Suman las voces dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) para pedir la renuncia de tres ministros del gabinete de Evo Morales, tras el caso de la red de extorsión. La ministra de Transparencia y lucha contra la corrupción, Nardi Suxo; el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana son los observados.
El senador cruceño Félix Martínez ratificó su pedido, hecho público la anterior semana, para que la ministra Suxo sea alejada por las últimas “evidencias” sobre su relación con los exasesores del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia.
Por su lado, el diputado Rodolfo Calle coincidió y pidió la renuncia de los tres ministros citados para que se sometan a la investigación sin el cargo jerárquico en hombros. “Yo pienso que están en tela de juicio los ministros de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia, y si se los va a cambiar es para que se sometan a la investigación y eso es lo correcto”.
Siendo más cauto, Galo Bonifaz espera que se refuercen estas tres carteras de Estado mediante una evaluación de las organizaciones sociales, pero prefiere que la justicia siga impulsando la investigación.
La oposición como es evidente reafirma estos pedidos y asegura que existen evidencias suficientes para involucrar a Romero, Quintana y Suxo con la red de extorsión.
“Para mí los tres que están involucrados fundamentalmente en los hechos de extorsión, persecución y confrontación política, son los encargados de haber montado un staff de abogados mediocres”, manifestó el senado de Convergencia nacional (CN) Marcelo Antezana.
Suxo también tiene un proceso pendiente en la Asamblea Legislativa por el caso del desfalco en el Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco) donde supuestamente está implicada una pareja sentimental de la autoridad. Por ello deberá presentarse en enero al Comité del Ministerio Público de la Cámara Baja.// El Diario
Suxo niega apoyo a tres abogados ligados a extorsión
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, que declaró ayer ante la comisión de fiscales de Santa Cruz que investiga la red de extorsión, negó haber intercedido por los exabogados del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas, implicados con el grupo delictivo.
El cuestionamiento surgió después que el exviceministro de Gobierno Wilfredo Chávez ratificara que Suxo le pidió que no cambie de funciones a Rivera y Rodas, exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y hoy encarcelados en Palmasola, porque le “ayudaban” en sus procesos. Además había intercedido por Villegas.
Chávez hizo esas afirmaciones en su declaración ante la comisión de fiscales el 20 de diciembre. “Recuerdo que a los días de haber ingresado (como Ministro de Gobierno), al salir del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores Rodas y Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba, lo llevaría a trabajar con ella”, manifestó.
Respuesta. Al respecto, Suxo aseveró que: “Él (Chávez) se habrá confundido porque como abogados sabemos perfectamente que cada ministro tenemos (sic) nuestras atribuciones debidamente establecidas en el decreto de organización del Órgano Ejecutivo, entonces yo mal podría haber dicho deje, ponga o saque”.
A fines de noviembre, autoridades del Ministerio de Gobierno afirmaron que desarticularon una red de extorsión que operaba en ese despacho y en la cartera de la Presidencia, en la que Rivera, Rodas y Villegas eran cabecillas. Dijeron que ése era el resultado de un seguimiento al caso judicial del estadounidense Jacob Ostreicher, a quien le habrían pedido $us 50 mil para sacarlo de la cárcel.
Suxo, que declaró ayer en calidad de testigo al igual que su colega de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el embajador ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, desvirtuó cualquier relación con los tres acusados. “Es más, no los conocía y sólo los he visto a través de los medios de prensa”, subrayó.
Al ser consultada sobre reuniones con el exfiscal Isabelino Gómez, también implicado con la red de extorsión y detenido en Palmasola, Suxo reconoció que mantenía reuniones con los fiscales de distrito en el marco de la coordinación institucional. “Me reunía con la fiscal Arminda Méndez, Jaime Soliz e Isabelino Gómez y lo sigo haciendo con otras autoridades del Ministerio Público de todo el país, e incluso con el Fiscal General, a quien le he entregado denuncia contra funcionarios de esta institución”.
