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ESCÁNDALO DE RED DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN

Dos personajes del proceso de cambio liderado por Evo Morales, Héctor Arce considerado el arquitecto jurídico del gobierno, y Nardi Suxo, la ministra Anticorrupción, se encontraban ayer en el ojo de la tormenta, de opositores y oficialistas, luego de la desarticulación de la presunta red de extorsión que operaba en los ministerios de Gobierno y la Presidencia.

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Evaristo Peñaloza, anunció que investigarán las posibles influencias que el diputado oficialista, Héctor Arce Zaconeta, habría ejercido para que familiares de su esposa trabajen en la administración pública, como es el caso de su concuñado José Manuel Antezana Pinaya, quien era  director General de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia y ahora está detenido por pertenecer presuntamente a la banda de extorsionadores.

Pero el diputado Franklin Garvizú salió en defensa de Arce al señalar que no tiene nada que ver y  fue él quien contrató a José Manuel Antezana, en la gestión 2010-2011.

Nardi Suxo en la mira. A las acusaciones que la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, cobijaba como funcionario a Boris Villegas, otro de los abogados implicados en la red, se sumó ayer Alberto Morales, abogado defensor del exprefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, quien aseguró que ella es la primera en manipular la justicia  ejerciendo presión sobre jueces y fiscales cuando se trata de condenar a los opositores, cuyo único delito ha sido pensar diferente u oponerse a los planes del actual gobierno.

Los abogados abusaban de un poder 'chuto'

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Marcelo Arrázola, informó que los tres asesores de los ministerios de Gobierno y la Presidencia hicieron prevalecer la condición de representar al Poder Ejecutivo con un poder general para participar como coadyuvantes en varios procesos penales, sin tener una representación legal correcta e idónea.

Los juristas hicieron un seguimiento del actuar de los abogados  Fernando Rivera Tardío y Denis Efraín Rodas, del ministerio de Gobierno, y José Manuel Antezana, de la Presidencia, porque  tenían un documento notariado firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero,  para participar en todos los procesos penales o representar al Gobierno.

El suprapoder.
El poder tenía una carátula tramitada ante la Notaria de Fe Pública María de la Cruz Amparo Molina con asiento en La Paz y estaba firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en fecha 3 de febrero del 2012.

Se trataba de un poder "amplio y suficiente que confiere el Ministerio de Gobierno en favor de los abogados Denis Rodas Limachi, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y/o Fernando Rivera Tardío, asesor legal del Ministerio de Gobierno", dice el documento.

Un poder específico. "Era tal la sumisión de jueces y fiscales que con ese documento los tres abogados podían hacer y deshacer a nombre del Gobierno en cualquier juicio, cuando en realidad lo que legalmente corresponde es que para cada caso se asigne un determinado poder, porque de lo contrario ocurren excesos como los que se observan.

Expulsión. Arrázola informó que durante dos días el directorio del Colegio de Abogados de Bolivia se reunió en Santa Cruz y entre otra de las resoluciones figura llevar al Comité de Ética a todos los abogados que resultaran implicados en la red para analizar su conducta. Una de las faltas graves es recibir coimas, chantajear o extorsionar y establece hasta la suspensión definitiva del ejercicio legal.

Gobierno no se dio cuenta. El ministro Carlos Romero no fue ubicado ayer; sin embargo, antes dijo que no se dio cuenta del accionar delictivo de estos tres asesores que ya eran funcionarios antes que él ingrese al cargo, en el 2012.

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, llegó ayer a la Fiscalía para denunciar a los tres abogados, pues con ese poder se querellaron contra él, lo detuvieron y luego le pidieron 20 mil dólares, pero como no pagó se fue preso a Palmasola el año pasado.

Delitos
Denuncian cobros en Palmasola

Una tarifa.  Esa es la que existe en la cárcel de Palmasola para pasar de un ambiente a otro, denunció ayer la Asociación de Abogados de Santa Cruz en una carta dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Traslado. Por pasar de Chonchocorito, donde existen celdas cerradas y aisladas, al llamado pabellón abierto, donde viven en habitaciones con todas las comodidades, la tarifa es de 300 a 400 dólares.

