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La aprobación en la Cámara de Diputados del primer juicio de responsabilidades, en contra de las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), tiene propósitos enteramente políticos para “descabezar” al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y someterlo al Órgano Ejecutivo para garantizar, de esta forma, la reelección indefinida de Evo Morales, dijo Efrén Choque, presidente del TCP.

Choque expresó su solidaridad con las dos magistradas suspendidas y dijo que este proceso iniciado por la Cámara de Diputados vulnera el Estado de Derecho constitucional.

“Creo que lo único que han hecho las magistradas es cumplir sus tareas jurisdiccionales. Se ha vulnerado el Estado de derecho constitucional, en este caso, del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque hacia adelante sentimos que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica”, afirmó Choque.

Posturas encontradas se suscitaron en esta coyuntura entre los magistrados del Tribunal Constitucional a consecuencia de este fallo de la Cámara de Diputados, por una parte Chánez acusó al magistrado Rudy Flores de haber coordinado esta acusación y proceso con el Gobierno con el fin de volver a la presidencia del TCP.

La crisis judicial en Bolivia“Esto ha sido gestado y coordinado dentro el Tribunal Constitucional por el doctor Rudy Flores”, afirmó Chánez.

Por su lado, Rudy Flores afirmó que tales aseveraciones no responden a la realidad, más bien son consecuencia de una situación llevada por las emociones del momento, aspecto que es del todo comprensible.

“Mi persona no tiene nada en contra de la magistrada Chanéz al contrario ha sido una persona que ha trabajado con absoluto respeto”, afirmó.

En tanto el TCP espera una notificación oficial de la suspensión de ambas magistradas para proceder a la habilitación de sus suplentes. En lugar de Ligia Velásquez asumiría Juan Oswaldo Valencia y en el caso de Soraida Chánez, Zenón Bacarreza.

En tanto, el magistrado Gualberto Cusi desde su lecho de recuperación afirmó que con este proceder queda demostrado que el propósito tanto del Legislativo como del Ejecutivo es buscar la elección indefinida del presidente y candidato Evo Morales del Movimiento Al Socialismo.

“De eso no hay duda. Para qué nos harían proceso, para que nos harían juicio de responsabilidades si es que no tienen objetivos políticos. Al Gobierno no le gusta la gente que se oponga, que opine distinto. Si ahora está pasando esto con los miembros del Tribunal Constitucional mañana será con cualquier otra persona”, afirmó.

SUSPENSIÓN

La madrugada de ayer la Cámara de Diputados decidió la suspensión de las magistradas del TCP, Ligia Velásquez y Soraida Chanéz, para posibilitar un juicio de responsabilidades en su contra, por haber paralizado la aplicación de la Ley del Notariado mediante un Auto Constitucional.

Velásquez y Chánez, que fueron electas por voto popular el 16 de octubre de 2011, se constituyen en las primeras autoridades del período del Estado Plurinacional en ser sometidas a un juicio de responsabilidades.

Fueron 55 diputados que votaron en favor de la suspensión y el juicio de responsabilidades contra las magistradas, y 22 legisladores se opusieron. Entre tanto, los miembros de las comisiones de Justicia Plural, Derechos Humanos y Constitución no emitieron su criterio final por ninguna de las dos opciones porque ellos fueron quienes elaboraron la proposición acusatoria.

Hasta el próximo 7 de agosto, la Cámara de Diputados tiene que presentar la acusación y las pruebas al Senado para que en esa instancia legislativa se conforme el Tribunal de Sentencia para juzgar a las dos acusadas.

La denuncia contra las magistradas la pusieron las notarias Stenka Udaeta y Norka Soto, que el pasado 4 de junio formularon su reclamo oficial porque supuestamente incurrieron –al igual que su colega Gualberto Cusi– en los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución.

En octubre de 2011, bajo la nueva CPE, 5.243.375 ciudadanos bolivianos eligieron mediante voto democrático y por primera vez en la historia nacional a autoridades del Órgano Judicial.

Eran 115 postulantes que en una papeleta de cinco columnas candidateaban para asumir cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

 

Ley de Notariado enfrenta a dos poderes del Estado

Dos poderes del Estado se encuentran enfrentados en el país por la Ley de Notariado, conflicto que derivó en la aprobación en la Cámara de Diputados del primer juicio de responsabilidades contra las magistradas Soraida Rosario Chánez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, siendo calificado el hecho como una vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE).

Para el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, la acción de legisladores tiene propósitos enteramente políticos para “descabezar” al TCP y someterlo al Órgano Ejecutivo que garantizaría de esta forma la reelección indefinida del presidente Evo Morales.

Entretanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, aseguró que el inicio de juicio de responsabilidades contra dos magistradas del Tribunal Constitucional es por haber aprobado la suspensión de la Ley de Notariado, aspecto que provocó muchos inconvenientes en los trámites de las notarías civiles. Negó que este proceso judicial sea político.

Por otro lado, las magistradas del Tribunal Constitucional (TC) Soraida Chánez y Ligia Velásquez, anunciaron que se defenderán en el ámbito judicial y presentarán una apelación para evitar el juicio de responsabilidades.// El Diario (NET)

 

Oficialismo procesa a los que allanaron la reelección

Poco y nada sirvió el haber allanado el camino para aprobar una nueva reelección del presidente Evo Morales, pues ahora las magistradas Ligia Velásquez y Soraide Chanez, están siendo procesadas.

