Escándalo de corrupción: Red de extorsión operaba donde se movía mucho dinero

RED DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN (IV)

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló ayer domingo que la red de extorsión que trabajaba bajo el manto de esa cartera de Estado operaba en aquellos casos donde se movían grandes cantidades de dinero, como los relacionados al narcotráfico y corrupción, entre otros.

"Las irregularidades permiten establecer una forma de operación o un modus operandi, este modus operandi más o menos tiene unas características como ser que se presentan en procesos donde está en juego mucho dinero, en procesos que pueden ser relevantes por la dimensión de los ilícitos que estarían en debate judicial, en este caso narcotráfico, corrupción, en fin", explicó Romero en una entrevista con medios estatales.

Acotó que ese era el modus operandi de esa red, que estaba integrada por Fernando Rivera y Denis Rodas, exabogados del Ministerio de Gobierno y Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior.

Otras características de esta red son, agregó, su implicancia en casos cuyos acusados trataban de revocar una decisión judicial como ser la detención preventiva, prueba de ello el caso del empresario norteamericano Jacob Ostreicher.

"Luego hay presión a autoridades judiciales o tal vez involucramiento de ellas, lo mismo de parte de Fiscales, en fin más o menos ese es el modus operandi", remarcó Romero, citando otro ejemplo como el caso de las casas de juego.

En ese sentido, dijo que esta semana se conocerán si hubo Fiscales y Jueces implicados en la red de extorsión, puesto que a partir de este lunes comparecerán por este caso una serie de testigos y acusados.

Falta de denuncias

Por otra parte, Romero manifestó que la falta de denuncias impidió frenar los hechos delictivos de los abogados vinculados a esta cartera de Estado y, a la vez, a una presunta "red de corrupción y extorsión".

Romero refirió que una minuciosa investigación hecha por el Ministerio de Gobierno descubrió a un "grupo delincuencial" de funcionarios públicos con posibles nexos dentro del sistema judicial y que formaban una red de corrupción que extorsionó al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

"Esta red de abogados no fue denunciada, no habían denuncias. Precisamente, yo daba algunos mensajes para que si alguien tenía denuncias pudiera presentarlas, pero no se presentaban las denuncias. No habiendo elementos objetivos, era muy difícil que el Gobierno pudiera impulsar operativos específicos", explicó.

En ese contexto, Romero ponderó el resultado de las indagaciones que dieron hasta el momento con varios exfuncionarios públicos integrantes de la red de corrupción y extorsionadores, como resultado de las pesquisas que se realizaron a iniciativa del propio Ministerio de Gobierno.

"Las denuncias se presentan recién cuando aprendimos a (José) Antezana (exfuncionario del Ministerio de la Presidencia) y algunos exfuncionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautado el lunes, pero aún así no hubo dubitación en determinado momento", agregó.

"En la primera semana se abrió un primer capítulo que involucra básicamente a exfuncionarios públicos, en esta semana se abre otro capítulo que va a permitir establecer si había vínculos o no con el Ministerio Público y el Órgano Judicial", anotó.

Detención preventiva

En la últimas horas, el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Juan José Zubieta, instruyó la detención preventiva de los principales sospechosos de la red de corrupción, Fernando Rivera y Dennis Rodas en celdas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz.

La determinación se dio luego que los acusados pidieran no ser enviados a la cárcel de Palmasola, alegando que sus vidas correrían peligro, porque ahí se encontrarían varios reclusos que habrían querellado cuando fungían como abogados del Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno cuestionó el fallo de Juez, que accedió a no enviar a los acusados al penal de Palmasola, al afirmar que los sospechosos no presentaron pruebas objetivas que demuestren la existencia del supuesto riesgo.

"El Ministerio de Gobierno expresa su preocupación porque el fallo del Juez en el caso de la red de corrupción y extorsión otorgó la detención en celdas de la FELCC a los dos principales sospechosos, Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, sin exigir una comprobación objetiva del supuesto riesgo sobre sus vidas alegado por los imputados", señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.