Audiencia.
Para pagar al policía escolta un interno debe tener unos 300 bolivianos, situación que provoca retardación de justicia porque no todos tienen recursos.

Recluyen en penal cruceño a Rivera, Rodas y Gómez

Las críticas gubernamentales tuvieron su efecto. Ahora apuntan a incluir en sus imputaciones la figura penal del presunto delito de asociación delictuosa. El juez cautelar, Juan José Subieta, revocó ayer su medida inicial dictada el pasado viernes 30 noviembre en la cual se ordenaba a solicitud de la defensa y la Fiscalía la reclusión temporal por cuestiones de seguridad de los imputados Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, sindicados por la Fiscalía anticorrupción de liderar una red de extorsión y corrupción que se manejaba desde el Ministerio de Gobierno. El juez justificando su modificación explicó que recibió un oficio del director del la Felcc, coronel Miguel Gonzales, donde le hace conocer que no podía albergar en su recinto policial a presos con detención preventiva lo que impulsó a Subieta a cambiar su determinación. "El procedimiento penal me lo permite. Solamente modifiqué una parte de la resolución que ya fue dictada, solo se varió el tema dónde debería cumplirse la detención", informó la autoridad judicial.

Recluidos en PC-6. Ambos imputados, Rivera y Rodas, fueron trasladados por policías del grupo Delta al régimen de PC-6 donde habitualmente alberga a jueces, fiscales o policías comprometidos con la Ley. El fiscal Isabelino Gómez de igual forma fue recluido en el mismo ambiente luego que el jefe de la Felcc justificara que no tiene espacio para albergar a presos con detención preventiva en sus recintos. Junto con los tres detenidos se encuentra Ramiro Ordóñez, otro de los implicados y sindicados de pertenecer a la red extorsiva que presionaba a jueces y fiscales, fue enviado inicialmente detenido a la cárcel de Palmasola.

Reforzarán la investigación. El fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció que se reforzará con dos fiscales más la comisión de investigación de la red de corrupción y extorsión para dar con todos los responsables materiales e intelectuales que formarían parte de este grupo que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Advirtió en los próximos días se continuará realizando operativos, allanamientos, aprehensiones, a medida que continúen saliendo nombres de funcionarios públicos y fiscales.

Corrupción en BoliviaImputación
Exfiscal Gómez enmanillado hacia la cárcel

Visiblemente molesto y evitando mostrarse enmanillado fue conducido ayer a celdas de la Felcc, el otrora fiscal de distrito en Santa Cruz, Isabelino Gómez Severo. La exautoridad, imputado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y extorsión fue enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola en audiencia a puerta cerrada por disposición de la juez 8va de Instrucción en lo Penal, Valeria Salas. Gómez enfrenta uno de tres procesos abiertos en su contra formalmente de los varios denunciados de forma verbal.

Según Roberto Parada, abogado del afectado, detenido preventivamente por supuesta violación y proxenetismo, Cresencio Pinto Costas, dijo que este fue objeto de extorsión de parte de la abogada María del Rosario Espada (detenida), Guillermo Menacho (prófugo) quienes trabajaban directamente con el exfiscal imputado y detenido. Un video grabado por un familiar de Pinto Costas que grabó el momento en que Menacho exige 500 mil dólares y un auto para gestionar la libertad del detenido y que el caso no llegue a un juicio oral./LES

Apuntes

• Amedrentados. Blanca Mercado, abogada de los ingenios de la zona norte de donde supuestos funcionarios de Gobierno retiraron el arroz del estadounidense de forma ilegal denunció que sus clientes están siendo objeto de amedrentamiento y amenazas de muerte. La jurista cree que se trate de las personas quienes se encuentran prófugas del caso para buscar que cambian sus declaraciones.
• Auditoría. La jefe departamental de Dircabi, Iveth Álvarez, informó que demorara tiempo realizar la auditoría y poner en orden los papeles de su repartición. Sin embargo reconoció que hay contratos que se han vencido hace dos años y no han sido renovados. Álvarez no descartó abrir un proceso contra el anterior director de Dircabi, Moisés Aguilera López.
• Familiares. La madre del fiscal Isabelino Gómez y su hermana aparecieron en el Palacio de Justicia evitaron los medios televisivos.// El Día

Rivera y Rodas fueron trasladados a la cárcel de Palmasola

El Juez Juan José Zubieta ordenó ayer miércoles el encierro en la cárcel de Palmasola, la más hacinada y peligrosa de Bolivia en la ciudad de Santa Cruz, de los abogados y exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivero Tardío y Dennis Rodas Limachi, uno y dos de una red de extorsionadores destapada la semana pasada.

