Auténtica. Así es la carta "al pueblo de Bolivia" que mandó el exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, desde el Brasil, en la que dice que fue utilizado por el Gobierno para involucrar a líderes cruceños autonomistas. Esa afirmación fue hecha ayer por el abogado Otto Ritter, defensor del militar retirado Gary Prado, quien estuvo en el vecino país, la semana pasada donde el exrepresentante del Ministerio Público tiene refugio temporal por seis meses.
El 21 de marzo del 2014, la "escrivente" (Notaria de Fé Pública) Vanilda Mendonca Santos Feitosa certifica que la firma que aparece en la carta, le corresponde al boliviano Marcelo Ricardo Soza Álvarez, con Cédula de Identidad 3980255, de profesión abogado.
Asimismo, el traductor autorizado Florisvaldo J. Machado Goncalvez también avala la originalidad del contenido de la misiva "Ao Povo da Bolivia".
Ante la Cancillería. “Hoy día, ya podemos decir con absoluta certeza que la carta es de Soza. La carta fue presentada ante un notario, fue debidamente legalizada en el Brasil, inclusive la Cancillería brasileña ha legalizado esos documentos y presentado en la Embajada, en el Consulado boliviano para su legalización correspondiente, motivo por el cual ya no se puede hablar de presunta carta, sino de una carta de Marcelo Soza”, explicó el abogado.
Acciones legales. “Todos los excesos que se han cometido no son mi responsabilidad, como el operativo en Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, (el 16 de abril del 2009) donde murieron tres ciudadanos europeos. Eso es responsabilidad de las autoridades que decidieron llevar adelante ese operativo, quienes nunca me consultaron estas acciones”, dice uno de los párrafos de la carta de dos páginas que tiene fecha 11 de marzo, cuando Soza pidió asilo.
En ese sentido, Otto Richter ahora pedirá la formación de una comisión de fiscales para que se traslade a Brasil para tomar declaraciones a Soza.
“En base al Artículo 335 del Código de Procedimiento Penal se pedirá una comisión especial que vaya al Brasil a tomar declaraciones a Soza, que vayan los jueces por prueba extraordinaria”, apuntó a tiempo de anunciar que con la autentificación, fundamentarán el pedido de extinción del caso por defecto absoluto, pues se trata de una demostración que el caso fue un montaje.
'Gabinete jurídico' atendía juicios contra opositores
El exfiscal Edward Mollinedo reveló ayer desde la cárcel de Palmasola que un "gabinete jurídico" del Gobierno se encargaba de planificar la estrategia legal a seguir en algunos casos llamados emblemáticos, gran parte de ellos contra los opositores al régimen de Evo Morales.
Según el abogado Gary Prado, defensor en el caso Rózsa, le llamó la atención que Mollinedo haya mencionado que participó en ese gabinete en el que le hacían seguimientos a procesos como Terrorismo 1 y 2, caso Porvenir, caso La Calancha, caso Racismo y procesos judiciales contra gobernadores opositores de Tarija, Beni y Santa Cruz, que eran considerados "de interés general".
Voces embargadas. Mollinedo pidió acogerse a la "protección de testigos" para continuar hablando sobre cómo desde el Poder Ejecutivo, por medio de ese "gabinete jurídico" se canalizaba la injerencia hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin embargo calló al no escuchar el aval de la comisión de fiscales integrada por Rose Marie Barrientos, Cándido Blanco y Mabel Andrade.
De igual manera concurrieron a declarar ayer los exabogados del Gobierno y ahora implicados en el presunto caso de Extorsión seguido por Jacob Ostreicher, Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas, sin embargo, estos pidieron que se le suspenda el deber de callar secretos de Estado, consignado en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal.
Rivera y Rodas fueron los abogados que plantearon la querella contra los supuestos implicados en el llamado caso Rózsa.
Ellos también son nombrados por el exfiscal Marcelo Soza como los que se prestaron a armar el llamado montaje.
Hay hermetismo. Carmen Eva Gonzales, la senadora opositora y promotora del caso de presunta extorsión de Soza, expresó ayer su preocupación por el rumbo extraño que están tomando las investigaciones, pues observó que existe hermetismo.
En la declaración de ayer inclusive parecía que los fiscales tenían la intención que los declarantes no revelen nada.
Agrupación NPC:
Pide el cese inmediato del 'juicio ilegal'
Caso Rózsa. La agrupación Nuevo Poder Ciudadano emitió un pronunciamiento público donde exige "el inmediato cese de este ilegal juicio", debido a los "innumerables vicios procesales" y las evidencias de manipulación del proceso.
El documento. La carta de NPC es firmada por el senador Germán Antelo y otras autoridades electas de dicha agrupación.
