Escándalo de corrupción: Procesos hechos por abogados de la red irán a auditoría jurídica

Hay 15 denuncias en contra de presunta red

Las denuncias en contra de la supuesta red de corrupción que operaba desde el Ministerio de Gobierno se elevaron a 15, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

La autoridad declaró ayer que “en este momento alcanzan aproximadamente 15 las nuevas denuncias en contra de estas personas. Entre las más relevantes, se presentó la denuncia de la hija del señor Guillermo Fortún (exministro de Gobierno), quien indica que le ha entregado a F. R. la suma de 20 a 30.000 dólares en sus manos, producto de que le pidió 50.000 dólares para que su padre, por razones de salud” se defienda en libertad de las sindicaciones que se le hicieron.

La autoridad adelantó que estas denuncias serán analizadas y enviadas al Ministerio Público para que, de oficio, sean investigadas. Pérez subrayó que su instancia no quiere “destruir ni perjudicar la vida de nadie, queremos que se investigue de manera objetiva estas denuncias”.

Jueces y fiscales. Ximena Fortún, hija del fallecido exministro de Gobierno, Guillermo Fortún, reveló los nombres de siete jueces y cuatro fiscales que supuestamente están vinculados con esta red de corrupción.

Dijo que fue víctima de extorsión, pues entregó 20.000 dólares a un intermediario de uno de los abogados, actualmente recluido

y que “todas esas personas que vieron el caso gastos reservados fueron también los verdugos de mi padre”. Solicitó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que le conceda una audiencia para que le explique en persona la forma en la que fue extorsionada para que se abra una investigación.

Dos exabogados de Gobierno, detenidos

El juez ordenó la reclusión de ambos abogados en celdas de la Felcc cruceña para precautelar su vida y seguridad física.

Dos exautoridades del Ministerio de Gobierno y un exfuncionario de Dircabi fueron detenidos preventivamente, la madrugada de ayer, por decisión del juez Juan José Subieta, quien encontró elementos suficientes que los inculpan de los delitos de extorsión, uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Ambos son sindicados de formar parte de una banda de funcionarios y autoridades que extorsionaban a detenidos y presionaban a jueces para que los mantengan entre rejas, además de haberse apropiado de al menos 20 millones de dólares pertenecientes al estadounidense Jacob Ostreicher.

Los fiscales Anuncio Piérola, Mario Mercado, Ángel Álvarez y Mabel Andrade, de Santa Cruz, investigan estos hechos.

En la felcc cruceña. Los dos abogados, exdirector Jurídico y exasesor legal del Ministerio de Gobierno, guardarán detención en celdas de la fuerza anticrimen cruceña y el juez no admitió la imputación del delito de organización criminal.

Ambas determinaciones judiciales fueron cuestionadas por el Ministerio de Gobierno.

UNA AUDIENCIA DE 15 HORAS. La madrugada del sábado, la audiencia se prolongó por espacio de 15 horas.

El juez Subieta accedió al pedido de los imputados, en razón a que temen ser asesinados porque coadyuvaron a encarcelar a algunos de los internos del penal de Palmasola.

En esta audiencia también se determinó la detención preventiva de un exfuncionario de la Dirección de Registo y Control de Bienes Incautados (Dircabi) de La Paz, quien fue recluido en celdas del penal de Palmasola, imputado de la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes.

Hasta el momento son cinco los funcionarios que se encuentran bajo detención preventiva por este caso que fue destapado por el súbdito estadounidense Jacob Ostreicher, quien guarda reclusión hace un año y medio, a pesar de que, aparentemente, es inocente de los cargos que se le atribuyen.

El escándalo estalló la semana pasada, cuando se produjeron los primeros arrestos.

10 funcionarios de dos ministerios, se presume, forman parte de la red de extorsión en el Gobierno de Evo Morales.