"El suscrito Juez instruye el traslado inmediato de los imputados al penal de Palmasola para que cumplan con su detención preventiva, mientras culminan las investigaciones del caso de supuesta extorsión al estadounidense (Jacob) Ostreicher", dijo el magistrado al tiempo de ordenar la detención preventiva de ambos en los calabozos de Palmasola.

Rivera Tardío y Rodas Limachi, que extorsionaron a diestra y siniestra a decenas de personas en trance penal, validos desde una organización criminal con enclaves en el Ministerio Público y la Judicatura, fueron transferidos de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde habían sido alojados el sábado último por orden de un juez, a la principal penitenciaría de Santa Cruz.

El Palmasola guardan detención varias de sus víctimas.

Rivera Tardío había pedido verbalmente el sábado último que no fuera encerrado en Palmasola, bajo el argumento de que "nos van a matar".

El traslado de las cabezas visibles de la banda de extorsionadores, que ha convertido al sistema judicial boliviano en un quebradero de cabeza, se registró después que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunciara decisiones judiciales y fiscales de laxas e indulgentes con Rivera Tardío y Rodas Limachi, como también con el fiscal de Sustencias Controladas de Beni, Roberto Achá, librado de culpa por el mismo juez Zubieta pese a que sobre aquél recaen acusaciones de haber intimidado a Ostreicher y haber fraguado pruebas contra éste para acusarlo de narcotráfico.

Las influencias de la red de abogados extorsioandores está intacta, resumió la víspera un boletín de prensa de su despacho.

El encarcelamiento de Ostreicher, empresario judío estadounidense, a quien, al parecer, Rivera Tardío y Rodas Limachi y sus cómplices, tendieron una emboscada desde el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía de Santa Cruz y Beni con el apoyo de ciertos jueces, para desposeerle de más de 20 millones de dólares, terminó convirtiéndose en la victoria pírrica de ambos abogados, ahora con antecedentes criminales.

Zubieta anunció haber recibido un oficio de parte del director de la FELCC, Miguel Gonzales, en el sentido que no podía albergar en estas instalaciones a ninguna persona con detención preventiva.

"En la mañana recibí un oficio del Director de la FELCC. En mérito a ese informe se ha dictado una resolución para el traslado de los imputados. No puedo dar más informes al respecto", dijo.

Los dos imputados fueron trasladados inmediatamente el penal de Palmasola. // Jornada

Caso Extorsión genera tensión en el MAS

El descubrimiento de una red de extorsión dentro del Ejecutivo generó fricción en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Los asambleístas oficialistas iniciaron una serie de acusaciones entre ellos; esto, según dicen, también es en vista a la próxima elección de la directiva de la Cámara Baja y de las comisiones para 2013.

El diputado Franklin Garvizú (MAS) lamentó la actitud “oportunista” de legisladores oficialistas. Dijo que intentan denigrar la imagen de Héctor Arce, al vincularlo con la contratación de René Cristian Antezana Pinaya, hermano de José Manuel Antezana, preso por supuestos nexos con la red de corrupción y extorsión.

“Algunos colegas del MAS están pretendiendo, a partir de la ausencia del diputado Arce, generar una suerte de oportunismo distractivo, no solamente para denigrar sino con fines políticos cuando se acaba la gestión, y eso lo reprochamos porque no es una conducta ética”, acusó Garvizú.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a asambleístas del oficialismo y de la oposición no politizar el tema de la red de extorsión que operaba desde esferas del Órgano Ejecutivo. 

Por su parte, la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola consideró que los diputados del oficialismo buscan protagonismo político con la intención de llegar a la directiva de la Cámara Baja la próxima gestión y a las presidencias de las comisiones legislativas. “Todo este caso de corrupción develó que en el MAS existen afanes políticos por tener espacios de poder”, recalcó.