"El Ministerio de Gobierno informa a la opinión pública y las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público que se mantiene vigilante y sigue cada acción del proceso con el celo de la voluntad inconmovible de esclarecer este caso caiga quien caiga", acota el comunicado.// Jornada

Condominio era cuartel general de la red de extorsionadores

La presunta red de extorsionadores que operaba con los asesores legales del Ministerio de Gobierno y la Presidencia tenía como centro de operaciones un departamento del condominio Paraíso, ubicado en la zona del Avión Pirata, donde presumiblemente han encontrado una caja fuerte, según Jaime Montaño, abogado del estadounidense Jacob Ostreicher.

Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a conocer que la red de extorsión operaba en aquellos casos donde estaba en juego mucho dinero, como ser aquellos donde los acusados estaban procesados por narcotráfico, corrupción, entre otros.

Cuartel general de la red de corrupción. Montaño informó que en el condominio Paraíso los integrantes de la red planificaban los movimientos a llevar a cabo para extorsionar a sus víctimas, además de que en el lugar se realizaban fiestas privadas. También dijo que en el allanamiento realizado el sábado se secuestró una caja fuerte, aunque aún no se ha determinado si contenía dinero y en qué cantidad. En este orden, Montaño advirtió  que si el ex fiscal de Distrito Isabelino Gómez no se presenta hoy por la mañana a declarar, pedirá su aprehensión.

Modo de operar. Por otro lado, el ministro Romero precisó que la red de corrupción, que estaba integrada por Fernando Rivera y Denis Rodas, exabogados del Ministerio de Gobierno, y Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, buscaba casos de narcotráfico y corrupción para realizar sus "fechorías".

Otras características de esta red son, dijo, su implicancia en casos cuyos acusados trataban de revocar una decisión judicial como ser la detención preventiva, prueba de ello el caso de Ostreicher.

En ese sentido, dijo que esta semana se conocerá si hubo fiscales y jueces implicados en la red, ya que a partir de hoy comparecerán por este caso una serie de testigos y acusados.

"Hemos categorizado este caso como una red y seguramente se van a ir estableciendo todas sus ramificaciones. La semana pasada se ha abierto un primer capítulo que involucra básicamente a exfuncionarios públicos, en esta semana se abre otro capítulo que va a permitir establecer si había vínculos o no con el Ministerio Público y el Órgano Judicial", precisó.

Respecto al accionar de esta red, Romero reconoció que hasta hace una semana, cuando se detuvo a José Antezana Pinaya, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia que formaba parte del grupo de Rivera, los exabogados de esta cartera no tenían denuncias de irregularidades. Por eso sostuvo que no se había destapado la red hasta después de conocer el caso de Ostreicher, que terminó por destapar todo.

Bases pierden confianza en Romero. El secretario General del Tribunal Nacional de Disciplina del MAS, Modesto Condori, dio a conocer que las bases del partido de Gobierno tienen desconfianza a la labor que viene realizando Romero a la cabeza del Ministerio de Gobierno. La razón son los diferentes problemas y el accionar con que procedió en diversos casos esta cartera de Estado en los últimos meses.

"El sustento del régimen político del MAS-IPSP está basado en las organizaciones y las organizaciones tienen cierta desconfianza, ya no confían en Carlos Romero. Siempre con su prepotencia, con el cinismo, es muy autoritario y esto nos deja mucha desconfianza", dijo.

Más denuncias. Desde Brasil, el expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, denunció que fue Fernando Rivera quien lo contactó en una oportunidad y que le ofreció dinero a cambio de "vender"  a las autoridades cruceñas, cuando habían aperturado las investigaciones en el caso Rózsa.

"Se presentó con otro nombre y me ofreció protección oficial con el compromiso de que yo firme una declaración que ellos ya tenían lista", dijo. Sejas se encuentra ahora refugiado en Brasil precisamente porque al no aceptar le libraron mandamiento de aprehensión.

Los que van a declarar esta semana

Isabelino Gómez. Tiene que declarar hoy ante la Fiscalía. Es acusado de tener relación con Fernando Rivera, uno de los detenidos del caso.

Roberto Achá. El fiscal de Trinidad junto a su esposa Cory Balcázar están citados a declarar en calidad de testigos.

Janet Velarde. Fiscal investigada por actuar de manera contraria a Ostreicher.

Álvaro La Torre. Fiscal citado a declarar en calidad de testigo, en tanto el exjuez Wilson Arévalo está citado por supuestos cambios en los fallos judiciales.