LA declaración Del EXFISCAL de Santa Cruz, Isabelino Gómez, FUE REPROGRAMADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA. El fiscal asignado al caso, Anuncio Piérola, informó que las investigaciones de este caso contemplan la toma de declaraciones a otras personas. La próxima semana el exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez deberá acudir a brindar declaraciones informativas. Esta audiencia que debió realizarse el viernes pasado fue reprogramada para próxima semana por que a decir de Piérola “no era posible llevarla a cabo por la extensión de la audiencia cautelar que se prolongó hasta la madrugada de ayer.

El Fiscal explicó que hay predisposición de Gómez para prestar sus declaraciones informativas, aunque conoce que se trata de uno de los investigados por este caso.// La Prensa

Procesos hechos por abogados de la red irán a auditoría jurídica

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que se realizará una auditoría jurídica a todos los procesos jurídicos en los que tuvieron participación los ex abogados de esa cartera Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, ahora detenidos como principales sospechosos de una red de extorsionadores.

Hasta ahora se ha relacionado que Rivera, Rodas y otros ex funcionarios de Gobierno y de la Dirección de Bienes Incautados extorsionaron al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, detenido desde 2011 acusado de narcotráfico. La red se quedó con sus bienes y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

El grupo fue involucrado en los casos terrorismo I (Rósza), terrorismo II, Olorio, Navía, Gastos Reservados I y II, y al menos tres más. El ministro Romero dice que se debe esperar los resultados del examen jurídico para emitir un criterio al respecto.

¿A esta altura, ya se puede conocer cuánta gente forma parte de la red de extorsionadores?

Es muy difícil aún adelantar un número porque se puede entrar a un terreno muy especulativo, inicialmente la red ha aparecido conformado por funcionarios y ex funcionarios públicos ligados a Dircabi, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, en el caso de un ex funcionario, y luego también ha aparecido una persona particular que es este señor (Gustavo) Céspedes, que habría sido el nexo de los abogados del Ministerio de Gobierno para realizar algunas gestiones.

Hemos planteado, a modo de hipótesis, la posibilidad de que esta red pueda tener nexos con el órgano jurisdiccional y lógicamente si existieran estos nexos, posiblemente otra gente aparecería implicada, por eso todavía es difícil adelantar números, pero si es posible ratificar plenamente de que existe esta estructura y estamos en camino de desbaratarla.

¿En cuántos casos están involucradas estas personas, fundamentalmente Rivera y Rodas?

La cuantificación de casos podemos tener en función a una auditoría jurídica que vamos a realizar sobre los procesos que han llevado estos abogados. En todo caso lo que es seguro que más allá de la cantidad de casos, aquí hay un elemento cualitativo, la relevancia de los casos que ha estado a su cargo, los casos más importantes que le ha tocado gestionar jurídicamente al Ministerio de Gobierno han estado a cargo de estos dos abogados.

Uno de ellos es el caso terrorismo ¿ahora que no está Rivera, qué previsiones tomó usted para dar continuidad a este proceso tan importante para el Gobierno?

Obviamente estamos realizando algunos ajustes internos para que podamos reestructurar la unidad jurídica que tenía a su cargo los procesos judiciales que era una unidad de staf. Hay que tomar en cuenta cualquier proceso como el de Jacob (Ostreicher) o el de terrorismo o cualquier otro, hay que distinguir diferentes dimensiones del proceso, un tema es la cuestión de fondo del proceso, es decir si Jacob es culpable de legitimación de ganancias, si tiene nexos con el narcotráfico, es un tema que sólo se lo puede resolver en el proceso judicial, ése es el tema de fondo que se debate en ese proceso judicial.