Chanez se excusó durante la votación en la que se consideró la legalidad de la reelección presidencial, mientras que Velásquez votó a favor. Ahora ambas enfrentarán un juicio de responsabilidades impulsado por la mayoría oficialista en el Legislativo.

Las autoridades judiciales cuestionadas son procesadas bajo los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, debido a la emisión de un Auto Constitucional que obligó la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.

Aunque para las aludidas y para la oposición, la determinación del oficialismo responde a otros fines políticos.
Polémica. Para el candidato a la vicepresidencia por Unidad Demócrata (UD), Ernesto Suárez, la acción del Gobierno radica en la importancia que tienen de manera temporal sus funcionarios.

"El Gobierno se ha dado cuenta que esas ya no le sirven y por eso las hacen a un lado, no es la primera vez que pasa. Se está politizando a la justicia", dijo.

El diputado opositor Alex Orozco dice que se está cometiendo una nueva "aberración".

"Es la segunda aberración más grande desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la justicia, la primera fue elegir autoridades judiciales del tribunal con consigna política, militancia política del Movimiento Al Socialismo", dijo.

Sin embargo, para la actual diputada de oposición y vocera del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jessica Echeverría, el enjuiciamiento de las magistradas tiene la intención de eliminarlas del camino para viabilizar la reelección indefinida de Morales.

"Ellos quieren el regreso de Ruddy Flores, quien ha sido tan cuestionado por su parcialidad con el partido de Gobierno. Este Gobierno utiliza el parlamento para manejar la justicia", manifestó Echeverría.
Posiciones. Como respuesta a las acusaciones y declaraciones por parte de la oposición, el vicepresidente Álvaro García Linera negó que tal acción tenga afanes políticos.

Calificó como una "aberración" la decisión de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chanez, de dejar en suspenso la Ley del Notariado Plurinacional. "Esto ha tenido que suceder, ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada desde cualquier ámbito de la justicia. El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la Ley, pero paralizó la Ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza", dijo desde Cochabamba.
Afectadas. Ante esta situación, las afectadas afirman estar enfrentando un juicio político. "Es un proceso político, porque estamos siendo juzgados por una instancia política (…) Se ha quebrantado la institucionalidad y la seguridad jurídica y el estado democrático constitucional de derecho en el cual se basa la Constitución", sostuvo Velásquez.

A su turno, Zoraida Chanez aseguró que presentarán la apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, porque consideran que sus derechos y la independencia de poderes fueron vulnerados.

"Vamos a apelar, esta misma tarde vamos a presentar (la apelación) o a más tardar mañana miércoles. Al suspendernos esto demuestra que se está atentando contra el Tribunal Constitucional  y  el  Estado de Derecho".
Justicia. Sin embargo, no solo la oposición y las afectadas en este caso se han manifestado en contra de la acción del órgano legislativo, pues también lo hizo el mismo TCP y el Colegio de Abogados.

El presidente del TCP, Efrén Choque, señaló que la decisión de la Cámara de Diputados de iniciar un juicio de responsabilidades contra las magistradas vulnera el Estado de derecho constitucional. "Creo que lo único que han hecho las magistradas es cumplir sus tareas jurisdiccionales. Se ha vulnerado el Estado de derecho constitucional, del Tribunal Constitucional en este caso, porque hacia adelante sentimos que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica", manifestó Choque.

Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados, considera que es un atentado a la independencia de la justicia. "Se está vulnerando el debido proceso de la presunción de inocencia, no se está respetando la institución judicial", puntualizó el jurista.

"Es un proceso político, porque estamos siendo juzgados por una instancia política. Se ha quebrantado la institucionalidad, la seguridad jurídica y el estado democrático constitucional de derecho en el cual se basa la Constitución".

Ligia Velásquez
Magistrada Afectada

"Esto ha tenido que suceder, ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada en el ámbito de la justicia.
El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la Ley, pero paralizó la Ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza".

Álvaro García
Vicepresidente


Reacciones

Sustitutos
Las magistradas suspendidas ya tienen sustitutos.
Juan Oswaldo Valencia Alvarado y Zenón Hugo Bacarreza Morales, son los magistrados que asumirán la titularidad.
Protección
Magistradas afectadas están protegidas por normas internacionales. "¿En qué país se ha visto que los magistrados del Tribunal Constitucional sean procesados por emitir autos y resoluciones?, esto está expresamente determinado en normas internacionales que indican que no se puede procesar por criterios que se puedan emitir en las sentencias”, explicó.

Errores

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo que fue un error elegir mediante voto popular a los magistrados del Órgano Judicial, porque no se han logrado los cambios que esperaba la población boliviana en el sistema judicial.

Vacío jurídico

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, aseguró que el juicio de responsabilidades contra las magistradas suspendidas del TCP, que aprobó el pleno de esa instancia legislativa, es porque generaron un vacío jurídico al emitir un auto constitucional para suspender la Ley del Notariado.// El Día (BO)

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