La juez de Instrucción en lo Penal, Melania Lima, ordenó ayer
la detención preventiva, en la carceleta de Patacamaya, de dos de los tres
exjueces implicados en el caso del video de la coima y la secretaria en el
Centro Penitenciario de Obrajes.
Todos acusados por los delitos de cohecho pasivo,
incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
José Marcelo Barrientos y Jorge Humberto Viscarra deben guardar
detención en Patacamaya, un penal que funciona desde hace unos dos años y está
destinado a detenidos preventivos nuevos.
Mientras tanto, la situación jurídica del juez René Ernesto
Escobar, quien formaba parte del tribunal denunciado, aún quedó pendiente, pues
sufrió una descompensación en la audiencia, reportó ABI. Se conoce que su
audiencia de medidas cautelares sería fijada para hoy.
Junto
a la secretaria, Micaela Alí, estas cuatro personas fueron procesadas luego de
que una mujer filmara a Barrientos pidiéndole una coima de 15 mil dólares para
favorecer a su hijo, acusado de violación.
El viernes, todos ellos prestaron declaración en el Ministerio
Público y fueron aprehendidos. Su audiencia de medidas cautelares se llevó
adelante ayer de manera reservada.
Barrientos y Viscarra están imputados por los delitos de
cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes;
mientras que Escobar y Alí están acusados de cohecho pasivo e incumplimiento de
deberes.
El fiscal departamental, Marcelo Rollano, anunció que se
convocará al exfiscal Félix Marín, implicado también en el caso, para continuar
con la investigación.
La representante del Consejo de la Magistratura en La Paz,
Mónica Limachi, informó que se conformó un equipo para continuar las pesquisas.
Recordó que, por testimonio de la víctima, otra juez está involucrada en el
caso.
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el
Ministerio Público, brindará protección a Patricia N.N, la madre del acusado que
se animó a filmar y denunciar a Barrientos.
“La mujer que denunció está siendo amenazada. En el Ministerio Público tenemos una Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, que va desde la protección en su domicilio hasta el cambio de identidad, en algunos casos. Hay que proteger a estas personas”, afirmó ayer entrevistado en Bolivia TV.
En el ámbito del Ministerio Público, el Fiscal General señaló
que se asumió una política institucional de transparencia y depuración de malos
administradores de justicia.
Recordó que en tres años se destituyó a cerca de 80 fiscales y
una cantidad similar de asistentes y peritos o forenses del Instituto de
Investigaciones Forenses que realizaban cobros o hacían certificaciones a pedido
de partes.
Explicó que se empezó a trabajar con la Unidad de Investigación
Patrimonial, que hace una revisión del patrimonio de los servidores públicos y
la relación entre el monto que perciben con el patrimonio que cuentan. “Hay un
cruce de informaciones de las declaraciones juradas con la revisión de
información de Derechos Reales, la Unidad de Investigaciones Financieras y la
ASFI”, sostuvo citado por ANF.
PARA RESOLVER LA CRISIS DE LA JUSTICIA
BOLIVIANA
Guerrero: se necesita nuevo modelo de
gestión
La Paz | Abi
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que la
solución a la crisis que vive la justicia en Bolivia no pasa sólo por el cambio
de personas, sino por generar un nuevo modelo de gestión.
“No se trata solamente de cambiar personas (...) pasa por una implementación de un nuevo modelo de gestión, hasta el momento tenemos un modelo arcaico”, dijo en entrevista con medios estatales.
En los recientes días estalló un nuevo caso de corrupción en la
ciudad de La Paz donde un juez extorsionó a una litigante, quien lo filmó y lo
denunció ante el Ministerio de Transparencia.
Ese hecho puso nuevamente en la mesa del debate la crisis de la
justicia boliviana, que según Guerrero viene desde la época colonial,
republicana y neoliberal, ya que la justicia quedó “anquilosada” en el tiempo,
no pudo desarrollarse y es ahora una “asignatura pendiente”.
Guerrero cuestionó cómo hay quienes “se rasgan las vestiduras”
cuando en otros tiempos la justicia estaba copada por la “partidocracia”.
Dijo que la retardación de justicia genera corrupción que
involucra a jueces y fiscales, pero también a la Policía, que es la encargada de
llevar adelante la investigación de los casos.
Agregó que los consorcios de abogados forman parte de la
corrupción, de esa estructura carente de control, que hace que la población
desconfíe del sistema judicial.
Guerrero indicó que frente a esa situación surge la propuesta
para una revolución de justicia, que deje de lado los “remiendos” y que afecte a
la estructura misma del sistema.
“Desde el Ministerio Público enfrentamos la corrupción”, dijo,
pero consideró que no es un trabajo de una sola institución sino de toda la
cadena de operadores de la justicia.
En abril pasado, el Gobierno planteó una cumbre judicial para
enfrentar la crisis del sistema, pero aún no hay fecha.// Los
Tiempos.com
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