Bolivia: En áreas rurales la violación es castigada con Bs 500 o 20 chicotazos

Un estudio de UNFPA en cuatro municipios rurales, de las tres regiones del país, revela que la violación a niñas y adolescentes es sancionada bajo la justicia comunitaria con 20 chicotazos, Bs 500 o trabajo comunitario. El robo de una oveja tiene similar castigo. En 2014, una niña de 12 años fue vejada por el hijo del presidente de la comunidad, un joven de 18 años. Cuando la comunidad trató el caso, la principal autoridad “dio permiso” para que el agresor reciba chicotazos de la madre de la víctima.

“Le hemos hecho trabajar en el potrero y le hemos dado wasca (chicotazos) al muchacho, y una multa de 500 bolivianos porque en esta comunidad está prohibido violar”, contó un comunario que participó en la decisión del castigo, bajo la justicia comunitaria.

Este es uno de los casos recogidos por el estudio “Violencia sexual: prácticas, signos y significados”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, realizado entre septiembre de 2014 y marzo de 2015 en Uncía (Potosí), Puerto Gonzalo Moreno (Pando), Punata (Cochabamba) y Coroico (La Paz). El organismo realizó 150 entrevistas a autoridades y servidores públicos que atienden casos de violencia y a 34 grupos focales de adolescentes, jóvenes y adultos.

Norma. Una de las principales conclusiones de la investigación es que en áreas rurales la justicia originaria pesa más que la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), de marzo de 2013, que en el artículo 41 dispone que los casos de violencia sexual deben ser derivados a la justicia ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

El Código Penal, en el artículo 308, sanciona la violación con 15 a 20 años de cárcel, y de 20 a 25 años si se trata de menores de 14 años.  “Algo recurrente y común es que la violencia sexual no se está denunciando, más bien se calla y se vive en silencio. El estudio busca resaltar el daño que se está causando a niños y adolescentes, cuando son los propios padres y la comunidad los que prefiere ocultar”, indicó a La Razón la representante de UNFPA en Bolivia, Ana Angarita. 

Mónica Beltrán, responsable de Géneros y Derechos Humanos de las Mujeres, en UNFPA, señaló que la investigación evidencia una naturalización de la violencia sexual y la desvalorización de la dignidad e integridad sexual de una niña.

“En el imaginario de las autoridades comunitarias y de la comunidad no había sido tan grave violar a una niña o a una adolescente, pues dan sanciones iguales que por robarse una oveja. No hay la concepción de que la violencia sexual es un delito”, expresó.

Este medio intentó contactarse en reiteradas oportunidades con René Martínez, viceministro de Justicia Indígena Originaria, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta al cuestionario que fue solicitado. El viceministro de Igualdad de Oportunidades, Antonio Pérez, tampoco atendió.

Beltrán agregó que se identificaron matrimonios forzados entre víctima y agresor, hecho que vulnera la ley. “Ellas son obligadas a casarse con su violador, para luego ser sometidas a violencia física y psicológica. ¿Qué clase de pareja puede ser una persona que viola?”.

El estudio también identificó tolerancia y naturalización de prácticas de incesto, padres que abusan sexualmente de sus hijas, pero además hijos que violan a sus madres. En ninguno de los casos el agresor es derivado a la justicia ordinaria. “La sanción tiene un carácter preventivo. Si se castiga a un agresor, otra persona pensará que si hace lo mismo recibirá sanción, pero si nadie sanciona entonces se reproduce”, sostuvo Beltrán.

Angarita recordó que el trauma de la violación puede desvincular a la niña de sus oportunidades de salir adelante y rezagarla en un círculo de la pobreza. Por ello, recomendó al Gobierno crear puentes de diálogo entre la justicia originaria y la ordinaria, y coadyuvar a remover esas prácticas de tolerancia. También la capacitación a funcionarios involucrados y sensibilización desde los colegios.

Miedo y vergüenza, trabas para denuncias

El miedo y la vergüenza son dos de los principales obstáculos para que las víctimas presenten la denuncia a la justicia ordinaria. A esto se suma el silencio y la impunidad, señala el estudio “Violencia sexual: prácticas, signos y significados”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia.

“Las víctimas de violencia sexual sienten vergüenza con sus padres y su comunidad. Lo mismo sienten los padres y prefieren ocultarlo. Los adolescentes y jóvenes viven en silencio la violencia, incluyendo la que se da muchas veces al interior de su casa. También está el miedo y la impunidad”, expresó la representante de UNFPA en Bolivia, Ana Angarita.

Agregó que identificaron incluso ciertas creencias en torno al abuso sexual. “En una comunidad del occidente creen que el embarazo producto de una violación trae plagas a los cultivos y problemas al ganado, y que atrae la mala salud para la familia y comunidad, entonces con mayor razón prefieren callar”.

Mónica Beltrán, responsable de Géneros y Derechos Humanos de las Mujeres, de UNFPA, dijo que existen comunidades donde las mujeres deben pedir permiso a su autoridad originaria para denunciar la violación ante la justicia ordinaria. Ellas temen represalias si desobedecen.