Sobre la red de extorsión denunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se enteró a través de los medios de comunicación y felicitó a su colega. Según Suxo, el 18 de septiembre tomó conocimiento de la venta ilegal del arroz confiscado a Ostreicher. Indicó que la ilegalidad habría sido cometida por exfuncionarios de la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y por eso realizó el seguimiento.
Denuncia. Suxo cree que su nombre ha sido utilizado por algunas personas de manera irregular y recordó que en dos oportunidades, a través de los medios de difusión, hizo referencia a este asunto y solicitó que también se denuncie estos hechos.
“He dicho todo lo que tenía que decir ante los fiscales que recibieron mi declaración en calidad de testigo, ahora ellos son los encargados de evaluar la misma; yo estoy dispuesta a seguir coadyuvando en el proceso”, manifestó la ministra.
“En torno a mi renuncia al cargo, voy a esperar lo que diga el presidente Evo Morales, siendo que es el único que puede decidir sobre el futuro de un ministro. Estoy tranquila porque he actuado con la ley en la mano y defendiendo los intereses de los bolivianos”, agregó la autoridad.
Suxo remarcó que la dura lucha contra la corrupción tendrá consecuencias para las personas que tratan de llevar adelante esta práctica en el servicio, sobre todo, público. El fiscal Ángel Álvarez, miembro de la comisión investigadora, indicó que las tres declaraciones recibidas ayer les permitirá contar con mayores elementos para avanzar en la averiguación. “Con seguridad se citarán a otras personas a fin de tener mayor información, porque se trata de un caso complejo”, adelantó.
Suman las denuncias en contra
Gustavo Céspedes (hombre de confianza de los abogados Denis Rodas y Fernando Rivera) también involucró a Nardi Suxo con la red de extorsión. Declaró que le prometieron trabajo en Migración y que estaban “respaldados” por Suxo, según reportó El Deber. Además, el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico refirió que la red tocó a mandos medios del Ministerio de Transparencia.
La citarán en caso Inalco
El Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados anunció ayer que convocará para enero a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, para que declare por una denuncia interpuesta por legisladores de la oposición referida al supuesto desfalco de dinero en el Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco).
El caso se remite a un proceso llevado adelante por la Justicia en la que se denunció a Jhonny Enrique Antonio Miranda Martínez, supuesto exesposo de Suxo, por el desfalco de Bs 30 millones de Inalco y que, tras las investigaciones y posterior juicio concluido en 2011, se determinó que el mismo sea absuelto.
No obstante, una resolución emitida este año por la Sala Penal 1ª del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló esa sentencia y ordenó que se proceda a sentenciar a Miranda por ser el principal responsable del hecho.
Los diputados Adrián Oliva (CN), Felipe Dorado (CN) y Álex Orozco (CN) instauraron ante el Comité de Ministerio Público de la Cámara Baja un proceso por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Maritza Suntura y Pastor Mamani, por beneficiar a Miranda con un fallo en este caso.
“En el Comité de Ministerio Público, los primeros días de enero, la vamos a convocar a ella (Suxo) para que venga a presentar su declaración informativa. Es porque dos diputados han presentado una denuncia en cuestión de que hubieran favorecido dos magistrados al esposo de la ministra Nardi Suxo y nosotros tenemos que convocar a esas personas”, dijo el diputado Rodolfo Calle (MAS), secretario del comité.
Por este caso están sentenciados con pena privativa de libertad David Márquez Salazar, exdirector nacional de Inalco, con nueve años; Édgar Márquez Salazar, con cinco años; Guido Antonio Nájera, con cuatro años; Marco Augusto Calliconde, con cuatro años y cinco meses; y Félix Antezana Pinto, con cuatro años y siete meses.
Cívicos de Santa Cruz critican la investigación
Cívicos cruceños manifestaron su decepción por la falta de avances en la investigación que busca dar con los responsables de la red de extorsión conformada por funcionarios del gobierno de Evo Morales.
Creen que se protege a involucrados que ocupan cargos jerárquicos en el Órgano Ejecutivo. “Con lo que pasó en el Legislativo he quedado completamente decepcionado, no tengo ninguna esperanza que esto progrese. Simplemente van a cambiar de matón, esto es matonaje y va a continuar así”, afirmó ayer el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Herland Vaca Díez, en una conferencia de prensa.