En el caso de terrorismo lo mismo, nosotros hemos presentado una acusación contra la gente que intentó fragmentar el país, dividirlo en una acción separatista, en fin, y ese tema de fondo continuará debatiéndose en el proceso judicial. Que luego hayan habido extorsiones, ése es un tema que hemos comprometido que vamos a investigar, independientemente de cuál sea el proceso del que se trate, que haya irregularidades en la sustanciación de los procesos, porque si hubiera nexos con gente del Órgano Judicial, bueno, es un tema que igualmente formará parte de las investigaciones. Lo que quiero significar que el fondo de las acusaciones de los procesos deben seguir sustanciándose en ese nivel, en el caso de separatismo se cambiarán los abogados, pero obviamente el proceso continúa.

¿Usted hablaba de una auditoría jurídica, en qué consistirá y cómo se realizará?

Es una investigación acerca de todos los casos y la forma cómo lo han llevado estos abogados. Estamos definiendo los términos para realizar lo más pronto posible.

¿Seguirá funcionando una oficina como en la que trabajaban los abogados Rivera y Rodas?

Obviamente vamos a tener que diseñar un sistema de control cruzado para este tipo de procesos.// Página Siete

Jueces y fiscales comenzarán a declarar por caso de extorsión

Como estaba previsto, el Ministerio Público decidió convocar a jueces y fiscales que tuvieron alguna relación con los integrantes de la descubierta red de extorsión para establecer responsabilidades en un hecho que ha llegado a manchar la imagen del Órgano Ejecutivo y la administración de justicia.

Mañana deberán presentarse a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, el exfiscal Isabelino Gómez y el exdirector de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Boris Villegas, mientras existe otra nómina que no fue revelada para no entorpecer la investigación y evitar posibles fugas, según explicaron funcionarios que realizan el proceso en la capital oriental.

Entre los funcionarios públicos implicados en el caso de presunta extorsión al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher serían además: Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero y el juez Wilson Arévalo. Asimismo, el fiscal Roberto Achá aseguró que se presentará voluntariamente a prestar su declaración.

Ayer, tras maratónicas audiencias de medidas cautelares, el juez séptimo de Instrucción en lo Penal, José Zubieta, determinó la detención preventiva de cuatro exfuncionarios del Ejecutivo, entre ellos Fernando Rivera y Dennis Rodas que fueron remitidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y no así al penal de Palmasola.

También se aplicó medidas sustitutivas para Hugo Pedraza, Eduard Stepahene Bellido y Ramiro Ordóñez López, exfuncionarios de Dircabi, mientras Gustavo Céspedes y José Manuel Antezana se encuentran en la cárcel de Santa Cruz.

Sobre la determinación de detener a los principales acusados en dependencias policiales y no en el penal de Palmasola, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, manifestó su extrañeza por la determinación y reiteró el comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno al respecto.

“El Ministerio de Gobierno expresa su preocupación porque el fallo del juez en el caso de la red de corrupción y extorsión otorgó la detención en celdas de la FELCC a los dos principales sospechosos Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, sin exigir una comprobación objetiva del supuesto riesgo sobre sus vidas alegado por los imputados”, citó.

Por su parte, el exfiscal Isabelino Gómez anunció que pedirá la suspensión de su toma de declaraciones, toda vez que para esta fecha tiene una citación previa para presentarse en la ciudad de Sucre, por un proceso disciplinario que se le sigue, por un presunto incumplimiento de deberes.

El caso de Villegas se complica, pues pese a que éste asevera que nunca tuvo nexo con este grupo, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, lo responsabiliza directamente como sospechoso.

En la audiencia tembién se reveló que Rivera trataba a otros abogados con autoritarismo por su alto cargo y éstos acataban sus instrucciones, aunque no se dieron a conocer nombres.

En la clase política, la oposición exigió que se investigue no sólo a los funcionarios sino la revisión de cada uno de los casos en los que habrían estado implicados los asesores legales del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia y los jueces y abogados que sean encontrados con responsabilidad en el caso, ya que habrían aportado a la instrumentalización de la justicia con fines políticos además de ilícitos como sucedió con Ostreicher.