Juicio paralizado. El juicio del caso Rózsa que debió iniciarse ayer en Santa Cruz, fue suspendido y el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz devolvió el expediente porque las hojas están mal contadas en la recusa que está pendiente.// El Día (BO)
Abogado Ritter: Soza salió por Perú con ayuda del Gobierno
Otto Ritter, abogado de algunos de los acusados en el caso terrorismo, informó ayer que -en un encuentro casual en un centro comercial de Brasil- el exfiscal Marcelo Soza le reveló que gente del gobierno de Evo Morales lo ayudó a salir del país hasta Perú, y de ahí debía trasladarse hasta Venezuela o Argentina.
"Él (Soza) me contó que fue gente del Gobierno que lo había sacado hasta Perú y de ahí debía tomar la decisión de irse a Venezuela o Argentina, pero determinó irse a Brasil. Me dijo que si iba a Venezuela, lo iban a matar”, informó Ritter, y dijo que el encuentro se produjo cerca de las 11:00 horas del pasado jueves.
De acuerdo con la versión de Ritter, el exfiscal Soza le manifestó que el Gobierno lo sacó del país porque era insostenible protegerlo. "‘Ya no queda más que detenerte, entonces es mejor que te vayas de aquí y nosotros te dejamos hasta Perú y de ahí andate a Venezuela o a Argentina. Nosotros vamos hacer que te buscamos, pero no te vamos a buscar’, así me dijeron”, le habría revelado Soza.
En su charla de cinco minutos -según Ritter-, Soza le indicó que se arrepentía de haberse prestado al Gobierno y que todos tengan la certeza de que nunca extorsionó a nadie. "Yo nunca he extorsionado a nadie. Otros extorsionaron a mi nombre. Eso es verdad, pero yo nunca, jamás”, habría mencionado Soza, "nervioso y pálido”, según describió el jurista Ritter.
Ante esas revelaciones, Ritter anunció que solicitará -mediante memorial- que la comisión de fiscales que investiga el caso extorsión se traslade hasta Brasil para que le tome declaraciones a Soza, quien tiene refugio temporal por 180 días hasta que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) resuelva su solicitud de refugio.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, denunció que el encuentro entre Soza y Ritter demuestra que existe un plan para hacer fracasar el caso terrorismo.
"Esto demuestra que todo estaba planificado para que el (caso) terrorismo I y II fracase”, indicó Rojas en conferencia de prensa, y aseveró que Soza tomó los servicios de Fernando Tiburcio, quien defiende al senador de oposición Roger Pinto, asilado político en Brasil desde el pasado año.
Soza huyó del país y pidió refugio el 11 de marzo ante la Policía Federal de Brasil, con el argumento de que era perseguido político y su vida corría peligro porque fue el fiscal que investigó a la presunta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa, quien fue abatido el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.
El exfiscal tiene tres procesos: en Santa Cruz, por el delito de extorsión; en La Paz radica el caso audio; y el tercero fue iniciado por la Fiscalía General, por incumplimiento de deberes y abandono de funciones en el juicio por el caso terrorismo.
Buscan usar la carta de Soza como prueba
Abogados de los acusados en el caso separatismo anunciaron que la siguiente semana iniciarán el último trámite para que la carta del exfiscal Marcelo Soza sea presentada como prueba ante los estrados judiciales para demostrar que el caso terrorismo fue un montaje armado por el Gobierno.
Para que un documento de origen internacional tenga valor legal en Bolivia, debe ser legalizada ante la Cancillería del país origen y la Embajada de Bolivia en ese país. El último paso es que la Cancillería de Bolivia legalice la firma del cónsul o embajador boliviano que validó el documento.
En ese sentido, el abogado Otto Ritter informó que la siguiente semana remitirán al canciller David Choquehuanca una copia validada de la carta de Soza para que legalice la firma del cónsul boliviano en Brasilia.
"Remitiremos la carta de Soza (a la Cancillería). Confiamos que la legalizará. Ahora esperamos que no la pierdan” , dijo Ritter, quien viajó a Brasil para obtener una copia legalizada de la carta del exfiscal Soza.
Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que no viajará ninguna comisión de ministros para pedir al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) que no otorgue refugio o asilo al exfiscal Marcelo Soza.
El 2013, cuando el senador Roger Pinto salió del país a Brasil, una comisión -integrada por la exministra de Justicia Cecilia Ayllón; los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Transparencia, Nardy Suxo- viajó a ese país para pedir que no se otorgue refugio a Pinto.
Dos masistas apoyan auditoría
El diputado Juan Carlos Aparicio y el exviceministro Gustavo Torrico apoyaron la iniciativa de la oposición de realizar una auditoría al caso terrorismo tras las revelaciones que hizo el exfiscal Marcelo Soza.
Aparicio instó a las autoridades a investigar y ver a qué personalidades incluyó el exfiscal Soza dentro del proceso y a quiénes excluyó, con el fin de verificar las razones en las que se fundamentó la acusación en el caso terrorismo, informó la red ERBOL.