Mencionó que en ciertas comunidades hay personas que atienden casos de violencia, pero solo como registro con el resumen de lo explicado por los implicados y la firma de ellos como verificación, ante cualquier proceso posterior.

Promotoras comunitarias sensibilizan y difunden ley

Voluntarias y mujeres víctimas de violencia se convierten en promotoras comunitarias tras una capacitación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Ellas llevan al área rural información sobre normas contra la violencia, además de sensibilizar a la población.

“En los municipios en los que trabajamos apoyamos la formación de promotoras comunitarias, les damos material. Se trata de mujeres que viven en el lugar, que son parte de esa cultura y que manejan un mínimo de contenidos de la Ley 348 (Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) y la Ley de Deslinde (Jurisdiccional)”, detalló Mónica Beltrán, responsable de Géneros y Derechos Humanos de las Mujeres, de UNFPA.

Este grupo realiza reuniones con mujeres y hombres de sus comunidades para visibilizar la violencia y explicar que es un delito que debe ser denunciado. Ellas orientan sobre cómo acudir a la justicia ordinaria.Beltrán resaltó que la tarea de este grupo de mujeres no es fácil, pues en algunos casos las autoridades comunitarias no les dan el suficiente respeto y valoración.

Las promotoras comunitarias son mujeres voluntarias de todas las edades, en algunos casos  féminas que sufrieron algún tipo de violencia y que a raíz de esa experiencia deciden solidarizarse con el resto. “Estamos intentando que en cada comunidad haya una promotora comunitaria, pero eso depende de las autoridades locales”, dijo Beltrán. El artículo 29 de la Ley 348 establece la formación de promotoras comunitarias por parte de la entidad territorial autónoma, pero la única iniciativa que se conoce es la de UNFPA.

‘A la niña la violación le causó un trastorno’: Maestra de la víctima

Soy la maestra de la escuela de la comunidad y acá se ha dado un caso de violencia sexual que nos sorprendió a los profesores. Ella era mi alumna, cursaba el 1° de secundaria, le gustaba estudiar, era tranquila, pero el abuso sexual por parte de su papá le cambió la vida. Ella cambió de repente, ya no compartía con sus amigos, se aislaba. Hubo comentarios de que era víctima de abuso sexual y quise ayudarla, pero ella no quería hablar, tenía mucho miedo a su progenitor.

Luego nos enteramos de que la madre era cómplice, eso empeoró todo. Pero la niña se animó a denunciar cuando su papá quiso hacer lo mismo a su hermana menor; pero todo eso y la violación le causó un trastorno mental, ella ya no se daba cuenta de lo que hacía y terminaron trasladándola a un hogar de niñas, pero no se hizo nada por ella, se le quitó el tratamiento. La niña tuvo que volver a su casa y ahora corre el mismo peligro de antes: ser violada, su padre está libre. La gente tiene miedo, no denuncia, incluidos nosotros los maestros.

‘Ella decía que ya no quería vivir y que tenía mucho miedo’: Compañera de la víctima

Tenía una amiga de 11 años, al igual que nosotras, pero ella era abusada sexualmente por su papá y nadie se daba cuenta porque él la tenía amenazada todo el tiempo. Su mamá, sus hermanos, absolutamente nadie sabía, solo a mí me llegó a contar parte de su historia.

Ella decía que ya no quería vivir, que ya no aguantaba tanto abuso de su progenitor, que le daba mucho miedo quedarse a solas con su papá, cuando su mamá y sus hermanos salían de su casa.

Su papá le hacía despertar en las noches y la obligaba a ir con él a un lugar un poco alejado de su vivienda. Pero en una de ésas su abuela vio todo y recién es que la familia se enteró de lo que le pasaba, pero aún así ella no quería hablar. Ella ya estaba afectada, vivía muy triste.

Su familia más bien ha denunciado al papá, él estaba encerrado un tiempo pero ha logrado escapar y lo peor es que volvió a su casa para abusar de su hija. Ella no recibe tratamiento ni nada, todos saben lo que le pasó y ahora la vemos poco, no le gusta salir, tiene vergüenza.

‘Quién puede equivocarse y violar a una niña de 7 años’: Médico del municipio

Soy el médico del hospital del pueblo, donde también atendemos a mucha gente que llega de comunidades más alejadas. Un día llegó a emergencias un hombre y una mujer acompañada de su hija, una niña de solo siete años. La pequeña tenía manchas de sangre en la ropa, en la parte de las piernas y su progenitora me explicaba muy asustada que era un sangrado y que la atendamos rápido. La niña había sido violada, la sangre provenía de sus genitales. El hombre que las acompañaba era el tío, estaba muy asustado y nervioso, él admitió que fue quien le causó ese daño a la pequeña.

Entonces, cuando las autoridades le interrogaron aseguró que se había equivocado, que no quería tocar a la niña. Yo me pregunto: qué clase de persona puede equivocarse con una niña de siete años. El personal del hospital llamó a la Defensoría de la Niñez para que se haga cargo del caso, pero la madre escapó con el tío y llevándose a su hija. Quién sabe qué cosas estará pasando esa niña.// La Razón.com

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