CASO INTERNACIONAL

Finalmente, llegó a esta sala de redacción copias de un documento en el que el socio de Jacob Ostreicher, el suizo Andre Zorty, habría pedido información clasificada a la Oficina Federal de Policía días después de la detención del norteamericano en junio de 2011. La respuesta fue que ni Zorty ni su empresa tenía ningún proceso o seguimiento por parte de la Policía internacional ni en los registros de la Ripol o base de datos que contienen alertas en toda Suiza sobre personas buscadas.

Ostreicher fue detenido cuando se investigaba el caso de supuesto lavado de dinero y vinculación con Maximiliano Dorado, que terminó con la incautación de sus bienes y derivó en el proceso de extorsión desde oficinas del Ejecutivo que ahora es investigado por las autoridades.// El Diario‘

Administración de bienes incautados no funciona’. Carlos Romero

El Ministro de Gobierno se vio envuelto en  un impasse personal con la presidenta de   la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, al asegurar que la legisladora no estaba a  su nivel político ni académico para debatir sobre la Ley de Extinción. Tras una reunión con autoridades del oficialismo, Romero dio por cerrado el tema y no dio más detalles al respecto. De inmediato, el caso pasó a otro plano tras develarse una red de extorsión en dos ministerios, cuando se investigaba   al estadounidense Jacob Ostreicher.

El impasse que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo con la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, al decir que no está a su altura académica ni política para debatir la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, pasó a segundo plano cuando se destapó un escándalo mayúsculo en dos ministerios del Órgano Ejecutivo.

El estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por legitimación de ganancias ilícitas, denunció “corrupción y extorsión” en funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, que fue develada la semana que termina. Hasta el jueves, Romero hablaba de ocho investigados, entre ellos un juez (Zenón Rodríguez) y dos abogados (Dennis Rodas y Fernando Rivera) de la cartera que rige. En una entrevista con Animal Político de La Razón, la autoridad argumenta que este hecho responde a un problema estructural en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), donde el procedimiento de administración de  los bienes incautados ya no funciona.

— ¿Cuál es la actual situación jurídica de Jacob Ostreicher?

— Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas y vinculación con un narcotraficante. Ése es un tema sobre el que yo no puedo opinar porque, obviamente, forma parte de la investigación principal y es el objeto detrás del proceso judicial que se ha instaurado contra Ostreicher.

— La detención y su libertad...

— Es otro elemento que tiene que ver con la detención preventiva de Ostreicher y las varias solicitudes de audiencia para analizar la cesación de su detención preventiva presentada por el acusado, en el que hubo varios componentes irregulares, como el hecho de que varias audiencias se suspendieron, jueces impugnados y una dilación de justicia impresionante. También llama la atención que un juez (Rodríguez) haya dispuesto la cesación de su detención preventiva y a los días se haya retractado de esa decisión. En fin, son elementos que han merecido como respuesta de Ostreicher denuncias de extorsión    y de irregularidades en el proceso,     y eso es lo que debe investigarse.

— ¿Hay más implicados en esa red en su ministerio?

— Presumo que sí, pueden haber; de hecho, la estructura de Dircabi, que está conformada por exfuncionarios, exdirectores, los que se encuentran prófugos... todos ellos son gente que está implicada en esta  red, desde mi punto de vista. Ahora, hay que establecer si esta red tuvo conexiones y ha involucrado a funcionarios judiciales; ése es un tema de investigación.

— ¿Son funcionarios contratados por el actual Gobierno?

— Eso es relativo, porque resulta que hay funcionarios públicos que vienen de gobiernos anteriores, que están en la administración pública desde hace muchos años, no necesariamente en la misma institución. Entonces, no podría decir exactamente si son funcionarios de este Gobierno. Evidentemente, algunos de ellos tienen mucha antigüedad en la administración pública.

— Con estos hechos de corrupción hallados en Dircabi, ¿qué pasará con esa institución?

