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ESCÁNDALO DE RED DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN (V)

Cuando surgen numerosas denuncias, con pruebas, en contra de exfuncionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa, la Ministra denominada de "anticorrupción", Nardi Suxo, plantea que las personas que entregaron dinero a los extorsionadores, también sean procesados".

Al respecto el Presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, dijo que "se debe investigar a la Ministra Suxo, toda vez que apadrinó la designación de Isabelino Gómez para que sea designado Fiscal y luego Fiscal del Distrito cruceño. Está nerviosa y no sabe cómo parar la investigación contra los extorsionadores porque varios de ellos preferirán hacer revelaciones".

Debería preocuparse de hacer conocer por qué Boris Villegas -según el Viceministro Pérez es uno de los principales jefes de la red de extorsionadores-, desempeña funciones en el Ministerio Anticorrupción, debe hacer conocer el currículum vitae y antecedentes penales de Villegas, la declaración de Suxo es demostración de que aún persiste una red que encubre, protege, las actividades ilícitas de los extorsionadores, señalaron los Diputados Muñoz y Ortega .

Intentan confundir a la opinión pública

Diputados de Convergencia y Unidad Nacional, señalaron que tanto Carlos Romero como Nardi Suxo intentan confundir a la opinión pública, con el objetivo de que el caso no avance.

Escándalo de corrupción y extorsión en BoliviaRomero clama que "podría haber terremoto" por las implicaciones y ramificaciones de la mafia incrustada en funciones gubernamentales, a voz en cuello indica que "se debe denunciar todo acto de extorsión y otra clase de delitos penales en los que habrían incurrido Fernando Rivera Tardío, Denis Rodas Limachi, Boris Villegas y otros procesados o involucrados".

"Llevaremos la investigación hasta las últimas consecuencias para que se sancione a los extorsionadores, sea quien sea, caiga quien caiga, combatimos en forma frontal a la corrupción", afirmó reiteradas veces el Viceministro de Gobierno, Jorge Pérez.

Nardi Suxo denominada de "anticorrupción", sale a la palestra pública para refutar de algún modo las declaraciones de Romero y Pérez, indicando "que las personas que pagaron a los extorsionadores también deben ser procesados".

En criterio de los abogados penalistas Dr. Luis Valencia A., Dr. Carlos Crespo G., "la Ministra no solo que está equivocada, sino que causa susceptibilidad y se torna sospechosa su actitud, cuando esta de por medio la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana en Bolivia".

Es sabido que los extorsionadores en posesión de poder político y del nombramiento como funcionarios de gobierno, trafican influencias para obtener ganancias ilícitas, contactan, piden, exigen, amenazan a las víctimas que son sorprendidas con la oferta de hacer salir libres a sus seres queridos, es decir las víctimas de extorsión primero deben pensar en cómo lograr salvar la vida de sus seres queridos, cómo lograr que se haga un mínimo de justicia imparcial, se ven acorralados por quienes en el mal uso de la designación sea como Fiscales, directores jurídicos de los Ministerios, sonsacan dineros a las personas angustiadas e impotentes para que la verdad salga a luz ante la justicia, pues como se va constatando varios de los operadores de la misma obedecieron imposiciones extrajudiciales de personeros del Gobierno, ni duda quepa que la ventaja la tienen los extorsionadores y las víctimas están en la indefensión.

Por ello es que no se debe intentar acallar las denuncias que se hacen por múltiples víctimas en contra de los extorsionadores, es deber procesarlas, el Gobierno si en verdad quiere combatir la corrupción está en la obligación de otorgar garantías a los denunciante-

La Ministra Suxo -señalaron los representantes nacionales-, ingresa en el terreno de obrar en contra de Resoluciones Judiciales y se inmiscuye en competencias del Órgano jurisdiccional, con su declaración está intentando presionar psicológicamente para desviar la atención de la opinión pública, desde el cargo que detenta pretende que las personas víctimas, no sigan haciendo denuncias .

Lo preocupante es que la Ministra Suxo no dijo absolutamente nada en contra de los ahora detenidos extorsionadores, no pide que los "corruptos sean drásticamente sancionados", "no dice absolutamente nada cuando el Juez Subieta en lugar de remitir a la cárcel de Palmasola u a otra cárcel a los imputados Fernando Rivera, Denis Rodas Limachi y Ordoñez, a pedido de los querellados, los remite a la FELCN, que no es una cárcel sino una oficina administrativa", enfatizaron los parlamentarios.

