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“Usted me prometió un calibre 22”, le reclama en buen tono el cliente de la tercera edad. La vendedora de la tienda legal de armas le explica que hace un tiempo se acabaron y que recién se está por importar un stock, pero que no se sabe cuándo saldrán de la Aduana ni cuál será su precio, porque están a la espera del reglamento de la nueva Ley de Armas.

El hombre, alto y delgado, comenta que tiene un revólver calibre 38, pero que es muy pesado para portarlo, por lo que quiere un calibre 22 para defensa personal. De todos modos, como parte de su tradición familiar, tiene armas de cacería y se declara experto en la caza de caimanes. Mientras llega su encargo, decide llevarse una caja de balas para cazar jochis, zorros y otros animales.

Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de enero a la fecha 2.190 armas han sido registradas en Santa Cruz dentro del proceso de regularización o amnistía que se dio, hasta el 18 de marzo, en el marco de la nueva Ley de Armas aprobada en septiembre de 2013. Esa cifra es mucho mayor al registro que comúnmente existía, admite la Policía.

La ausencia de armas en el mercado legal, el encarecimiento de estas y los controles policiales han provocado el aumento de esta regularización, que implica hacer un nuevo trámite para la tenencia legal del arma, aunque ya la hubiese registrado años anteriores. La mayor parte de las armas es para cacería, pero también hay para defensa personal.

Armas en BoliviaSegún la División de Registro de Armas de la Felcc, una vez presentados todos los documentos previos exigidos para el registro del arma (ver recuadro), la autorización se la entrega en 24 horas. El costo es de Bs 250, aunque los papeleos previos pueden llegar a costar unos Bs 200 adicionales.

El jueves encontramos al propietario de una escopeta calibre 12 de cacería y tiro deportivo que hacía trámites en la Policía para regularizar la tenencia del arma, ya que su permiso había caducado. Según dice, todo el papeleo le costará Bs 530.

La Felcc considera que la gran  vinculación con actividades del campo hace que en Santa Cruz se dé una mayor demanda de autorizaciones. Propietarios de tiendas de caza y pesca consultados por EL DEBER estiman que al menos el 50% de los hogares tiene algún tipo de arma, legal o ilegal.

Prohibición y mercado ilegal

En 2008, el Decreto Supremo 29747 prohibió la importación de armas a Bolivia. Desde entonces las tiendas de caza y pesca se quedaron casi sin armas, artículos que eran gran parte del negocio. Esa es la situación de la Importadora Daher, que desde hace dos meses gestiona la importación de armas de EEUU  y Europa, en el marco de la nueva ley que anuló el decreto; sin embargo, está a la espera de la aprobación del reglamento de esa norma, que especificará los requisitos para vender. Hasta ahora uno de los requisitos indispensables era el certificado de antecedentes policiales, pero se prevé que la nueva legislación sea más exigente.

El dueño de otra de las tiendas, que ya lleva años en el mercado pero pidió reserva de su nombre, explica que el pedido que hizo a EEUU posiblemente llegue a fines de mayo. Justo cuando se aprobó el decreto de prohibición había hecho un pedido de un contenedor de cartuchos de España, pero tuvo que devolverlo. También paró la representación de una nueva línea de armas y municiones.

El propietario considera que los más perjudicados son quienes viven de las actividades del campo o se dedican a la cacería, sobre todo en épocas como abril y mayo, temporada de aves. Hoy, en las trancas de las carreteras, suelen exigir con más frecuencia el permiso para portar armas. La persona que no la adquirió en una tienda legal, no puede registrarla en la Policía, porque la factura es un requisito indispensable.

Mientras eso sucede en las tiendas legales, el precio de las armas en el mercado negro se disparó ante la creciente demanda. Fuentes relacionadas al comercio aseguran que una escopeta que antes costaba unos $us 500 ahora está en $us 1.200 a 1.500. Un rifle marly, calibre 22, de cacería, vale $us 1.200 traído del Paraguay, lo que antes no costaba ni $us 400. Hasta una pistola 9 milímetros, cuya venta está prohibida, puede encontrarse en unos $us 1.000 cuando antes costaba la mitad.

Incluso las municiones sufrieron un alza. El paquete de balas de un rifle calibre 22 que antes se vendía en una tienda legal en Bs 22, ahora está en el mercado negro en Bs 100.

La facilidad con la que se venden balas también es un hecho. A solo tres cuadras de la plaza principal 24 de Septiembre la vendedora de un bazar entregó un paquete de 50 municiones por Bs 100, sin pedir ningún documento ni preguntar el uso que se le iba a dar. Eso sí, aclaró que no daba factura.

EL DEBER también visitó el sector de los Cachivachis, en el mercado Los Pozos, donde los comerciantes evitaron mostrar cualquier arma, pero comentaron que una pistola calibre 22 está entre Bs 2.000 y 3.000, lo que hace unos años costaba unos $us 100 (Bs 696).

La misma Felcc reconoce el comercio ilegal en algunos mercados de la ciudad, aunque dice que hace controles. Hace poco se incautaron varios fusiles calibre 5.56 de contrabando en un operativo en San José de Chiquitos y que al parecer su destino era Brasil. En Bolivia está prohibido la comercialización de armas calibre .38 para arriba.

Fuentes ligadas al tema de armas dicen que los contrabandistas internan al país municiones desde Argentina y armas desde Paraguay.

Menos arreglos de armas

Hasta antes de la prohibición de importación de armas, Víctor Hugo Murillo solía arreglar un promedio de 30 salones o escopetas al mes, ahora esa cifra oscila entre 10 y 15 al mes.

Este armero, que tiene más de 20 años de experiencia en el oficio, muestra las autorizaciones de la Alcaldía, el Servicio de Impuestos y la Policía que tiene colgados en su pared de su negocio ubicado en el primer piso del mercado Mutualista. Incluso suele hacer el niquelado de armas, especialmente a las de policías.

Murillo está consciente de que debe exigir estos documentos, por lo que en su taller tiene fotocopias cédulas de identidad y certificados de registros de armas de fuego de las personas que le solicitan un servicio. Según dice, muchos de sus clientes son mujeres que piden el arreglo de armas que llevan al campo para sus empleados. El armero cree que quien  porta un arma debe tener al menos 20 años de edad y haber ido al cuartel.// El Deber (BO)

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