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas, descartó que en el oficialismo haya tensión con objetivos políticos.  Garvizú anunció, además, sanciones contra los diputados del MAS que filtren documentación reservada de la Cámara Baja.

Sin aval oficial, Rivera y Rodas abrieron al menos 36 casos

Fernando Rivera y Denis Rodas, exapoderados jurídicos del Ministerio de Gobierno y acusados de ser líderes de una red de extorsión, figuran como denunciantes en al menos 36 juicios a nombre de esa cartera de Estado, sin aval oficial ni que los casos sean de competencia de la repartición.

La lista de procesos en que ambos abogados se apersonaron en algunos casos no especifica el número de los documentos de identificación con que se presentaron y no determina que sea el total de casos en los que realizaron alguna diligencia, debido a que el sistema permite únicamente un reporte de las primeras 20 coincidencias con relación a nombres y apellidos.

Los dos documentos, de 40 juicios, a los que tuvo acceso La Razón, signan 18 procesos en los que Rivera tiene el rol de denunciante y uno en que es “representante de denunciante”. De ellos, 11 fueron a la División de Corrupción Pública, dos a la de Operaciones Especiales, dos a Homicidios, dos a la División Anticorrupción, uno a Personas y otro a Plataforma de Análisis.

Los reportes no dan cuenta de la situación procesal en que se encuentran estos casos ni la fecha en que se presentaron. No obstante, fuentes del Ministerio de Gobierno informaron a este diario que una primera evaluación denota que no son casos en los que intervino esa cartera de Estado.

Del primer documento, de los primeros 19 casos que cursan en la Fiscalía paceña, sólo tres tendrían algún vínculo con el Ministerio de Gobierno, el caratulado como LPZ1102069, contra el senador opositor Róger Pinto; LPZ0908150, un caso contra los autores que versa sobre una denuncia de María René Quiroga (directora de Migración que renunció a su cargo con el argumento de que no aceptaba la represión a los indígenas del TIPNIS, en septiembre de 2011), y la denuncia por desacato que instauró al abogado Jorge Quiroz, quien patrocina a los familiares de los dos fallecidos en el operativo policial del 7 y 8 de mayo de 2010, en Caranavi.

Arbitrariedad. En cuanto a Rodas, se conoció que se apersonó en al menos una veintena de casos, en ocho de ellos como representante de denunciante y en el resto se apersonó como denunciante, aunque también se advierte que juega ambos roles en el caso LPZ1102069, contra el senador Róger Pinto.

En otras causas su nombre aparece junto al de Rivera o en casos derivados a las divisiones Económico-Financiera o Corrupción Pública. También salta una denuncia con asiento en la Fiscalía de Chuquisaca, el caso FIS0902690, por malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencias y otros.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció el fin de semana que se realizará una auditoría a los procesos que impulsaron Rivera y Rodas a nombre de ese despacho. Ayer, en conferencia de prensa, reiteró esa determinación. También  develó que se detectó que otras personas actuaron a su nombre y al de otros ministros. En uno de esos casos se envió a la cárcel a una abogada.

“Quien se presente a nuestro nombre debe ser inmediatamente aprehendido para que nos querellemos”, indicó Romero. Se cursó comunicados a instancias judiciales en ese sentido. Al referirse al tema, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que los procesos judiciales que tengan o hayan tenido relación con la red de extorsionadores serán sometidos a una auditoría jurídica. “Ya estamos recibiendo informes, he conformado un equipo en la Fiscalía General para revisar todos estos procesos”, afirmó.

Hay nueve casos ‘clave’

Poder

Como representantes del Ministerio de Gobierno, realizaron diligencias en los casos Terrorismo I y II; Gastos Reservados I y II; Dirk Schmidt; Sanabria; René Navía; Franz Gonzales y Ostreicher.

Fernández y Melgar se suman a las denuncias

Dos nuevas denuncias contra la red de extorsionadores se hicieron públicas ayer, una de ellas fue presentada por los abogados del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la otra por Jorge Melgar, acusado de terrorismo, alzamiento armado y sedición, entre otros delitos.