Corrupción en BoliviaRamírez quiere desenmascarar a Suxo

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, salió a la palestra y vinculó a la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, con el grupo de corrupción y extorsión.

"Ella es parte del grupo de extorsionadores. Solo pido garantías para desenmascararla", indicó el exhombre fuerte del partido de Gobierno.

Ramírez manifestó que el llamado "caso Catler Uniservice" estuvo a cargo de Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Aldo Ortiz y César Romano.

Santos Ramírez resultó el principal inculpado por este caso, y condenado a 12 años de prisión por corrupción en la estatal petrolera, actualmente está detenido en la cárcel de San Pedro.// Jornada

Vinculan a Transparencia con la red de extorsionadores

La red de extorsionadores que está siendo investigada en Santa Cruz, luego de haber sido descubierta la semana pasada, extendió sus tentáculos hasta el Ministerio de Transparencia e incluso hay denuncias de que la titular de ese despacho está involucrada con el grupo.

Consultado sobre este tema, desde esa cartera de Estado indicaron que no emitirán ninguna opinión    sobre las denuncias en contra de sus funcionarios.

Una ex alta autoridad gubernamental, entrevistada por Página Siete, afirmó que la red de extorsionadores tiene conexiones con al menos dos funcionarias de esa entidad encargada de la lucha contra la corrupción.

Este dato fue corroborado por otro funcionario actual, quien además dijo que ambas son cercanas a Fernando Rivera, presunto líder de esta asociación, y Boris Villegas, ex director de Régimen Interior, quien también trabajó durante 16 días en el Ministerio de Transparencia.

Ambas fuentes informativas pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias.

Desde ese despacho explicaron ayer que Villegas, acusado de ser el coordinador de los operativos en favor de la red de extorsión, ocupaba el cargo de técnico en el Viceministerio de Transparencia y que renunció a esa función el 16 de septiembre de este año porque su perfil no era adecuado para las labores que desempeñaba.

Según los denunciantes, las abogadas habrían mantenido una coordinación permanente en varios casos, como el proceso contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ex líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez, detenido en la cárcel de San Pedro.

Además, una de las fuentes consultadas apuntó a la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, de “proteger” a Villegas -acusado por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez- y de coordinar los operativos de la red.

“Esto no es nada nuevo, todos sabemos a quién responde Villegas y por qué se fue al Ministerio de Transparencia (después de que salió del Ministerio de Gobierno)”, dijo el funcionario.

La otra fuente lamentó que Suxo, siendo la ministra de Lucha contra la Corrupción, no encabece esta cruzada contra los extorsionadores indagando en su propio ministerio y no pidiendo que se procese a las víctimas de la red de extorsionadores.

El ex viceministro de Régimen Interior y Policía Gustavo Torrico denunció hace unos días en un canal televisivo que la red de corrupción y extorsión descubierta “también penetró a mandos intermedios del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción”.

La ex autoridad también expresó su extrañeza de por qué hasta ahora no existe una imputación contra Boris Villegas y solamente queda la denuncia verbal.

Y desde la cárcel de San Pedro, Santos Ramírez vinculó a la ministra Suxo con la red.

“Usted dijo que luchaba contra la corrupción, ¿y hoy por qué no dice nada? Resulta que ella ha traficado conjuntamente con estos extorsionadores. Villegas ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, en YPFB y en Transparencia. Que me den la oportunidad de 45 minutos para desvestir y desenmascarar a la señora ministra de supuesta Lucha Contra la Corrupción”, dijo a la prensa.// Página Siete

'Rebeldes' acusan a Isabelino Gómez por sus suspensiones

Los concejales denominados “rebeldes” por el alcalde Percy Fernández, denunciaron que la red de extorsión que está siendo investigada por el Ministerio Público y el de Gobierno, operó en sus procesos actuando de forma desfavorable para ellos.

Los legisladores cruceños acusan al exfiscal Isabelino Gómez de ser la cabeza de los actos de extorsión y corrupción en el Ministerio Público y de haber promovido sus respectivas suspensiones.

Gómez está siendo procesado por dos actos de extorsión: una contra el ciudadano Pedro Pinto y la segunda por el caso reciente del estadounidense Jacob Ostreicher.

Denuncia pública. El concejal Óscar Vargas, alejado de sus funciones desde hace más de cuatro meses, dijo que el “Ministerio Público fue perforado por actos que obedecen a carácter político y económico” pero que en el caso particular de los siete legisladores cruceños se operó bajo intereses políticos.