En criterio del líder regional, este grupo ha tenido como función amedrentar a los líderes del oriente y particularmente de Santa Cruz con el visto bueno de altos funcionarios de gobierno. Por esa causa lamentó que “los de arriba” ahora nieguen responsabilidad en actos de funcionarios que ellos han designado y de los que han avalado acciones. “Lo primero que ha debido haber es una crisis de gabinete y determinar quiénes se van junto a los exfuncionarios, claro que sí. Cómo no va a haber crisis de gabinete o un reemplazo automático”, aseveró el líder cívico cruceño.
Llorenti destacó la labor de dos de los acusados
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, revelaron, por separado, que los involucrados con la red de extorsión no tenían denuncia alguna en su contra. El segundo destacó el trabajo que cumplieron en la cartera de Gobierno.
“Cuando yo he estado como ministro de Gobierno no ha habido ninguna denuncia de corrupción o extorsión en contra de Fernando Rivera y Denis Rodas... siempre los he visto como personas responsables, abogados competentes para llevar adelante las tareas que tenían a su cargo”, afirmó Llorenti, tras declarar ante la comisión de fiscales.
Rivera, Rodas y José Manuel Antezana Pinaya son señalados por el Ministerio de Gobierno como cabecillas de la red de extorsión desarticulada en noviembre. “Reiteramos nuestra confianza para que exista una investigación completa y concluyente en un juicio justo a través de un proceso dentro de este caso de relevancia nacional”, sostuvo Llorenti y luego expresó su disposición de acudir a cualquier citación de la Fiscalía.
Nivel. Quintana señaló que Antezana ocupaba un cargo de “cuarto nivel” en su despacho y que, por tanto, no tenía ninguna relación con su autoridad. “Esta persona estaba bajo la dependencia del Viceministerio de Gestión Gubernamental, es más, en 2011 lo he visto una sola vez”, añadió.
El titular aclaró que Antezana no tenía ningún proceso administrativo ni penal dentro del Ministerio de la Presidencia. “Este funcionario ha experimentado seis rotaciones administrativas en el Órgano Ejecutivo desde 2007. Ingresó a través de un programa denominado El País, dos veces contratado como consultor, la tercera como liquidador y posteriormente cumplió funciones en la Unidad de Gestión Pública como director interino”, acotó.
Refirió que en su declaración dio toda la información que la comisión requería, para que lleve adelante la indagación respecto al presunto involucramiento de Antezana en la red de extorsión. De acuerdo con Quintana, su asistencia a la convocatoria del Ministerio Público es muestra clara de la independencia de poderes. “Todos los funcionarios del Ejecutivo estamos dispuestos a prestar declaraciones”, destacó.
Cobraban de $us 5.000 a $us 100 mil a víctimas
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno reveló que la red de corrupción y extorsión operaba con intermediarios que cobraban a sus víctimas de $us 5.000 a $us 100 mil, o más. “Donde veían que había dinero e interés económico, se involucraban”, afirmó Miguel Albarracín, responsable de la citada repartición estatal. Refirió que no hay facturas ni pruebas sobre estos hechos y que, a lo mucho, dieron con alguna grabación o fotografía sacada por los denunciantes.
El dinero servía para que en determinada audiencia de medidas cautelares, autoridades judiciales o fiscales den curso a que se otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva a un acusado. “Los casos más bajos lindan en 5.000 dólares (...) y para arriba estamos hablando de 80 mil dólares, 100 mil dólares o más”, aseveró Albarracín a la red Uno.
Este tipo de extorsión se ejecutaba durante la etapa investigativa de un proceso judicial, especialmente en el área penal, según el común denominador de las quejas recibidas. Refirió que existe la posibilidad de que muchos casos no lleguen a la denuncia, pero que a la fecha se contabilizaron 80, 30 de ellos presentan el mismo modo de operar y todos corresponden a La Paz.// La Razón
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