El abogado Karlo Brito, que patrocina a Fernández, denunció que funcionarios de la Fiscalía participaron de la red de extorsión, y que Denis Rodas y Fernando Rivera pidieron $us 60 mil para que el caso de su cliente sea enviado a Cobija, Pando. Sin embargo, dijo, no hicieron pago alguno.

Melgar, a través de una nota dirigida al Ministerio de Gobierno y que lleva el sello de recepción del 3 de diciembre, denuncia que Rivera y Rodas le pidieron $us 10 mil para dar curso a la cesación de su detención preventiva en San Pedro. Melgar fue liberado ayer después de cuatro años, un mes y 20 días preso.

En la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno las denuncias recibidas superan las 30. Nueve están documentadas y deben ser evaluadas. “El momento que definamos que tienen sustento, vamos —junto con los denunciantes— a ser parte coadyuvante ante el Ministerio Público”, señaló Miguel Albarracín, responsable de esa instancia.   También garantizó que no se asumirá acción contra los denunciantes y que se mantendrá en reserva sus nombres.

Suxo y Romero coordinarán tareas

Los ministros de Transparencia, Nardi Suxo, y de Gobierno, Carlos Romero, coincidieron en anunciar que coordinarán acciones en el marco de la investigación sobre la red de extorsionadores que involucra, entre otros, a exfuncionarios del Ejecutivo.

Suxo pidió a la Fiscalía iniciar procesos a quienes denuncien haber sido víctimas de esa red y entregaron dádivas a cambio de favores judiciales, en tanto que Romero ofreció garantías con tal de descubrir los nexos. En medio de esas posiciones, el ministro Romero, en conferencia de prensa, indicó ayer que no entrará en una polémica mediática “por la complejidad del caso” y para no desviar las investigaciones.

También señaló que de requerir el Ministerio de Transparencia algún informe para dar seguimiento a ese caso, no se pondrá trabas. “Siempre existió disposición para enviar cualquier documentación o información solicitada por Transparencia (...) y lo vamos a seguir haciendo”, aseveró.  Suxo accedió a un paréntesis durante una entrevista coordinada anteriormente con este diario y concedida ayer.

“Éste es un tema que lo ha denunciado el Ministro de Gobierno, le brindamos todo nuestro apoyo (...) haremos el seguimiento correspondiente y coadyuvaremos en todo lo que nos soliciten”, sostuvo. Aclaró que no existe la figura de “testigo protegido” y también respondió a Santos Ramírez: “No sólo tendrá 45 minutos (como lo pidió), sino toda su vida para explicar lo que quiera explicar”.// La Razón

Suman denuncias contra Ministra Suxo

El abogado del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, Alberto Morales, acusó ayer a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de ser la cabeza de la estructura de presión y abuso de poder instaurado en el sistema judicial, que utiliza a fiscales y jueces contra opositores, como el caso de la exautoridad recluida en el penal de San Pedro desde 2008.

Según el jurista, esta estructura fue aprovechada por abogados que trabajaban en los ministerios del Gobierno y en fiscalías para crear la red de corrupción que se beneficiaba usando la extorsión como mecanismo.

Ante las sindicaciones contra Suxo, que en los últimos días se volcaron hacia ella, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero no descartó que la Ministra sea convocada.

El martes pasado, el ex hombre fuerte del Gobierno que está preso desde 2009, Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS) pidió  “45 minutos para desenmascarar a la ministra (Nardi) Suxo” y la acusó de extorsión.

Por otro lado, la jueza Valeria Salas dispuso ayer la detención preventiva del exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez en el penal de Palmasola por la denuncia de extorsión a un recluso. Además,  el juez cambió su decisión y envió a la cárcel a los exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas y Fernando Rivero.

Además, Santos Ramírez aseguró que el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, sindicado de ser el líder de la red, no es el único ni principal responsable de este caso, porque alguien superior a él tuvo que ordenarlo para ir y actuar contra algún denunciado o acusado, presionando a fiscales y jueces.

La ministra Suxo, en contradicción a lo dispuesto por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que impulsa las investigaciones, pidió la investigación y acciones legales no sólo contra los extorsionadores, sino también contra los extorsionados porque penalmente también son responsables del ilícito.