Corrupción en BoliviaVargas, dijo que a su parecer, los concejales por el Movimiento Al Socialismo (MAS) presionaron a Isabelino Gómez para que este ordene a los fiscales asignados a las investigaciones de incumplimiento de deberes que enfrentaban los “rebeldes”, la debida suspensión de sus funciones. "Nosotros tenemos conocimiento de que los concejales (Freddy) Soruco y (Saúl) Ávalos sostenían permanentes reuniones con el fiscal Carlos Candia, hecho que coincide con nuestra suspensión. Nosotros fuimos víctimas de la corrupción", expresó el edil.

Vargas, junto a los concejales Sibele Ortiz, Yanine Parada, Enrique Landívar, Leonardo Roca, Manuel Saavedra y Arminda Velásquez, fueron suspendidos por una acusación formal del Ministerio Público por el delito de incumplimiento de deberes que sentó en su contra el burgomaestre cruceño, cuando estos no aprobaron el informe de los estados financieros a tiempo. Otro proceso que enfrentan las mismas autoridades es por haber suspendido a la concejal Desirée Bravo.

Procesos acelerados.
Los concejales rebeldes critican a las autoridades judiciales por haber acelerado los procesos que enfrentan los concejales y de no haber impulsado los juicios en contra del alcalde Percy Fernández, por los casos de SIO y por el supuesto “maquillaje” de los estados financieros de la comuna cruceña.

El fiscal Freddy Pérez, fue asignado al caso de investigación por la denuncia de la concejala Bravo en contra de los siete rebeldes que la suspendieron.

Otro representante del Ministerio Público al que acusan los rebeldes a Carlos Candia, a cargo de la denuncia que sentó el alcalde por la no aprobación de los estados financieros. "En contra de este fiscal nosotros sentamos una denuncia, pero solo recibió una sanción liviana de un descuento de salario", recordó el concejal Óscar Vargas.

Los concejales presentaron la tarde del lunes ante el Ministerio Público un memorial en el que piden la investigación severa a los fiscales Candia, Pérez, Gómez y Anuncio Piérola, este último porque supuestamente no habría presentado en el 2010 al pleno del Concejo Municipal, una acusación formal en contra del alcalde. “Nosotros ahora le tomamos la palabra al presidente (Evo Morales) y al ministro de Gobierno (Carlos Romero), para dar más denuncias sobre esta red", añadió.

¿Alianza cercana?. Aunque los concejales del MAS, han manifestado en reiteradas ocasiones que tienen una alianza con el alcalde cruceño, los rebeldes insisten en que esto es cierto. “Le pedimos al presidente, si tiene mucho de Morales que se reúna con sus concejales y explique cuál es el acuerdo que tienen sus concejales con el alcalde Percy Fernández”, subrayó el edil.

Vargas, criticó que hasta la fecha el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se haya pronunciado sobre los recursos que han presentado desde hace 5 meses, referente a las acciones que se registraron meses atrás en la comuna cruceña.

Por su parte, el presidente del TCP, Ruddy Flores, aseguró que ya existen los fallos sobre varios casos, ente ellos los recursos presentados por los concejales cruceños. "En los próximos días ya se harán todas las notificaciones sobre los procesos que aún están pendientes por resolverse", aseguró Flores.

Crisis municipal
Hechos que llevaron a procesos legales y suspensión del cargo

La crisis municipal que se registró en Santa Cruz por más de un año, inició con la aprobación de leyes planteadas por el órgano legislativo, que eran inconstitucionales para el Ejecutivo. Las diferencias fueron agravándose con la no aprobación a tiempo del informe de los estados financieros de la comuna cruceña. El 28 de febrero vencía el plazo para presentar el informe en La Paz, pero al no ser enviado a tiempo, el alcalde denunció a los “rebeldes” por incumplimiento de deberes.

Otro hecho que fracturó más las relaciones fue la suspensión de la edil Desirée Bravo, la misma que tomó acciones legales contra sus colegas.// El Día

Gobierno acusa a juez y fiscales de favorecer a la red extorsiva

Luego de observar el accionar de un juez y fiscales que llevan el proceso contra la red de extorsión desarticulada la pasada semana, el Ministerio de Gobierno denunció ayer que éstos favorecen al grupo delictivo, lo que demuestra que las influencias de los procesados “están intactas”.

“Las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales encargados de esclarecer este caso de interés nacional han develado, no obstante, la intención cuestionable de favorecer a los principales responsables de la red de corrupción y extorsión que presumiblemente mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia”, sostiene el Ministerio de Gobierno en un documento.

