el trato que recibió del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fue entre regular y malo al momento de presentar una denuncia contra su agresor.

Ese es uno de los datos que arrojó el informe sobre el Cumplimiento del Estándar de la debida Diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia, realizado por la Alianza Libres sin Violencia y la Comunidad de Derechos Humanos.

    Mónica Bayá, miembro de esta última entidad, explicó que el estudio se hizo mediante encuestas en 28 municipios del país. Fueron consultadas 484 usuarias y  81 abogados. Asimismo, se revisaron 287 procesos judiciales iniciados en 2013 y 2014.

Del 70% de las mujeres que tuvo esa apreciación sobre la FELCV, el 52% cree que el trato fue regular y el 18% cree que fue malo. Sólo el 30% afirmó que el personal policial tuvo buen trato.

  La consulta también fue para los abogados de las víctimas. Los juristas fueron más pesimistas. El 80% de los encuestados  aseguró que el trato a las mujeres en la FELCV y en el Ministerio Público es malo, "ni digno ni respetuoso”. Sólo el 20% opinó que es bueno.

Sobre los médicos forenses, el 65% de los juristas entrevistados considera que su trato hacia las víctimas es malo.

Bayá explicó que el maltrato se traduce en la revictimización a la mujer al momento de hacerle declarar por segunda vez, al pedirle dinero para los trámites del proceso y en el simple hecho de hacerla ir de la FELCV a la Fiscalía  y luego al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

  Otros datos que revela el estudio se centra en el seguimiento de los casos. En el 63% de los casos abiertos por violencia los operadores de justicia no hicieron el seguimiento a la situación de la víctima.

Asimismo, el 77% de las usuarias no fueron acompañadas por la FELCV a una casa de acogida, domicilio de familiares o amigos ni a otro lugar seguro. Bayá dijo que en la mayoría de los casos las víctimas regresaron al hogar donde estaba el agresor.

Otro dato que resalta el informe es que el 86% de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual no recibió anticoncepción de emergencia y tratamiento para prevenir ITS y VIH.

Finalmente se evidenció que la FELCV no cuenta con el  personal multidisciplinario requerido para atender a las víctimas que todos los días llegan a denunciar a sus agresores. Se conoce que hay un psicólogo para cada ciudad capital.

Los operadores de justicia priorizan la conciliación

Policías, fiscales y jueces priorizan la conciliación en casos de violencia contra la mujer, según el informe presentado por la Alianza Libres de Violencia y la Coordinadora de Derechos Humanos.

Según la encuesta realizada, el 61% de las mujeres que denunciaron a sus agresores opinaron que las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y de la Fiscalía aún promueven la conciliación, decisión que la Ley 348 rechaza.

Un dato más sorprendente aún, según el estudio, es que en el 99% de los procesos los jueces aceptaron las salidas alternativas al proceso penal.

Asimismo, el 20% de las usuarias y el 28% de los abogados indicaron que en sus casos en la FELCV el personal policial trató de inducirlas a no denunciar el hecho y a su agresor.

Tanto la Constitución Política del Estado y la Ley 348 (Integral Para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) establecen instancias especializadas para la atención a las víctimas, la investigación, procesamiento y sanción a los responsables.

Asimismo, requiere el equipamiento, la infraestructura y la simplificación de procedimientos. No obstante, según el informe presentado, los operadores de justicia cumplen con las condiciones mínimas.

  Sobre los procesos

El 87% de las personas encuestadas, tanto víctimas como abogados, afirmó que las tipificaciones realizadas por la Fiscalía son correctas y conforme a los hechos de violencia.

 También el 87% de los juristas considera que la calificación de días de impedimento realizada por médicos forenses no corresponde al daño real de la víctima. "Faltaría uniformidad de criterios”, señala el informe.

Finalmente, el estudio estableció que el 95% de las resoluciones y sentencias no utiliza la norma de derechos humanos.// Página Siete.bo

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