Al respecto, Romero manifestó que no participará de ninguna “polémica mediática” con su colega de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción sobre la recepción de denuncias de extorsión.

Dijo que está preocupado en que se esclarezca el accionar de la llamada red de corrupción y extorsión que operó durante cinco años en mandos intermedios de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.

“No quiero entrar en polémicas mediáticas porque puede desviar la búsqueda de la verdad. No voy a entrar en una polémica con la Ministra, entiendo que el comunicado (de Transparencia Institucional) hizo referencia al cohecho activo y cohecho pasivo”, dijo.

Romero reiteró que el Ministerio de Gobierno seguirá recibiendo denuncias sobre extorsión que serán procesadas y presentadas a instancias de la justicia.

El magistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi considera que dentro de las investigaciones que se siguen sobre el presunto caso de extorsión detectado dentro de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, no se lograrán avances significativos, porque no se afectarán entre miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Y eso quiere decir de que no va a haber nada”, remarcó el magistrado, porque está seguro de que los denunciados seguramente “saldrán angelitos inocentes”. El polémico magistrado manifestó que “cómo podemos pensar que entre ellos, es decir los componentes del mismo Gobierno, entre ellos se (van a) acusar, es absurdo pues”.

Para Cusi, una vez que el proceso avance “a partir de esa institución, dirán pues que no hay pruebas, que no hay evidencias”. En ese sentido, dijo: “Yo por eso tengo mi preocupación, porque era que sea la única oportunidad, (…) de saber cómo está el tema de la justicia”.

Cusi aseguró que si alguno termina con sentencia en la cárcel, con seguridad éste será un funcionario de un mando medio, “como siempre los del inferior son los criminales, delincuentes y los que están arriba son los santitos”.

Investigan a Marcos Farfán

Santa Cruz | El Deber

El Ministerio de Gobierno investiga una denuncia de dos empresarios brasileños, que dicen haber sido víctimas del robo de madera valuada en más de 3 millones de dólares. Los extranjeros acusan del hecho a un socio que tenían y señalan que este sujeto actuó supuestamente en complicidad con el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, el exdirector de esa unidad Boris Villegas y el abogado del Ministerio de Gobierno Dennis Roda, este último preso en el penal de Palmasola sindicado de ser parte de una supuesta red de extorsionadores que tiene vínculos con el Gobierno, el Órgano Judicial y la Policía.

La semana pasada, el viceministro Jorge Pérez informó de que la supuesta red de extorsión  se involucró en el robo de madera de exportación, valuada en más de 3 millones de dólares.

Farfán, en contacto telefónico, aseguró que nunca conoció el caso. “No ensuciaría mi carrera ni por tres pesos ni por mil millones de dólares. Esta denuncia tiene un fin político”, dijo.

MÁS EVIDENCIAS

• Sobre el exdirector Boris Villegas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que varias personas lo han implicado en las denuncias, pero estableció que su citación y eventual imputación depende de las autoridades judiciales. Además, manifestó que él lo echó del Ministerio porque supuestamente estaba “investigando entre comillas” un caso  en contra del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

• Suman fiscales a comisión. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, hizo conocer que se reforzará con dos fiscales más la comisión que investiga la presunta red de corrupción y extorsión que supuestamente operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

• El senador Eugenio Rojas restó validez a las declaraciones de Ramírez. “No podemos confiar en la gente que está en la cárcel”.

Culpan por fracaso de batidas a red

El director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego, Mario Cazón, denunció que los asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, ahora implicados en una red de extorsión, son los responsables del fracaso de los operativos a las casas de juego ilegales realizados en tres departamentos del país.

Cazón dijo que se reunió con Fernando Rivera en mayo, días previos a los operativos, para coordinar y dar parte del cronograma, y desde ese entonces sospechosamente las redadas resultaron un fracaso.

“Yo me reuní en una ocasión con el director jurídico del Ministerio de Gobierno (Fernando Rivera) donde se le entregó una lista de las salas de juego que iban a ser intervenidas, eso ocurrió en mayo y resulta que a partir de esas fechas nuestros operativos han estado con resultados no satisfactorios, encontramos salas cerradas, totalmente vacías”, señaló.// Los Tiempos

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