La pasada semana, el Gobierno informó que desarticuló una red de corrupción y extorsión en el Órgano Ejecutivo. En este proceso detuvo a José Antezana Pinaya, del Ministerio de la Presidencia, y a Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, exempleados jurídicos de la cartera de Gobierno. Los acusó de ser cabecillas del grupo que actuaba en diferentes casos, como el del estadounidense Jacob Ostreicher, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas, a quien le habrían pedido $us 50 mil para su libertad.

Para indagar a esta red se conformó una comisión de ocho fiscales y el caso llegó a manos del juez 6° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta. Antezana fue enviado al penal de Palmasola, pero Rivera y Rodas fueron detenidos en una celda policial, el viernes. A esta actuación se suma la de la comisión de fiscales que, tras interrogar al fiscal Roberto Achá Torres, lo dejó en libertad, siendo que —según el Gobierno— es sindicado de forzar la acusación contra Ostreicher.

“No nos gustan estas decisiones de las autoridades judiciales, nos llaman a la reflexión. Resulta que a (la cárcel) Palmasola no van los principales acusados, van los funcionarios administrativos”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a la red Unitel. Añadió que llama la atención que ambos fallos hayan sido emitidos después de la medianoche.

Rechazo. Tras conocer la posición del Gobierno, el fiscal Anuncio Piérola, que es parte de la comisión que indaga, rechazó esa posición. “El Ministerio Público es autónomo, si van a seguir presionando desde el Ejecutivo, también la Fiscalía va a tomar medidas. No hay ningún favorecimiento en lo absoluto, sólo estamos siendo objetivos con cada una de las personas que están siendo investigadas”, afirmó.

“Estamos trabajando de acuerdo con la ley, la Constitución y nuestra conciencia, porque después se puede tomar cualquier medida apresurada y de qué va a servir si aquí estamos combatiendo a los que presionaban y no vamos a combatir con otros que están presionando”, añadió Piérola.

Mientras tanto, el presidente Evo Morales, en un acto realizado en Sabaya (Oruro), indicó que algunos de sus compañeros le dicen que dentro de las funciones públicas aún permanece “gente de antes” que roba. Para ellos pidió a la justicia castigo porque hacen daño a la economía nacional.

El vicepresidente Álvaro García, en la ciudad de Santa Cruz, demandó sanciones drásticas en contra de los implicados en la red de extorsión en el caso Ostreicher, según un despacho de la agencia ANF. En la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, hasta ayer, se recibieron diferentes denuncias de extorsión cometidas por la red delictiva desarticulada. Sin embargo, se informó que serán nueve las quejas que se someterán a un análisis.

Posiciones contrarias

Denuncias

Nardi Suxo, ministra anticorrupción, planteó enjuiciar a quienes pagaron dinero a fiscales. Pero el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio garantías a víctimas de la red de extorsión.

Fijan la audiencia para Jacob Ostreicher

El 11 de diciembre, el estadounidense Jacob Ostreicher, encarcelado preventivamente desde hace 18 meses por cargos de enriquecimiento ilícito, buscará obtener por vigésima tercera vez su libertad condicional. Sus abogados trabajan en la acumulación de los requisitos para obtener ese beneficio.

Uno de los dos abogados del extranjero, Jimmy Montaño, se mostró optimista después de la desarticulación de una supuesta red de corrupción y extorsión incrustadas en el Gobierno. “Vamos a hacer valer los derechos constitucionales de Ostreicher en las instancias que correspondan”, dijo.

La audiencia de apelación al fallo judicial emitido por la jueza Eneas Gentile, sobre la negación a la cesación de la detención preventiva del estadounidense, será resuelta por la Sala Penal 1ª este martes a las 08.40 en la Corte Suprior de Justicia.

Montaño dijo que en los últimos días se descubrió que la detención de año y medio de su defendido ha respondido únicamente a una situación de carácter extorsivo por los abogados del Ministerio de Gobierno que están detenidos y procesados.

“Hemos presentado más de 1.400 documentos, los mismos no fueron valorados correctamente porque estas personas hoy aprehendidas en un recinto penitenciario hacían presión sobre los jueces y fiscales que atendían el caso”, afirmó el jurista Montaño.

Guerrero supervisa la labor de la comisión

La comisión de fiscales que investiga los nexos de la red de extorsión que se atribuye a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas, es supervisada por el Fiscal General, quien les instruyó no tener contacto con los abogados del Gobierno. “Los fiscales de Santa Cruz y mi persona están viendo muy de cerca el trabajo de esa comisión”, dijo a La Razón el fiscal general, Ramiro Guerrero.