'La justicia tiene que plantarse'

Y la conclusión ha sido que el Poder Judicial debe volver a recuperar su rol institucional de poder independiente alejado del poder político y presiones de cualquier índole.

Sobre ese tema, en forma enérgica habla el decano de  ciencias jurídicas, políticas y sociales, Manfredo Menacho.

P. Allanamientos a oficinas de jueces, pedidos de soborno, jueces y fiscales comprometidos como ejecutores, ¿hasta dónde hemos llegado en el país?

M.M.: El tema de la subalternización de la justicia por las presiones políticas ha sido un tema que los docentes de la carrera de Derecho hemos debatido esta semana, conforme iban ocurriendo los acontecimientos porque hemos tocado fondo y hemos visto que la justicia, tal como está planteada, en la realidad no existe en Bolivia, porque está sujeta a caprichos políticos o intereses económicos. Hemos ingresado en una crisis profunda que la justicia, según lo que enseñamos en las aulas, es dar a cada quien lo que le corresponde en derecho, que no existen garantías que eso ocurra y el pueblo está abandonado y así no podemos ofrecer seguridad a ningún extranjero que quiera venir a invertir en Bolivia.

P. ¿Esto ocurre a un año de la elección de nuevos magistrados y cuando se había prometido cambios sustanciales?

M.M.: Tenemos que reconocer primero que el manoseo político no es exclusivo de este gobierno, siempre ha ocurrido, en anteriores gobiernos se “cuoteaban” los cargos y se designaban a los jueces de acuerdo a su militancia política, pero ahora existe la gran diferencia, mal o bien, que los más altos magistrados han sido electos, es decir el pueblo ha participado en su nombramiento, aunque camuflado, pero lo ha hecho y creemos que eso es lo que debe hacer. Debe hacerse respetar, debe “plantarse” y hacer prevalecer la ley y el estado de derecho.

P. ¿'Plantarse' qué significa eso?

M.M.: Significa que hagan prevalecer la institucionalidad, el Poder Judicial en Bolivia ahora parece que no comprende su rol porque permite que lo manoseen a su gusto y gana porque no puede ser que en cualquier momento un fiscal allane sus oficinas o con una simple llamada de teléfono lo presione para que cambie un fallo que ha emitido de acuerdo a su conocimiento en derecho y de acuerdo a las normas jurídicas. Los jueces mal o bien, ahora son electos y tampoco lo están entendiendo. Lo mismo pasa en el caso de los fiscales, existe un fiscal general que ha sido electo por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que tampoco puede seguir prestándose para ser ejecutor de las presiones y los chantajes políticos peor de lo que ocurría antes cuando estos eran nombrados directamente por el Ministro del Interior  y éstos ejercían como parte del control político.

P. ¿Hablando de 'plantarse' el Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido no acudir a una citación de la Asamblea Legislativa Plurinacional?

M.M.: Eso es lo que debe hacer el Poder Judicial en su conjunto, incluyendo el Ministerio Público, es decir volver por los fueros del derecho y la justicia porque un pueblo sin seguridad jurídica es una marioneta sometida a los caprichos de los gobernantes de turno. Y mal o bien, hay que respaldar al Tribunal Constitucional porque ha dictado unos fallos (eliminando el desacato y la retroactividad de la Ley anticorrupción) que nos da esperanzas.

P. ¿Cómo ve que un juez haya sido obligado a cambiar su fallo (que concedía libertad a Jacob Ostreicher) por la presión de un asesor legal del Gobierno?

M.M.: Reprochable. Antes que permitir eso es preferible renunciar y denunciar el hecho.

El perfil

Manfredo Menacho

Abogado

Ciudad natal:

Santa Cruz

Estudios:

Graduado como abogado en la Universidad Gabriel René Moreno y con maestría en Derecho Laboral, y Diplomado en altos estudios en Seguridad Social en España.

Libros:

Ha escrito seis libros sobre diferentes temáticas.

Trayectoria:

Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representante de los abogados laboralistas a nivel local y nacional y actualmente profesor titular y Decano en la Facultad de Derecho.// El Día

Declaración de jueces y fiscales develará los alcances de la red de extorsionadores

Hasta qué punto existe una directa injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial a través de abogados y asesores legales, se conocerá a partir de las declaraciones de jueces y fiscales, que habrían tenido alguna relación en el proceso que se le siguió al estadounidense Jacob Ostreicher y que derivó en el descubrimiento de la red de extorsión.