— Es un problema estructural; es decir, donde hay manejo de bienes incautados hay corrupción, lamentablemente. Puede ser en Dircabi  u otra institución. Entonces, desde mi punto de vista, no funciona el esquema de administración de los bienes incautados, por eso planteamos la Ley de Extinción de Dominio, para monetizar los bienes.

— Una purga en Dircabi...

— Es un gran desafío, es decir, Dircabi está ante el desafío de poder esclarecer a todos los funcionarios que tienen responsabilidad en estas irregularidades. Está ante un desafío de sanearse por sí misma y para eso debe participar muy activamente en el esclarecimiento de todos estos hechos.

— Se habló de cerrar Dircabi y abrir otra entidad...

— Es sólo un trámite de forma, podemos abrir otra institución y cambiarle el nombre, pero habremos hecho solamente un maquillaje. El fondo de la cuestión es el procedimiento de administración de bienes incautados que no funciona y por eso la Ley de Extinción ha planteado la monetización de los bienes incautados.

— Entonces, se mantiene. Pero, ¿cambiará la forma de administrar los bienes incautados?

— Hay bienes incautados que han sido administrados por Dircabi o por otras instituciones y casi en todos los casos hay las mismas irregularidades; entonces, no es la institución ni el nombre, sino es el procedimiento que no sirve. Hay bienes incautados y administrados durante largos periodos de tiempo por gente que, en muchos casos, no tiene capacidad ni experiencia para administrarlos. En otros casos, al no tener una relación patrimonial con los mismos, pretenden aprovecharse de ellos, por eso la Ley de Extinción plantea que haya una monetización más o menos rápida de esos bienes en vez de estar administrándolos.

— ¿Eso planteará la devolución de algunos bienes?

— Eso corresponde a derecho, es decir, a un proceso judicial.

— ¿Se tiene en Dircabi un inventario de bienes incautados?

— Cuando nos hicimos cargo de Dircabi no habían registros; estamos precisamente en ese trabajo de auditoría de inventarios y de registros notariados, de trabajos periciales; estamos en esa labor que es muy compleja, porque cuando recibimos Dircabi no tenía nada.

— ¿Desde hace cuántos años no se hicieron los registros?

— No sé exactamente, pero seguramente muy pronto vamos a estar en condiciones de dar una información parcial acerca de la situación de los bienes incautados.

— ¿Habrá más casos similares a los de Ostreicher?

— Podría haberlos, por eso ojalá que a partir del caso Ostreicher se puedan abrir otras investigaciones.

— A estas alturas, ¿se puede decir que ya se desbarató la red de extorsión y corrupción?

— No puedo asegurar que toda la red está desbaratada, hay una investigación que puede establecer que haya más gente vinculada a esta red. Entonces, puede ser apresurado decir que la red está desactivada, pero de que ha sido una investigación y un operativo importante, de eso estoy convencido.

— ¿Se podría convocar a la exautoridad de esa cartera para dar detalles sobre los funcionarios?

— Si se habla sobre el ministro Sacha Llorenti, no corresponde hacer especulaciones, porque tendrían que venir a declarar los seis ministros anteriores, entre ellos, (Alfredo) Rada o (Wilfredo) Chávez, porque resulta que los dos abogados del Ministerio de Gobierno trabajaban desde la gestión de Rada.

— Si hay más casos, ¿qué garantía tendrá el denunciante de no ser perseguido o acusado?

— Si hay otras denuncias, es decir,  casos parecidos a los de Ostreicher, vamos a dar garantías a la gente y a los que presenten las denuncias; si precisan protección especial, la vamos a dar porque nos interesa esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir.

— ¿Los abogados serán los cabecillas o hay otros funcionarios de mayor rango implicados?