La máxima autoridad del Ministerio Público indicó que se garantiza la labor de la comisión conformada hace una semana y reiteró su pedido de que no se politice esta investigación. “El tema es encontrar a todos los culpables, sea quien sea, sea de donde sea, no se trata aquí de decir que es de este partido o de este otro”, señaló.

Por ser un tema jurídico, legal y de investigación, aseguró que será en ese ámbito en que lo manejará la Fiscalía. En ese marco, se dispuso que los fiscales que ven procesos en los que el Estado es parte, no pueden fijar reuniones de coordinación con abogados del Gobierno, aspecto que se extiende a los funcionarios que ahora ven el caso de extorsión.

Además, anunció que desde el Ministerio Público se impulsará auditorías a todos los procesos en que Rivera y Rodas se apersonaron a nombre del Ministerio de Gobierno. Este medio contabilizó al menos nueve procesos de relevancia, entre ellos el caso Rózsa o Terrorismo. Esta auditoría permitirá reactivar los casos y, si es necesario, se conformará comisiones de fiscales para que los mismos concluyan a la brevedad posible.

Gente ligada al MAS suma quejas contra red delictiva

Al menos dos nuevas denuncias contra de la red de extorsionadores que presuntamente lideraban Fernando Rivera y Dennis Rodas  fueron presentadas ayer. El detenido exhombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez trató de involucrar con la red a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, denunció que en septiembre de 2011 fue acusado de tener vínculos con el narcotraficante Wilson Díaz Véliz y por ello estuvo detenido en el penal de Palmasola 38 días.  Afirmó que antes de su audiencia cautelar le pidieron $us 50 mil para que salga libre, pero no pagó.

Cronenbold dijo que el fiscal que llevó su caso fue Roberto Achá, que investiga a Jacob Ostreicher, y el juez Fernando Orellana, que ordenó la venta del arroz decomisada al estadounidense. El alcalde dijo que actuaban mediante la esposa de Achá, que hablaba con Rodas y Rivera.

Acusación. El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, dijo a ANF: “Quiero que me den 45 minutos para desenmascarar a la señora ministra (Nardi Suxo) en su supuesta lucha contra la corrupción”. La ministra no pudo ser contactada para pedir su opinión sobre el caso.

Ramírez afirmó que fiscales del caso Catler Uniservice ocupan cargos de importancia y mencionó a Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, César Romero y Aldo Ortiz; también citó al exfuncionario Boris Villegas.

Alertó al presidente

Denuncia

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, afirmó que alertó, en la ciudad de Santa Cruz, de que era víctima de extorsión al presidente Evo Morales y éste le dijo que aguante, como hizo él por 17 años. La autoridad estuvo ayer en la ciudad de La Paz.

Denuncian a la esposa de Achá

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, afirmó que Cori Balcázar, esposa del fiscal Roberto Achá, es la “operadora y articuladora de la red” de extorsión. La autoridad afirmó que, tras ser apresado, apeló la decisión judicial y que su caso cayó en un juzgado imparcial, donde se presentó Balcázar cuando le iban a dar medidas sustitutivas. “La esposa de Achá llamaba en los pasillos (a Fernando Rivera y Dennis Rodas) y andaba diciendo que cómo me van a soltar y dar medidas sustitutivas”, indicó. En “represalia” porque logró salir libre, dijo, en junio de este año Rivera y Rodas le iniciaron otro proceso.

Para recibir este tipo de denuncias, el Ministerio de Gobierno habilitó su Unidad de Transparencia (Av. Arce esq. Belisario Salinas 2409).

Vicepresidente pide mano dura para implicados en casos de extorsión y corrupción

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió a la justicia actuar con mano dura con los responsables de casos de extorsión y corrupción revelados la pasada semana cuando se pretendía extorsionar al empresario estadounidense Jacob Ostreicher con 50 mil dólares para que éste obtenga su libertad.

"Esto no puede ser, esto no puede volver a pasar, la justicia en el país debe dar sanciones drásticas como ejemplo para que esta situación no se repita", aseveró García Linera durante la inauguración del Plan Nacional de Reforestación de Árboles en el municipio de la Guardia, en Santa Cruz.

El Segundo Mandantario del país insistió en que la justicia aún no se notan los cambios que se perciben a nivel sociopolítico como el proceso de cambio.

"La justicia ya estaba mal desde hace mucho, pero hoy lamentamos que sigue mal, que no va con ese ritmo de cambio histórico que vive el país, elegimos a nuestras autoridades judiciales pero todavía falta cambiar ese entorno malicioso", apuntó.