Hoy, desde las 8.30 deberán presentarse a declarar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz el exfiscal Isabelino Gómez y el exdirector de la Dirección de Bienes Incautados, Boris Villegas. En la lista de funcionarios públicos que deben declarar están Janeth Velarde Luna, Álvaro Latorre, Javier Cordero y el juez Wilson Arévalo, a quien Ostreicher acusó directamente de extrañamente haber cambiado una decisión favorable a su casusa en cinco días.

“Es difícil establecer todavía cuáles son los vínculos, por eso hemos categorizado este caso como red y se irán estableciendo las conexiones de la red con los nexos. Ahora se abrió un capítulo que vincula a funcionarios públicos. Ahora se establecerá si había vínculos con el nivel público y orden judicial. Serán importantes las declaraciones de este lunes y se aclarará en el curso de la investigación otros detalles”, destacó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El ministro admitió que por el momento sólo se cumplió una primera fase de la investigación y no se han develado algunos aspectos que podrán ahondar las investigaciones.

Romero admitió que Fernando Rivera y Dennis Rodas, quienes tenían algunos poderes que los habilitaba para llegar a instancias legales y que se hicieron poderosos dentro el propio Ejecutivo, al punto que tuvo que obrar sigilosamente porque quienes ahora están detenidos en la Felcc conocían inmediatamente los pasos que daban las principales autoridades del Ministerio de Gobierno.

Hasta el momento sólo Ximena Fortún, hija del fallecido político Guillermo Fortún, se animó a dar detalles de otro caso de extorsión, mientras otras víctimas preferían callar o esperar tiempos propicios y garantías para expresar sus quejas.

“Si el propio Ministro tiene miedo y debe cuidarse, imagínese nosotros que hemos sido víctimas, quién nos garantiza que este caso se dé la vuelta, salgan esos viles personajes en libertad y busquen vengarse de quienes los denuncian. Ustedes creen que el Ministerio de Gobierno nos defenderá. Nada de eso. Primero que los envíen a Palmasola y les den su sentencia”, agregó una persona que se contactó con EL DIARIO y evitó dar su nombre, para relatar un caso de extorsión.

En tanto, Romero exteriorizó sus dudas sobre la actuación de jueces y fiscales y citó como en el caso de cese de una detención preventiva para Ostreicher se cambió el fallo cinco días después. “Habrá que ver si el juez fue presionado y si fue así, por qué lo hizo, son elementos que hay que aclarar. Inicialmente dijo que fue presionado. Se deben recibir las declaraciones”, expresó la autoridad de Estado al canal gubernamental.

Reiteró que están tras el caso desde hace varios meses y que se pidió un informe circunstanciado a Rivera y Rodas sobre el caso Ostreicher, que recibieron el detalle del caso, pero no se habló de irregularidades.

Romero admitió que para definir una agenda de investigaciones se reunió con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos y luego con el actor Sean Penn, a quienes prometió una asistencia personal para atender en una clínica privada al norteamericano, dado el decaimiento en su salud.

Un primer elemento permitió a Romero esbozar algún juicio de valor se refiere al hecho que la red de extorsión operaba en procesos donde hay mucho dinero y temas relevantes más los elementos que están en juego, tal el caso del narcotráfico.

“Cuando hay retardación de justicia y se dilata el proceso, se permite mejores posibilidades de extorsión, entonces hay presión a autoridades judiciales o involucramientos”, declaró.

Más denuncias y revelaciones surgen sobre manejo de la justicia boliviana

La diputada de Unidad Nacional (UN) María Cristina Viscarra, publicó una referencia que hizo la organización World Justice Project, donde cita que: “Bolivia refleja un clima caracterizado por la impunidad, la corrupción y la intervención política”. Con esta alusión negativa para el país, se puede reflejar el clima que se vive en los ámbitos políticos y de la administración de justicia con el descubrimiento de la red de extorsión dentro del propio Gobierno.

El exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, fue uno de los primeros en referirse al tema y apuntar a fiscales como Harry Suaznábar o Isabelino Gómez, como gente vinculada a Fernando Rivera, asesor destituido del Ministerio de Gobierno y principal encausado del escándalo judicial.