— No creo (que haya) funcionarios de alto nivel, si existe alguien más involucrado se podría sospechar de toda la estructura que maneja Dircabi, porque hay algunos prófugos, hay un exdirector que tiene medidas sustitutivas. Si me dicen de quién más sospecho, (será de) todo lo que era Dircabi-Montero y Dircabi-Santa Cruz. Probablemente aparezcan otros nombres de funcionarios en las investigaciones; pero a nivel del Ejecutivo, serían funcionarios intermedios.

— En este caso, ¿ya se puede hablar de un consorcio entre abogados, fiscales y jueces?

— Tal vez hablar de un consorcio, por ahora, es prematuro. Habría un consorcio si los abogados hubieran tenido vínculos con los fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales, además de otros abogados; ahí estaríamos en presencia de un verdadero consorcio. Todavía no hay los elementos suficientes para determinar ello. Que puede haber un consorcio no lo descartaría totalmente, pero la investigación tendrá que establecer todo aquello. Por eso, junto al viceministro Jorge Pérez y el comandante (de la Policía, Víctor) Maldonado empezamos a investigar.

Perfil

Nombre: Carlos Romero Bonifaz

Nació: 23-08-66

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Carrera

Romero es uno de los ministros más afines al presidente Evo Morales; hasta la fecha se hizo cargo de tres carteras de Estado  y asegura que seguirá cumpliendo su labor enmarcado en las leyes. Este año, el abogado reemplazó a Wilfredo Chávez en esa cartera.

‘No se debe politizar la investigación de este caso’

— ¿Los abogados también extorsionaron en el caso Terrorismo?

— Si estos abogados (Rivera y Rodas) extorsionaron a alguien en el caso Terrorismo, que las personas que saben del hecho denuncien y los investigaremos con la misma responsabilidad y seriedad con la que se maneja el presente caso.

— Las embajadas de Suiza y de Estados Unidos enviaron información de que Ostreicher no tiene antecedentes. ¿Se van a tomar en cuenta esos datos?

— No dirijo la investigación sobre    la legitimación de ganancias ilícitas que pesa sobre el ciudadano Ostreicher; esa investigación la dirige el Ministerio Público. Obviamente, con este caso han cambiado muchas circunstancias del proceso, pero es el Ministerio Público el que debe volver a valorar el caso, pedir declaraciones ampliatorias e informes periciales.

—¿Esto no cambia la situación jurídica de Ostreicher?

— Hay que ver tres dimensiones de la investigación, uno es el referido a  los bienes incautados; de ahí provienen esas irregularidades; dos, la solicitud de cesación preventiva que corresponde a las autoridades judiciales, lo que nos llamó la atención en  la postergación de audiencias y suspensiones. Tercero, la acusación de fondo y verificar si tenía vínculo con el narcotráfico o no, si ha legitimado ganancias ilícitas o no; éste es un tema que tiene que continuar en la investigación judicial.

— ¿Hay autoridades políticas vinculadas en este caso?

— No hay que intentar aprovechar una investigación que se la maneja con mucha valentía y con mucha honestidad, por eso no se debe politizar la investigación de este caso. Por ejemplo, no se debe hacer lo ocurrido con la revista Veja, que fue una canallada; entonces, dijeron que el ministro Juan Ramón Quintana tuvo alguna conversación con Mauro Vásquez (líder de una banda de narcotraficantes). Quintana me sugirió que solicitemos su traslado a Chonchocoro por la peligrosidad de esa persona y porque había riesgo de fuga en Cobija, creo que el tema hay manejarlo en su justa dimensión y no con especulaciones.

— Opositores pidieron su renuncia por este tema...

—  Entonces ellos están defendiendo a la red de corrupción y extorsión; los que están pidiendo mi renuncia son los abogados defensores de esa red. Quiere decir que están contra la investigación.// La Razón

Van 15 denuncias contra la red

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, confirmó que suman 15 las denuncias de extorsión que pesan sobre la red de corrupción que operaba desde el interior del Ministerio de Gobierno.