Ministerio de Gobierno recibió al menos 9 denuncia contra sus exasesores

El jefe de Transparencia del ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín dijo este martes que después de conocer la implicancia de los exasesores de esta cartera de Estado, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, se recibieron varias denuncias, sin embargo dijo que al menos nueve serán analizadas para asumir las acciones correspondientes en contra de estos ex funcionarios.

Albarracín explicó que las denuncias recibidas por esta instancia fueron denunciadas con documentación, además precisó que hace varios meses se presentaron algunas demandas en contra de los ex asesores, pero las mismas no tenían los respaldos para hacerlas públicas.

"Son nueve las que han presentado algún tipo de documentación donde han venido. Obviamente hay muchas más porque las llamadas telefónicas, los contactos, las visitas, en algunos casos son esporádicas (…) Estos abogados habrían planteado que tienen el poder suficiente, inclusive como para encarcelar por sola decisión de ellos", afirmó Albarracín a la Red Cadena A.

El representante de esta instancia gubernamental aseguró que se brindará todas las garantías a las personas denunciantes, además de guardar la confidencialidad de los denunciantes y que en caso de constatar los hechos a través de personal profesional el Ministerio de Gobierno se convertirá en parte querellante si se llega a instancias judiciales.

Fernando Rivera, quien hasta hace siete días era el asesor jurídico del ministerio de Gobierno, sin embargo fue aprehendido a raíz de la denuncia de Jacob Ostreicher, ciudadano norteamericano quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, por estar presuntamente involucrado con hechos de corrupción.

Rivera sería el cabecilla de una red de extorsionadores donde estarían implicados servidores de otras instancias gubernamentales, jueces, fiscales y hasta efectivos policiales.// La Razón

En tela de juicio accionar fiscal del caso Ostreicher

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, puso ayer en tela de juicio el accionar en su determinación de ciertos fiscales y jueces en torno a la investigación de la red extorsiva y corrupción que se dirigía desde la asesoría legal de esta cartera.

La autoridad cuestionó el hecho que Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, sindicados de ser los cabecillas de la red de extorsión permanezcan con detención preventiva en celdas de la Felcc y no en la cárcel de Palmasola, por orden del juez Juan José Subieta. Además, cuestionó la no aprehensión del fiscal Roberto Achá, implicado en el caso Ostreicher, determinación que dejó grandes dudas en torno a los fallos indulgentes de ciertos fiscales miembros de la comisión investigadora de la red. "No nos gusta esas decisiones de la autoridad judicial, nos llaman a la reflexión, creo que tenemos que ser más vigilantes de lo que pasa", advirtió. Los cuestionamientos surgieron desde la audiencia cautelar de los exfuncionarios gubernamentales donde el juez cautelar dejó sin efecto la imputación de la organización criminal contra los cabecillas de la red de extorsión y corrupción; decisión que aliviana la labor de defensa de los acusados.

Vigilantes y expectantes. La molestia de la autoridad gubernamental tuvo su réplica en el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quien sigue de cerca las acciones investigativas. A su criterio, el fiscal Roberto Achá, después de prestar su declaracion informativa, debió quedar aprehendido porque él reconoce en su declaración policial informativa haber allanado la oficina del señor Ostreicher, haber visitado al ahora vocal y antes juez Zenón Rodríguez, junto con la fiscal Jeanethe Velarde y de acuerdo a la información que maneja el Ministerio de Gobierno habría actuado de forma prepotente y agresiva indicándole al investigado que su dinero era del narcotráfico, generando un ambiente de intimidación.

"Consideramos que debió ser aprehendido (el fiscal Achá) existen suficientes indicios para una decisión de este tipo. Sin embargo, somos respetuosos de la decisión de la Fiscalía porque es autónoma. Pero esto no significa que no está exenta de que se pueda revisar el contenido del cuadernillo y si encontramos que existe favorecimiento o la intención de obstaculizar el desarrollo investigativo o beneficiar a algunos de los investigados vamos aplicar mano dura", sentenció la autoridad de Gobierno. Achá, quien negó cualquier mecanismo de presión contra el otrora juez Zenón Rodríguez fue sindicado por Gustavo Céspedes en su declaración de haber presionado al ahora vocal cuestionado.

De su lado, el fiscal coordinador Anuncio Piérola dijo que el accionar investigativo se está enmarcando en lo que dice la Ley y la Constitución Política del Estado.

