Las luchas políticas y sociales de las mujeres y los pueblos indígenas en Bolivia y México, lograron importantes avances constitucionales, normativos y retóricos a favor de estos sectores, sin embargo no lograron un efectivo ejercicio de sus derechos. En ambos países, el ejercicio de la democracia electoral adolece de una serie de limitaciones, revela una investigación de la socióloga María Teresa Zegada.
El trabajo titula “Indígenas y mujeres en la democracia electoral. Análisis comparado” y fue publicado recientemente con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México bajo la coordinación del Centro de Capacitación Judicial Electoral de ese país.
La publicación rescata las similitudes de los procesos sociales, democráticos y electorales que vivieron las mujeres e indígenas en ambos Estados. “Con la Federación de México compartimos una preocupación entre ambos países, de que el ejercicio de la democracia electoral en nuestras naciones adolece de limitaciones que tienen que ver con deficiencias en la representación de los sistemas electorales”, explica en entrevista con el Periódico Digital PIEB.
Según Zegada, tanto Bolivia como México presentan una composición diversa de sus pueblos, con una gran población indígena. México cuenta con 62 pueblos indígenas concentrados en algunos estados, mientras que en Bolivia existen 36 naciones indígenas, campesinas y originarias; en ambos casos fueron demandando procesos de reconocimiento, integración y de libre determinación.
En ambas democracias hay un déficit de la participación de las mujeres en el ejercicio de la democrática electoral. La conquista de las mujeres en estos países tuvo un proceso bastante largo y lento, y se vieron reflejadas en las normas de la década sólo desde los años 90.
“En Bolivia la lucha de las mujeres comienza a partir de la mitad del siglo anterior, en México empezó un poco antes, en los años 20. Sin embargo, los procesos de verdadera efectivización de esas conquistas son recientes”.
El trabajo de la investigadora intenta evidenciar con una relación histórica cómo se han ido dando estos procesos de conquistas constitucionales y normativas, y las similitudes entre las realidades de Bolivia y México.
“En ambos países hemos sido colonizados por los españoles, con códigos de interacción muy parecidos, con la presencia del patriarcado en el desarrollo de nuestras sociedades y con elementos muy comunes en este último proceso, donde se han realizado conquistas sobre todo a nivel normativo en nuestras constituciones y leyes secundarias, que han ido mejorando la presencia de los pueblos indígenas y de las mujeres en la democracia”, comenta la investigadora.
En su análisis comparado, Zegada muestra también las diferencias; en relación a los indígenas señala que con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, el país dio un impulso distinto a la presencia de este sector en el campo de la democracia. “Si bien en Bolivia es mucho más profundo en cuanto al enunciado constitucional, encuentra limitaciones en la aplicación práctica del Estado Plurinacional porque sólo hay siete representaciones indígenas en la Asamblea Legislativa, alrededor del cuatro por ciento de la representación general”, dice.
Hay enunciados importantes a favor de las autonomías indígenas, pero aún no se ha logrado un proceso efectivo de consolidación como vía alternativa para ejercer sus derechos de manera efectiva, sostiene la socióloga. Con todo, “el hecho de que tenga rango constitucional el derecho indígena posiciona a Bolivia en un lugar mucho más avanzado en términos retóricos y normativos”.
En México, los derechos indígenas tienen carácter constitucional sólo en algunos estados federados, en cambio en la Constitución Federal se limita a un reconocimiento formal de los pueblos indígenas, mas no otorga una participación más efectiva.
En cuanto a género, la Constitución boliviana es avanzada por la concepción de paridad de género que ha permitido mayor representación política de las mujeres. En México, en cambio, la normativa considera aspectos relacionados con discriminación positiva reducida al 30% de participación femenina en lo público.
“Se ve en ambos casos que en el sistema proporcional de la elección se cumple con la ley de paridad en Bolivia, y de cuotas en México, pero en representaciones uninominales o en el acceso a cargos ejecutivos hay poca participación femenina”.
Para lograr una efectiva participación igualitaria se requiere cambiar la cultura política en la mentalidad colectiva. Ergo: no sólo reconocer la participación de las mujeres, sino garantizar el ejercicio efectivo del poder, sostiene Zegada.
A pesar de los avances a favor de las mujeres, dice, hay maneras distintas de obviar la presencia femenina en los espacios de poder, como cuando se las coloca de suplentes, o son reemplazadas por varones, o simplemente son disminuidas en su participación en los debates con prácticas de acoso político, también cuando los políticos ofrecen discursos de diferenciación y subestimación de género.// PIEB
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