“Son una serie de personas quienes denunciaron a Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas, exabogados de esta cartera, por hechos de extorsión, los cuales serán derivados para su respectiva investigación a la Policía Nacional y el Ministerio Público", confirmó Pérez.

Los dos exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas y el exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz Ramiro Ordoñez, todos acusados de extorsiones, fueron enviados a la cárcel.

En una maratónica audiencia cautelar que se inició a las nueve de la mañana del viernes y concluyó la madrugada del sábado, el juez Juan José Subieta, determinó la detención preventiva para los tres acusados vinculados a la red de extorsión.

Clemencia.  Rivera y Rodas, solicitaron al juez cumplir la detención en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de cualquier departamento, por razones de seguridad, ya que estos habrían enviado a la cárcel a 84 personas por diversos casos y esto podría significar un peligro para sus vidas. Mientras que Ordoñez, fue derivado al penal de Palmasola.

Quejas de la oposición. La determinación de la autoridad judicial no fue de tan agrado para las autoridades opositoras, quienes exigen que Rivera y Rodas, sean llevados a Palmasola a cumplir con la detención. "El lunes la bancada de Convergencia irá a exigir a las autoridades judiciales que se envíe a la cárcel a estas personas", dijo el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Moisés Salces.

Además, anunció que pedirán al fiscal de Distrito Henry Herrera, que realice una auditoría a la gestión del anterior fiscal de Distrito, Isabelino Gómez. "Yo estoy seguro que si investigamos caso por caso que se han realizado en la anterior gestión, vamos a encontrar muchas irregularidades", añadió el parlamentario.  Sin embargo, no solo las autoridades opositoras se manifestaron sobre la detención en carceletas de la FELCC, sino que también se pronunció preocupado por la decisión judicial. "El Ministerio de Gobierno expresa su preocupación porque el fallo del juez en el caso de la red de corrupción y extorsión otorgó la detención en celdas de la FELCC a los dos principales sospechosos Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, sin exigir una comprobación objetiva del supuesto riesgo sobre sus vidas alegado por los imputados", señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar.

Felicitaciones a la justicia. Por otro lado, el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Beto Áñez, felicitó a la justicia por la determinación de envío a la cárcel a tres exfuncionarios nacionales. "Felicitar al Ministerio de Gobierno por la limpieza moral que hizo con la banda de extorsionadores que convirtieron a Santa Cruz en su chaquito. Ojalá se meta presos a todos los que no cumplan con la justicia", subrayó el cívico.

De igual manera, el senador oficialista, Isaac Ávalos, mencionó que sería importante la presencia de agentes encubiertos de civiles en varias instituciones y ministerios para conocer las acciones que realizan y evitar hechos similares.

Red de extorsión. Las tres personas enviadas a la cárcel la madrugada del sábado están acusadas por los delitos de extorsión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, entre otros. Estos delitos están vinculados con el caso del estadounidense Jacob Ostreicher. La defensa del norteamericano, Jimmy Montaño, anunció que apelarán el fallo del juez y pedirán que Rivera y Rodas cumplan detención preventiva en el penal de Palmasola y no así en las carceletas de la FELCC.

Detenidos

Fernando Rivera 

Fue designado como director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno en agosto del 2010. En septiembre pasado fue transferido como asesor legal del mismo Ministerio.

Denis Rodas

En julio de 2008 fue designado coordinador jurídico del Ministerio de Gobierno y en agosto del 2010 fue derivado a jefe de Unidad de gestión Jurídica en el mismo Ministerio.

Los próximos a declarar...

Isabelino Gómez. Asumió el cargo de fiscal de Distrito de Santa Cruz en marzo del 2011. Es acusado de tener estrecha relación con Fernando Rivera, implicado en el caso de extorsión. Este lunes debe presentarse a declarar a la Fiscalía.

