Pese al Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, vigente con
ampliaciones desde hace cuatro años y que benefició a 4.118 reos, el número de
presos en las cárceles disminuyó de 13.654 a 13.200 (-3,3%), desde 2012, según
estadísticas oficiales.
El perdón a favor de los presos fue aprobado por primera vez en
diciembre de 2012. Debido a la dificultad en la obtención de requisitos, se
amplió la vigencia de la norma en cuatro ocasiones. El objetivo era llegar a más
privados de libertad y, así, luchar en contra del hacinamiento en penales del
país. Por eso, la última prórroga del perdón llegó incluso a reos condenados por
narcotráfico con ocho a 10 años de sentencia.
Según los datos estadísticos de la Dirección de Régimen
Penitenciario, en 2012 el número de presos era de 13.654; en 2013, 14.761; en
2014, 14.587; y en 2015, hasta la fecha, 13.200, entre sentenciados y detenidos
preventivos.
Proceso. El director nacional de Régimen
Penitenciario, Jorge López, indicó que ante ese número de detenidos se debe
hacer un análisis, ya que si bien el decreto es humanitario y busca beneficiar
a privados de libertad, hay factores que no agilizan el proceso.
“Realmente es un paliativo el decreto. Sin embargo, el sistema de justicia hace que aún tengamos más detenidos preventivos en los centros penales de Bolivia y que los números no bajen en los centros carcelarios. No nos olvidemos de que el tema jurisdiccional está bien ligado a la transformación de los penales. Tenemos que ver que haya una proyección en la Cumbre Judicial para que se emitan algunas políticas para el sector y ayuda”, manifestó.
Sugirió que en la Cumbre Judicial se propongan cambios
estructurales en la Justicia para que evite el hacinamiento en las cárceles.
El 12 de noviembre, el ministro de Gobierno, Carlos Romero,
advirtió que sin la aplicación del perdón judicial, el número de encarcelados en
el país, tal vez, se hubiera elevado a unos 17.400.
También dijo que si los números tienen casi el mismo promedio
es porque “la sociedad es dinámica”. Indicó que la pasada semana detuvieron a 43
personas vinculadas al narcotráfico y, lógicamente, si no hubieran medidas,
habría más presos en los penales.
López reveló que de los 13.200 internos, al menos el 78% no
tiene sentencia (10.296), es decir que son detenidos preventivos. Añadió que
ante esta problemática en los recintos carcelarios, el Gobierno trabaja para
erradicar el hacinamiento, por eso se emitió el indulto, que es considerado una
medida a corto plazo de solución, además se pedirá la intervención y
coordinación con los gobiernos subnacionales para que éstos hagan la ampliación
y el mejoramiento de las cárceles.
“Por ejemplo, ya se pactó con la Gobernación de Beni que se
comprometió a otorgar 5 millones de bolivianos para trabajar en el penal de
Morros Blancos. También en Cochabamba (el gobernador) se comprometió para la
ampliación de El Abra”, dijo sin precisar el monto de este último.
Una de las causas para que el indulto no se aplique en su
totalidad fue la dilación de trámites, por eso el 11 de noviembre el director
general del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), David Tezanos,
denunció que jueces y funcionarios de Régimen Penitenciario obstaculizan los
pedidos de reos que quieren acogerse al indulto porque interpretan la norma de
forma restrictiva.
Plan boliviano coincide con el de la UNODC
El delegado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Antonino de Leo, aseguró que el plan del Gobierno de
Bolivia para la lucha contra el hacinamiento carcelario coincide con el de este
organismo internacional, aprobado en septiembre.
De Leo explicó que la UNODC presentó en el ámbito mundial su
estrategia 2015-2017 para abordar la crisis penitenciaria global, en la que se
destaca como objetivos principales reducir el hacinamiento y el uso del
encarcelamiento de personas; mejorar las condiciones de reclusión con base en
los derechos humanos; y apoyar programas de reintegración social para las
personas privadas de libertad, con la inclusión de iniciativas de asistencia
pospenitenciaria.
El director general de Régimen Penitenciario, Jorge López, dio
a conocer el plan borrador de implementación de medidas para reducir el
hacinamiento carcelario. El plan estratégico incluye medidas de corto plazo que
tienen como el indulto y amnistía. A mediano plazo se destaca la necesidad de
trabajar con el Órgano Judicial para rebajar la cifra de detención preventiva.
Por último, a largo plazo, se busca trabajar en una política criminal que sea
coherente.
De Leo recomendó a las autoridades bolivianas que elaboren el
Plan Estratégico Nacional Reforma Penitenciaria de la Dirección Nacional de
Régimen Penitenciario 2016-2020 de manera participativa e integral.
Indicó que se debe involucrar en el trabajo interministerial e
interinstitucional a legisladores y autoridades judiciales, entre otros
operadores de justicia, además de personalidades académicas y organizaciones de
la sociedad civil que estén involucradas en la temática.
Labor para enfrentar el problema
Trabajo
El delegado de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito (UNODC), Antonino de Leo, destacó el trabajo que hace Bolivia
para reducir el hacinamiento que hay en cárceles.
Cumbre
Plantean analizar esta temática en la Cumbre Judicial que
todavía no tiene fecha.
Perdón judicial en las cárceles
1 Primera ampliación 5 de marzo de 2013
Tras la aprobación del Decreto Presidencial de Indulto por
razones humanitarias, el 20 de diciembre de 2012, se tomó la determinación de
ampliar la vigencia por seis meses más, ya que los tres meses de plazo impidió a
reclusos completar sus requisitos y trámites.
2 Segunda ampliación 12 de septiembre de 2013
El presidente Evo Morales firmó la ampliación de la vigencia,
por un año, del Decreto Presidencial de Indulto a favor de las personas privadas
de libertad que tengan sentencias menores a ocho años por delitos menores y
estén por dilación de juicio.
3 Tercera ampliación 18 de septiembre de 2014
El Decreto Presidencial vuelve a tener vigencia de un año más
en favor de quienes guardan detención por delitos menores con sentencia igual o
menor a ocho años y detenidos preventivos que hubiesen permanecido por más de
cuatro años en la cárcel.
4 Cuarta ampliación 7 de julio de 2015
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la
ley que amplía el trámite de concesión de la amnistía e indulto parcial y total
por razones humanitarias. Esta medida se da un día antes de la llegada del papa
Francisco a Bolivia.// La Razón.com
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