Cambio de fiscales. Pérez indicó que la decisión de remover o cambiar fiscales de la comisión investigadora de la red de extorsión y corrupción está en manos de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio de Gobierno aclaró que su cartera estará pendiente y atenta en el desarrollo de la investigación criticando que por unos operadores que no entienden adecuadamente cuál es la función que se debe cumplir se ponga en el tela de juicio el funcionamiento de la justicia en este país.

Comunicado. El Ministerio de Gobierno denunció ayer mediante un comunicado que la red de influencias de la banda de abogados extorsionadores incrustados en instituciones públicas se mantiene intacta, pese a la captura de sus cabecillas visibles. Para esta semana se tiene previsto tomar la declaración de la fiscal antidroga Jeanethe Velarde sindicada de presionar a jueces para cambiar sus determinaciones, según declaraciones del exasistente fiscal, Gustavo Céspedes.

Anticorrupción
Habilitan oficina de denuncias de extorsión en La Paz

El Ministerio de Gobierno instruyó ayer la apertura de una oficina para recepción de denuncias de extorsión abiertas para todas aquellas personas que se sientan afectadas con ciertos casos. Las oficinas están ubicadas en la Dirección de Transparencia en La Paz  entre las avenidas Arce y Belisario Salinas a cargo del jefe de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín.

El responsable de esta cartera adelantó que ya se han recepcionado nueve denuncias y anunció que se darán todas las garantías a las personas que sienten sus denuncias./LES.

Denuncia
'La esposa de Achá me pidió 50 mil dólares'

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold (MAS),  reveló ayer a la red Erbol que fue objeto de extorsión de parte de ciertos miembros de la red extorsiva, de la cual tenían conocimiento el presidente Evo Morales y el ministro Carlos Romero Bonifaz. La autoridad, detenido 38 días en la cárcel de Palmasola por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, identificó a la esposa del fiscal Roberto Achá, abogada Cory Balcázar de ser una operadora de la red extorsiva. "Esta señora pidió 50 mil dólares para que no vaya detenido a Palmasola", denunció. Su marido está implicado en la extorsión al norteamericano Jacob Ostreicher.

Vuelven a pedir la cesación de libertad de Jacob Ostreicher

Después de haber destapado una presunta red de extorsión y corrupción, la defensa del estadounidense Jacob Ostreicher, volverá a intentar obtener su libertad, que ya fue negada en siete oportunidades por autoridades judiciales que en coordinación con abogados de los ministerios de la Presidencia y Gobierno supuestamente le exigían 50 mil dólares para salir y olvidarse también de sus bienes valuados en 27 millones de dólares que ahora se encuentran incautados preventivamente por su presunta vinculación con el traficante brasileño Maximiliano Dorado.

El abogado Yimmy Montaño  informó que el pedido ya se presentó y  la audiencia ha sido fijada para el martes 11 de diciembre donde se analizará el pedido de libertad de su cliente que ya lleva 18 meses.

Explicó que la audiencia se programó para las 8:40 en la sala penal primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Mejoró su situación jurídica. “Vamos a hacer valer los derechos del señor Ostreicher en la justicia ordinaria”, dijo Montaño, quien con el abogado Jerjes Justiniano fueron convocados en julio de este año por la Comisión de Derechos Humanos por el Congreso de Estados Unidos para informar junto al agente de la FBI, Steve Moore, sobre la situación legal de Jacob Ostreicher en Bolivia.

Montaño dijo a los periodistas que en la audiencia del martes 11 se valorarán tres aspectos: la verdad material, revisión de 1.427 documentos que no fueron valorados de forma correcta por los anteriores fiscales y jueces, y evaluar el estado de salud de su defendido.

Origen del dinero y narcotráfico. “Respecto al dinero, todo llegó de Suiza al Banco Central de Bolivia, y de eso tenía conocimiento la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero)”, dijo.

Su libertad fue negada anteriormente porque es acusado por la Fiscalía de tener nexos con la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, ahora detenida en Sucre, quien era su representante legal en Bolivia y tenía relaciones sentimentales con Maximiliano Dorado, un traficante brasileño buscado en su país.

Millonarios bienes
Hay 9 casas, 9 haciendas, 2 avionetas

1. Casas. Son 9 en total en la avenida Alemania, barrio 24 de Septiembre, barrio Universitario, barrio Hamacas, barrio Fleig, carretera a Cochabamba, Valle Sánchez y el hangar 109 en el aeropuerto El Trompillo.
2. Propiedades.  Son 9 en total  y están ubicadas en la provincia Guarayos y tienen los nombres de Valle Zanky, 1, 2, 3, 4, propiedad La Colina, propiedad Guayocho Guaca y la hacienda 'Mi refugio", San Bartolo.
3. Vehículos. Son dos incautados en la propiedad La Esperanza, una volqueta y una moto tipo cuadratrack.
4. Avionetas.  Son dos incautadas en el aeropuerto El Trompillo, una Cesna matrícula CP 1066  y otra siniestrada matrícula CP 2289.