Roberto Achá. Fiscal de Trinidad, está implicado en el caso junto a su esposa Cory Balcázar. Estos supuestamente están en calidad de depositarios de los bienes del estadounidense. Ambos están citados a declarar en calidad de investigación.

Janet Velarde. Fiscal que también está siendo investigada junto a su par Javier Cordero. Ambos deben  presentarse a declarar la próxima semana sobre el caso de extorsión. Son señalados de haber actuado de manera contraria al norteamericano.

Álvaro La Torre. Fiscal involucrado en la supuesta extorsión. Está citado a declarar a la Fiscalía en calidad de testigo. Mientras que el exjuez Wilson Arévalo está citado en calidad de investigado por supuestos cambios de fallos judiciales.

La Fiscalía intensifica los allanamientos

Cumpliendo con lo anunciado, la Fiscalía continúa con los operativos y allanamientos a domicilios en busca de mayores datos sobre la polémica red de extorsionadores que operaban en el Ministerio de Gobierno.

Ayer la comisión de fiscales asignada a la investigación de extorsión al estadounidense Jacob Ostreicher, allanó el condominio Paraíso por el primer anillo zona del avión Pirata, junto a efectivos policiales, en donde sacaron documentaciones aunque aún no se precisa de que tipo.

Sin embargo, ninguna de las autoridades dio información sobre la acción, más al contrario, los representantes del Ministerio Público salieron por la parte trasera del condominio, evadiendo a los medios de comunicación.

El fiscal Ángel Álvarez, miembro de la comisión investigadora, aseguró horas antes del allanamiento, que las investigaciones continuarán para recabar mayor información sobre las acciones de la polémica red de extorsionadores. "Ya están marcados cuándo se tienen que presentar las personas que han sido citadas, unas en calidad de investigación y otras en calidad de testigos. No podemos dar mayor información porque tenemos que seguir trabajando para esclarecer el hecho de fondo", puntualizó el fiscal.

¿Viceministro, cabecilla de la red?. Según el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reveló que a la red de extorsionadores se suma otro integrante que organizaba la parte operativa de las acciones irregulares de este grupo: Boris Villegas, quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno. "Efectivamente se ha visto de que existía conexión, trabajaban juntos, realizaban las actividades de gestión legal, etcétera, el señor Denis Rodas y el señor Fernando Rivera, quien ejecuta de manera operativa con los grupos de la Policía era el señor Boris Villegas, el mismo que fue desvinculado hace tres meses posiblemente del Ministerio de Gobierno", dijo Pérez.

Además, señaló que la red de extorsionadores intentaba alejarlo del cargo. “Nos dimos cuenta de que esta red quería sacarme del medio para seguir extorsionando, sacando dinero a la gente", indicó la autoridad.

Por su parte, Boris Villegas, consultado por un medio televisivo en La Paz, sobre la red de extorsión, alegó inocencia y defendió a los abogados Rivera y Rodas. "Yo niego vehementemente mi participación en cualquier tipo de organización delincuencial", dijo Villegas a Cadena A, a tiempo de indicar que "no ha habido absolutamente nada, ningún reporte de inteligencia u otra información que hubiera hecho pensar siquiera que tanto el doctor Rivera como el doctor Rodas estuvieran involucrados en cualquier tipo de acción delincuencial y chantaje".

Propiedades semiabandonadas. La red de extorsionadores salió a la luz pública producto de las denuncias del norteamericano, Jacob Ostrecher.

Actualmente las propiedades incautadas de Ostreicher, están semiabandonadas.

Según el reporte de la Red Uno, en las propiedades del estadounidense hay personas que viven en el lugar y acusan a Ostreicher de haberlos amedrentado, además lamentan que el extranjero solo se preocupe por el estado de sus tierras y no de los trabajadores del lugar que según ellos hace más de un año que no reciben sueldos.

Las propiedades están en la comunidad de San Pablo en el municipio de Guarayos, frontera con el departamento del Beni.// El Día

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