EL GOBIERNO APROBÓ EL DECRETO SUPREMO 2528 QUE ESTABLECE
CAMBIOS
El Decreto Supremo 2528, promulgado el 23 de septiembre por el
Gobierno, establece que militares y policías del país deben presentar su
declaratoria de bienes y rentas cada año y no cada cinco, como ahora.
La norma aprobada hace ocho días modifica el artículo 5 del
Decreto Supremo 1233, de mayo de 2012. La parte II señala "La presentación (de
la declaratoria) se deberá llevar a cabo de acuerdo a las siguientes frecuencias
(...) b) Anualmente para el resto (...) incluidos los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Boliviana”.
Según la norma, las declaratorias serán presentadas por los
"Oficiales de las Fuerzas Armadas, así como generales, jefes y oficiales de la
Policía Boliviana, a partir del 1 de enero de 2016”.
Asimismo,
"suboficiales, sargentos y empleados civiles de las Fuerzas Armadas y
suboficiales, sargentos, cabos y policías de la Policía Boliviana deberán
presentar su declaratoria a partir del 1 de enero de 2017”.
La aprobación de este decreto surge después de que en enero de
este año el Ministerio de Transparencia entregó a la Fiscalía 50 declaraciones
juradas irregulares de policías, jueces y fiscales.
La entonces ministra de esa cartera, Nardi Suxo, pidió que se
investigue a los uniformados y funcionarios judiciales hasta las últimas
consecuencias.
El decreto aprobado señala también que las servidoras y
servidores públicos que, sin desvinculación de la entidad a la que pertenecen,
cambien de frecuencia de acuerdo con las disposiciones anteriores, "comenzarán a
declarar en la nueva frecuencia a partir del siguiente año al cambio
mencionado”.
A diferencia de la norma actual, el decreto 1233 de 2012
establecía que los militares y policías sólo presenten su declaratoria de bienes
y rentas "durante el año que les corresponda postular al ascenso de grado
(...)”.
Además la nueva normativa indica que "no se actualizará la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al mes de nacimiento en el
mismo año en que la servidora o servidor público ha ingresado a la entidad”.
El decreto aprobado sostiene que las servidoras y servidores
públicos podrán presentar declaraciones juradas de bienes y rentas "durante el
ejercicio del cargo en forma voluntaria”.
La exministra Suxo sostuvo en enero que el trabajo realizado
para detectar las irregularidades se basó en la verificación de 105
declaraciones de funcionarios públicos, entre ellos 35 casos de la Fiscalía, 35
del Órgano Judicial y 35 de la Policía.
En el primer informe del Ministerio de Transparencia se
identificó 18 casos de jueces, 20 casos de fiscales y 12 de policías, todos los
uniformados con grados altos.
Suxo pidió que se los investigue a todos por los delitos de
omisión de declaraciones juradas de bienes y rentas, enriquecimiento ilícito,
falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, entre otros. El fiscal
general Ramiro Guerrero, formó una comisión para la pesquisa.
Lo que se indaga
Montos La investigación dio a conocer que
había fiscales que ingresaron a trabajar con 1.900 bolivianos en 2000 con un
patrimonio de 140 mil. No obstante, tras 13 años sus bienes subieron a 646 mil.
En casos de policías implicados hay bienes de un millón de bolivianos a pesar de
tener un salario de 2.800 bolivianos al mes. Diez años antes, su patrimonio era
de 427 mil bolivianos.
Comisión El fiscal general Ramiro Guerrero conformó en enero
una comisión para que investigue las fortunas de fiscales en todo el país. Luego
de realizar diferentes diligencias, a mediados de año se intervino la Fiscalía
de La Paz y al menos 13 fiscales fueron destituidos por denuncias de corrupción,
retardación, entre otros delitos y faltas.// Página Siete.bo
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