“No llegas a estos cargos por simpático, llegas por política”, dijo y afirmó que Rivera fue parte de procesos dentro de la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Contraloría, entre otros, a los que habría llegado por decisión del también exviceministro de Gobierno, Marcos Farfán.

El caso de supuesta sedición y terrorismo que involucró a dos peruanos en 2011 también tiene secuela, pues el abogado Franz Bustos dijo que Boris Villegas, en su entonces cargo de director de Régimen Interior, influyó en el proceso a los implicados Hugo Minaya y Williams Minaya.

“Voz no sabes quién soy yo, me dijo Villegas y exaltado le contesté de forma grosera y él me dijo sin mover un dedo te puedo hacer aparecer muerto”, relató Bustos a Erbol, recordando una polémica audiencia.

El actual fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce y el juez Daniel Espinal también fueron citados por el abogado.

Por su lado, Gustavo Céspedes, implicado en el caso de extorsión a Jacob Ostreicher declaró que Isabelino Gómez, exfiscal de Distrito de Santa Cruz formaba parte del equipo de Rivera y Denis Rodas.

“Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, tenía una afinidad estrecha con Denis Rodas y Fernando Rivera ya que él hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en el despacho del fiscal de distrito”, dijo.

El alcance de esta red podría empañar investigaciones políticas como el caso Porvenir, supuesto terrorismo I y II.// El Diario

Abogados externos realizarán auditoría judicial a procesos

El Ministerio de Gobierno lanzará una convocatoria pública para contratar abogados externos que se harán cargo de la auditoría jurídica a procesos legales que fueron impulsados por los ex abogados de esa entidad Fernando Rivera y Denis Rodas, detenidos, entre otras personas, por estar acusados de ser los principales líderes de la red de extorsionadores.

El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete. “La auditoría se va a hacer con gente externa. Estamos trabajando los términos de referencia y seguramente una convocatoria pública”.

La autoridad dijo que esta labor consiste en realizar “un análisis acerca de cómo se manejaron los procesos judiciales. Queremos ver si en el manejo de los procesos judiciales hay irregularidades y si ellas se repiten, y si expresan un modus operandi”.

El sábado, el ministro adelantó que se haría una auditoría jurídica para ver la situación de los procesos. Ayer explicó que lo ideal sería revisar todos en los que participaron ambos abogados, pero que “eso sería muy complicado porque estamos hablando de procesos de hace muchos años. Hay dos opciones, elegir los más relevantes o definir un porcentaje de revisión. Ése es un tema que vamos a definir mañana (hoy)”.

Los casos

Rivera y Rodas fueron los abogados del Ministerio de Gobierno que tuvieron a su cargo procesos como terrorismo I y II (relacionados con el grupo presuntamente terrorista de Eduardo Rózsa), el del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, cuyo caso terminó por destapar la red de extorsión formada por funcionarios de los ministerios de Gobierno, Presidencia y de la Dirección de Bienes Incautados, entre otras personas.

Ostreicher está detenido desde 2011, acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con el narcotráfico. Esta red se quedó con sus bienes y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

Se presume que este grupo de juristas incidió también en los casos Olorio (siete policías son investigados por la muerte del principal sospechoso del atraco a Vías Bolivia), del policía René Navía (narcotráfico), gastos reservados I y II, y al menos otros dos más.

Romero dijo que se deben esperar los resultados del examen jurídico para emitir un criterio al respecto de estos procesos.

“Hay que tomar en cuenta cualquier proceso como el de Jacob (Ostreicher) o el de terrorismo o cualquier otro, hay que distinguir diferentes dimensiones del proceso, un tema es la cuestión de fondo del proceso, es decir si Jacob es culpable de legitimación de ganancias, si tiene nexos con el narcotráfico, es un tema que sólo se lo puede resolver en el proceso judicial, ése es el tema de fondo que se debate en ese proceso judicial”, dijo Romero en una entrevista concedida a Página Siete el sábado.

El ministro también detalló que la red de extorsión operaba en aquellos casos en los que estaba en juego mucho dinero, en los que los acusados estaban procesados por narcotráfico, corrupción y otros.

Otras características de esta red son, dijo, su implicancia en casos cuyos acusados trataban de revocar una decisión judicial, como la detención preventiva, como en el caso Ostreicher.