5. Maquinaria
. Son tres tractores y una cosechadora.
6. Ganado.  Son 1.500 cabezas  de ganado vacuno y 300 cabezas de ganado equino
7. Arroz.  Son más de 15 mil toneladas.// El Día

Se abre la posibilidad para que Ostreicher salga libre

Los fiscales se ocuparon de la red de extorsionadores y se olvidaron de Jacob Ostreicher, quien ahora pide que la punta del ovillo que ayudó a desenredar le beneficie con la libertad.

El martes 11 a las 8.40 se cumplirá, en la sala penal primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la audiencia donde se analizará el pedido de libertad del estadounidense quien se encuentra privado de libertad desde hace 18 meses.

El año 2011, la Fiscalía Antidrogas de Bolivia le abrió una investigación en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, mientras sus reclamos cayeron en saco roto, razón por la que incluso ingresó en una huelga de hambre y recurrió a las autoridades de su país para que intercedan por él.

En año y medio de detención hubo 24 audiencias de cesación de la detención preventiva y otras tantas veces sufrió la desilusión. Los jueces Zenón Rodríguez, Fernando Orellana, Wilson Arévalo y Eneas Gentile conocieron su caso, pero por órdenes de Fernando Orellana fueron negadas sistemáticamente las peticiones, al parecer por orden del exfiscal Isabelino Gómez.

El abogado Yimmy Montaño anotó que a la hora de la defensa, el próximo martes, se valorarán tres aspectos: la verdad material, la revisión de los 1427 documentos que no fueron valorados en forma correcta y el estado de salud del estadounidense.

"Vamos a hacer valer los derechos del señor Ostreicher en la justicia ordinaria", dijo Montaño, quien junto a su colega Jerjes Justiniano y un agente jubilado del FBI fueron convocados en julio pasado por la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos para explicar las razones de la prolongada detención de Ostreicher.

En tanto continuaban las denuncias en contra de los abogados Rivera y Rodas, quienes presuntamente abusaron del poder que les confirió el Ministerio de Gobierno y aprovecharon esta situación, para extorsionar a decenas de personas.

También saltó a la palestra el expresidente de YPFB, Santos Ramírez, quien acusó a la ministra Nardy Suxo de ser parte de la red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno.

"Respecto al dinero, todo llegó de Suiza al Banco Central de Bolivia, y de eso tenía conocimiento la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero)", dijo el abogado Montaño.

La extorsión que sufrió Jacob Ostreicher, quien invirtió unos 27 millones de dólares en Bolivia, sirvió para descubrir el funcionamiento de una red de corrupción y extorsión que era liderada por influyentes funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Gobierno.

El Coronel Edgar Andrade admite haber sido abogado de Ostreicher

El coronel Edgar Andrade, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz y abogado, reconoció haber tenido una relación con el norteamericano Jacob Ostreicher, al hacerse cargo de la defensa del estadounidense.

Estas aseveraciones y aclaraciones surgieron por parte del exjefe policial, ante los resultados que arrojaron las investigaciones sobre el caso de corrupción, cuando fue acusado por Ostreicher de pedirle dinero en varias oportunidades, para que no sea aprehendido y enviado a la cárcel de Palmasola.

Andrade recordó que en 2010 su persona conoció a Ostreicher, cuando fue designado para atender el caso, desde entonces sólo se habría abocado a trabajar en el asesoramiento del caso.

Con relación a los montos cobrados, Andrade explicó que en primera instancia cobró la suma de 260.000 dólares, pero como honorarios por todo el trabajo que había efectuado en la parte jurídica.

Sobre el tema aclaró que este monto fue acordado entre ambas partes, pero que no fue tal como Jabob Ostreicher denunció de 60 mil dólares, en una de sus declaraciones junto a sus abogados.

Corroboró que los trabajos que efectuaba su persona eran desde que llegó al país, para el cual tuvo que poner en orden los documentos personales y los de su empresa, pero sus relaciones con Ostreicher, comenzaron a tener problemas, porque según el abogado su cliente tenía algunas amistades que no eran nada aconsejables en el trabajo que estaba comenzando a realizar como empresario.// El Diario


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