La educación técnica en la enseñanza primaria y secundaria es una tarea pendiente para el Estado cuya gestión institucional no está direccionada hacia el logro de resultados en ese campo, dice el antropólogo Juan Carlos García, quien pone énfasis en la tensión entre la racionalidad educativa y la racionalidad productiva que implica este proceso.
García siguió este proceso en su desarrollo institucional y legal desde las experiencias educativas de principios del siglo XX en el país, posteriormente comparó similares condiciones en Argentina y Chile para luego concentrarse en un estudio de caso en el Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Oruro donde la formación técnica se extiende durante cuatro años.
En primaria los estudiantes, todos varones, se familiarizan con distintas técnicas, mientras que en secundaria el estudiante opta por una especialidad. El antropólogo dice que si bien el estudiante puede rendir las pruebas y obtener el certificado de aprobación, eso no significa que esté calificado para ejercer en ese rubro pues “la formación implica una reducida práctica en talleres”.
Otros problemas son que el estudiante acude al taller solo cuatro horas semanales, tiene más enseñanza teórica, escasa cantidad de materia prima para ejercitarse, obligación de llevar su propio material y se limita a realizar tareas secundarias porque solo el maestro manipula los equipos, “por ejemplo en el taller de carpintería, trazar la madera con escuadra, lijar los muebles, preparar la cola de pegar, realizar cortes mecánicos y no así con la cierra circular”.
En un sondeo aplicado a los egresados de 1994 del Colegio Bolívar, ninguno ejerció una actividad laboral técnica porque prima “un mayor interés por la formación profesional en educación superior”, por tanto “formar un oficio cuasi de forma obligada en la educación formal es ir contra la voluntad del sujeto-educando”.
En criterio de García el rol del Ministerio de Educación podría fortalecerse en la articulación de una propuesta de opciones teóricas y metodológicas con posibilidades de implementarse, el fortalecimiento de las experiencias innovadoras existentes y el impulso de prudencia política sobre la base de datos fidedignos de la investigación sociocultural.
Pero en esta materia la agenda viene recargada de iniciativas, como plantea la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, aunque los obstáculos son múltplies: “la carencia de espacios de aprendizaje que superen la dicotomía taller-teoría; la falta de adecuada formación y actualización de los docentes; la desigual calidad y relevancia de las especialidades; la tensión entre la contención e integración de nuevas poblaciones de educandos de primaria y secundaria y la exigencia de resultados en el aprendizaje para la puesta en práctica”.
Para el caso regional de Oruro, el antropólogo considera que en el nuevo currículo en ejecución puede servir de carta de navegación tomando en cuenta las experiencias desarrolladas, aunque poco abordadas por la investigación social y pedagógica.
Como última reflexión, García identifica una tensión entre la racionalidad educativa y la racionalidad productiva, “la tensión esencial de la educación técnica primaria-secundaria, constituida por los establecimientos educativos con un doble propósito: preparar para estudios superiores y proveer a los alumnos de competencias de empleabilidad que les permitan desempeñarse en puestos calificados del mercado laboral”.
El ensayo de Juan Carlos García Pacheco titula “Visión de la Educación Técnica en el marco de la Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
Bibliografía sugerida sobre el tema:
La educación técnica y producción en Bolivia. Lizárraga, Kathlen; Neidhold, Christian. PIEB. 2011.
Tendencias de la Educación Técnica en América Latina: Estudios de caso en Argentina y Chile. Gallart, María Antonia, et.al. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación-UNESCO. 2003.// PIEB
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