La red apareció conformada por funcionarios y ex funcionarios públicos ligados a la Dircabi, los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, además de particulares como Gustavo Céspedes, quien habría sido el nexo de Rivera para realizar algunas gestiones.

Siete personas fueron detenidas y hay otras involucradas que se prevé arrestar. Rivera y Rodas fueron derivados el sábado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz.// Página Siete

Embajada de EEUU alertó a morales

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, supuso que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos informaron, mediante mensajes de texto, de la existencia de la presunta red de corrupción al presidente Evo Morales.

“Presumo que fue la Embajada estadounidense (que envíó los mensajes de texto al Presidente) puedo decir que es la Embajada”. La autoridad formuló esa declaración a la red Erbol y admitió que esa legación diplomática estaba enterada que su cartera realizaba investigaciones en torno al caso.

El presidente Morales reveló que recibió mensajes de texto en su teléfono celular, que le alertaron del caso, aunque no reveló cuál fue la representación extranjera que le dio los datos.

Romero explicó que hace algunas semanas, rindió un informe al Presidente sobre el caso. “Le dijimos que teníamos sospechas de la actuación de estos miembros del Ministerio”.

OPERATIVOS FRUSTRADOS. El Ministro refirió que en aquel informe, también expresó al Mandatario que varios “operativos, que habíamos planificado, se cayeron, es decir que no pudimos lograr consolidarlos porque se suponía que la información se había filtrado”.

Reveló, además, que todo apuntaba a los exfuncionarios actualmente recluidos en Santa Cruz.

Anunció que hoy se inicia un “segundo capítulo” de este caso porque acudirán a declarar varios funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial para determinar si están involucrados en la extorsión y corrupción que se destapó, a partir de las denuncias del súbdito estadounidense Jacob Ostreicher.

Investigan a la red de extorsión por dos casos en La Paz

Las denuncias contra los funcionarios serán investigadas  si tienen respaldo.

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se desarrollan dos investigaciones en La Paz, que pueden tener relación con la red de funcionarios públicos presuntos extorsionadores.

El lunes pasado, en un operativo dirigido por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, se aprehendió a cuatro personas en la ciudades de La Paz y Santa Cruz bajo sospecha de ser parte de una organización delictiva que obtuvo, presuntamente, beneficios económicos.

Esta red está, supuestamente, compuesta por exfuncionarios de los ministerios de Gobierno y la Presidencia, cuyo accionar fue descubierto a partir de las denuncias del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher.

SERIOS indicios. El funcionario indicó que de acuerdo con las investigaciones realizadas por el grupo integrado por personal del Ministerio de Gobierno e Inteligencia de la Policia, hay indicios de que en La Paz puede haber dos casos parecidos a los de Ostreicher, aunque se sospecha que está involucrado otro grupo de servidores públicos, además de fiscales y jueces.

“Estamos trabajando con dos casos similiares al de Santa Cruz, que puede tener  relación con el grupo que esta siendo investigado en Santa Cruz”.

Evitó dar mayores detalles, pero sostuvo que se trabaja de manera acelerada.

Sorpresa. La autoridad indicó que después de que el martes, en conferencia de prensa, convocó a los ciudanos a presentar denuncias de que fueron víctimas de la red, la respuesta fue inmediata. “El miércoles por la mañana había una larga fila de personas que presentaban denuncias por haber sido extorsionadas por funcionarios de la administración pública”.

Asimismo indicó que todas estas denuncias serán clasificadas y, de acuerdo con las pruebas que se acompañan, serán derivadas a los equipos de investigación que trabajan bajo su coordinación para esclarecerlos.

“Obviamente es un tema complejo, no se puede confiar en mucha gente, porque no sabemos todavía la dimensión de la red”. Carlos Romero / MINISTRO DE GOBIERNO

Las investigaciones no se limitarán a temas de narcotráfico sino también a todos aquellos casos en los que tuvieron participación los funcionarios detenidos en Santa Cruz, así como a sus presuntos cómplices.

25 millones de dólares, en arroz, maquinaria, ganado y tierras se incautó a Jacob Ostreicher

“Trataron de acusar al viceministro Jorge Pérez de tener vínculos con el narcotráfico y nos atacaron con otros temas”. Carlos Romero / MINISTRO DE GOBIERNO// La Prensa

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