Similar criterio expresó el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, quien afirmó que es necesario constatar a qué personas se incluyó dentro de este proceso y cuáles otras quedaron al margen.
"Es importante que se haga una auditoría. Si nos basamos en el libro de Carlos Valverde, deberíamos citar a más de 100 personas y el primero debería ser Carlos Valverde, porque él tenía toda la información y la presentó públicamente”, sostuvo Torrico.
Implicados en caso Ostreicher dispuestos a hablar de Soza
Los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Rodas (detenidos por el caso red de extorsión, que incluye el caso Jacob Ostreicher) pidieron ayer a la comisión de fiscales -que investiga el caso extorsión del exfiscal Marcelo Soza- que convoque al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que levante el "secreto de Estado”, una cláusula que impide a ex o actuales funcionarios de Gobierno hacer ciertas declaraciones.
La comisión de fiscales que investiga el caso extorsión tomó ayer declaraciones en el penal de Palmasola de Santa Cruz a Rivera, Rodas y Boris Villegas –exfuncionarios del Ministerio de Gobierno– y al exfiscal Edward Mollinedo, en calidad de testigos, debido a que fueron mencionados en la carta del exfiscal Marcelo Soza.
Carmelo Terrazas, abogado de Rivera, explicó que su cliente y Rodas pueden revelar "datos confidenciales”, pero que no lo harán hasta que el ministro Romero –como máxima autoridad del Ministerio de Gobierno– autorice y levante el "secreto de confidencialidad”, porque ellos fueron exasesores y apoderados de los ministros de Gobierno.
El artículo 197 del Código de Procedimiento Penal (deber de abstención) establece que "las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen con deberes de secreto y reserva legalmente establecidos. Estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar secreto”.
Rodas, Rivera y Villegas también pidieron a los fiscales los audios presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales, porque cuando fueron difundidos ellos ya se encontraban con detención preventiva en Palmasola.
"Mi cliente quiere saber cuál es la alusión que se le hace en estos audios. Él desconoce los supuestos actos de extorsión que se le investiga a Soza”, dijo Terrazas y aseguró que su cliente "está dispuesto a coadyuvar en todo”.
Mientras Villegas, en su declaración, pidió a los fiscales acogerse a la figura legal de protección de testigos, porque su vida corre peligro.
Por otra parte, la senadora Gonzales pidió a los fiscales acelerar la notificación a Romero para que levante el secreto de confidencialidad y así declaren los tres exfuncionarios.
Revelan existencia de gabinete jurídico
El exfiscal Edward Mollinedo informó a la comisón de fiscales –asignada al caso extorsión de Soza– que él conoció el caso terrorismo y otros en los que están involucrados funcionarios del Gobierno, como miembro de la comisión nacional de fiscales que se creó en 2008 para asuntos de interés de Estado.
De acuerdo con las declaraciones de Mollinedo, la comisión nacional de fiscales formaba parte del gabinete jurídico del Gobierno.
Gary Prado, abogado de uno de los acusados en el caso terrorismo I –que participó de la toma de declaraciones de Mollinedo– señaló que queda la duda de quiénes conformaban ese gabinete jurídico y cuál era la relación entre esta comisión y los abogados del Ministerio de Gobierno.
"Quedaron dudas sobre esta revelación. ¿Quién las creó? ¿Bajo qué normas? Lamentablemente su declaración no avanzó más allá, porque Mollinedo dijo que quería conocer a detalle el contenido de los audios”, dijo Prado.
Anuncian la conformación de comisión de opositores
El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic anunció que varios diputados de la oposición conformarán una comisión de justicia y verdad para impulsar una investigación sobre el rol que cumplieron fiscales, jueces y autoridades del Órgano Ejecutivo en casos polémicos como el de terrorismo.
"Varios diputados de oposición conformaremos una comisión para investigar el rol que cumplieron servidores públicos, sean del Órgano Judicial, del Ministerio Público y juristas del Órgano Ejecutivo, que hayan tenido directa o indirecta participación en todos estos casos como es el caso terrorismo, caso (Fabricio) Ormachea, caso (René) Sanabria, caso Chaparina”, señaló Yaksic.
La semana pasada, el diputado Yaksic solicitó a los presidentes de las cámaras de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, además al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, conformar una "comisión de justicia y verdad” para iniciar "una investigación seria” sobre estos casos polémicos, tras las denuncias y revelaciones del exfiscal Marcelo Soza y del exmayor de Policía Fabricio Ormachea, actualmente preso en Estados Unidos.
"Tenemos que conocer sobre la participación oscura de fiscales, jueces, autoridades del Órgano Ejecutivo (en estos casos)”, manifestó el diputado, que indicó que las investigaciones se realizarán con o sin la participación de legisladores del partido del Gobierno.// Página Siete (BO)
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