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El alcalde electo de Potosí, René Joaquino, después de dos años de su cesación, es la primera autoridad, de las casi 100 que fueron suspendidas en el país, que retomó ayer su cargo, una vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMDA). Estos funcionarios fueron temporalmente alejados de sus cargos a sola acusación formal del Ministerio Público.

El Concejo Municipal de Potosí, a través de una resolución, aprobó ayer por la tarde la restitución como alcalde del también jefe nacional de Alianza Social (AS) con cinco votos a favor, de los cuatro concejales de AS y uno de Unidad Nacional. Los cuatro concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) votaron en contra y pidieron hacer una consulta al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el presidente del TCP, Rudy Flores, negó que la sentencia constitucional que declaró ilegales cuatro artículos de la LMDA haya sido una respuesta al recurso planteado por el diputado Tomás Monasterios, de Convergencia Nacional (CN), y que fue más bien al que presentaron los senadores Centa Lothy Rek López y Germán Antelo Vaca.

El líder potosino opositor al Gobierno, suspendido hace más de dos años, aseguró que no iniciará acciones legales para solicitar un resarcimiento por el daño que sufrió ni contra quienes le alejaron del cargo amparados en una norma inconstitucional. “Sólo quiero mirar el futuro y trabajar para el beneficio de mi pueblo”, indicó Joaquino.

Política de BoliviaCentenares de personas sacaron en hombros a la autoridad desde el Concejo Municipal y lo trasladaron hasta su despacho.

Joaquino fue suspendido de la Alcaldía en 2010 bajo la acusación de haber comprado maquinaria y vehículos de forma irregular.

Joaquino, que nunca renunció de forma oficial a su cargo, destacó que retornaba sin cargo o proceso judicial pendiente, debido a que la sentencia dictada en su contra fue anulada.

Su regreso desafía al Ejecutivo, cuyo ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que los fallos del Tribunal Constitucional no son retroactivos. Todas las autoridades electas que fueron alejadas de sus cargos esperan correr con la misma suerte de Joaquino.

En las próximas horas podrían reasumir sus cargos el alcalde del municipio de La Guardia, Jorge Morales, el alcalde de Warnes, Neils Carmona, el alcalde de San Ignacio de Velasco, Erwin Méndez, entre otros. Hay expectativa sobre el retorno del gobernador suspendido de Tarija Mario Cossío, quien se encuentra refugiado en Paraguay.

La declaración de inconstitucionalidad abarca a cuatro artículos de la Ley de Autonomías que permitían la suspensión de una autoridad si un fiscal presentaba una acusación formal simple.

“El Tribunal no se pronuncia en ninguno de los términos de la sentencia respecto a un caso particular y los daños o cualquier situación emergente en el trámite de cada caso”, puntualizó ayer el presidente del Tribunal Constitucional, Rudy Flores, con relación al prodecimiento que deben seguir las autoridades afectadas por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, para su restitución.

Agregó que cada caso deberá tratarse ante la instancia correspondiente, que en algunos casos puede ser judicial y en otros, administrativa, en referencia a los órganos legislativos municipales y departamentales en los que se tramitó la suspensión de cada alcalde y gobernador.

En el caso de René Joaquino, el primer opositor que decidió retornar a su cargo institucional, éste ha solicitado su restitución ante el Concejo Municipal de Potosí, en el que su partido tiene la mayoría.

Joaquino nunca llegó a renunciar a su cargo, pero otras autoridades que sí lo hicieron tras ser depuestas lo tienen más complicado para recuperar su lugar institucional, como es el caso del alcalde de Sucre, Jaime Barrón, también destituido en el 2010 porque presuntamente discriminó a unos campesinos dos años antes.

Otro caso es el del exgobernador de Beni Ernesto Suárez, que en 2011 fue depuesto por acusaciones de corrupción y renunció al cargo para viabilizar una nueva elección.

Diputado ratifica su denuncia

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores, afirmó ayer que el diputado Tomás Monasterio (CN) se “atribuyó” la sentencia constitucional que declaró ilegales algunos artículos de la Ley Marco de Autonomías, y sostuvo que el recurso objeto del fallo fue planteado por otros dos parlamentarios.

Asimismo negó que hubiese retardación de justicia en el trabajo de ese órgano jurisdiccional e instó al diputado a probar sus denuncias las cuales, dijo, serán también respondidas en las instancias que correspondan.

El aludido diputado, se ratificó en que si existe retardación de justicia y aseguró que continuará con las acciones legales contra el magistrado donde demostrará sus denuncias, pero desafío a Flores a renunciar no solo a la presidencia sino también a su cargo de magistrado si le prueba todas sus acusaciones.

Monasterios dijo que las “amenacitas” del presidente del TCP son un acto de amedrentamiento, cobardía y persecución, pues el tema de fondo es la declaración de inconstitucionalidad de los cuatro artículos de la Ley de Autonomías y no cual de los recursos presentados contra la ley fue resuelto, si el interpuesto por los senadores Centa Rek y Germán Antelo o la que él presentó.

Dijo que hay una retardación en la resolución de los recursos, no se cumplen los plazos fijados en la ley  y extrañamente la sentencia conocida el miércoles, la 2055/2012 fue emitida el pasado año.

Flores anunció ayer que se procesará al diputado opositor porque acusó a esta instancia de retardación de justicia, por presuntamente retrasar la publicación del fallo, en una demanda que él ni siquiera presentó “Quiero aclarar que esta acción y esta sentencia responde a la acción presentada por los senadores Reck y Antelo, fue presentado respecto a más de 59 artículos”, dijo.

Restitución no es “automática”

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, precisó ayer que la restitución de las autoridades que fueron suspendidas en cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías, no es ‘automática’, sino debe seguir un ‘procedimiento’.

“En todo caso tendría que volver, pero la persona interesada tiene que presentar una solicitud, ese procedimiento debe ser considerado dentro del concejo municipal o de la asamblea departamental y si ese tema de restitución le es negado, puede presentar un amparo para hacer valer sus derechos, pero no es algo automático’, indicó en entrevista con Unitel.

Peña se refirió a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías Departamentales (LMAD) que disponen la suspensión de autoridades democráticamente electas a sola acusación formal dentro de un proceso penal.

Peña justificó que se debe seguir un procedimiento para la restitución de esas autoridades porque la sentencia del TCP habla de los artículos de la ley, no de toda la norma.

Asimismo, señaló que al estar anulados los artículos de la Ley Marco ‘lo que tiene que hacer cada concejo municipal o cada asamblea departamental es reconsiderar la suspensión de esas autoridades”.

Es decir que “los concejos municipales o las asambleas departamentales deben decidir si la autoridad suspendida es restituida o no”.

La Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, remarcó que como gobierno acatarán “absolutamente los fallos que emita un órgano como es el Tribunal Constitucional”.// Los Tiempos

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