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Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días, los indígenas que se encuentran marchando desde Trinidad hacia la sede de Gobierno, en rechazo a la construcción de la carretera que unirá a San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, han paralizado su curso para que las personas más delicadas, principalmente los menores de edad, puedan descansar y recibir atención médica en la comunidad Totaisal.

Una gran parte de la columna indígena se encuentra con cuadros delicados de salud. Los que más sufren son los niños por los resfríos, otros por ampollas y calambres, e inclusive uno de los marchistas que llegó desde La Paz, sufrió problemas de circulación, razón por la cual ha sido internado en esta comunidad. Aunque luego anunció públicamente que no abandonará la marcha. Los dirigentes de la columna indígena señalaron que tenían previsto salir de Totaisal en la jornada de ayer, acción que fue imposible por la lluvia y la salud de las personas.

Ánimo y fuerza.   La columna recupera fuerza para continuar su paso. Ya que se encuentra a 50 kilómetros de San Borja, lugar donde se les anuncia que serán recibidos con los brazos abiertos. Entre tanto, el corregidor de la comunidad de Totaisal,  Javier Zelada junto a las 70 familias que viven en este lugar, dan un buen hospedaje a los indígenas. Niños de esta comunidad prepararon jugo de toronja e instalaron un puesto de venta.

Accidente. Otro hecho de la marcha es que el diputado indígena Pedro Nuni se encuentra hospitalizado en Trinidad, a raíz de un accidente de tránsito del que fue víctima. Su esposa relató que el dirigente indígena cayó de la camioneta en la que se dirigían hacia la comunidad de Totaisal para alcanzar a la columna.

Hoy se tiene previsto de que sea sometido a una serie de tomografías para analizar su estado de salud.

División del Gobierno. Por otro lado, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, denunció que el Gobierno en los próximos días se reunirá en la comunidad de San Pablo junto a corregidores afines al MAS, para determinar dónde se iniciará la consulta previa así como la conformación de un directorio paralelo a la subcentral Tipnis que dirige Fernando Vargas.// El Día

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IX marcha exige protección de hábitat de las tierras altas

Tipnis Bolivia"En el caso del conflicto minero de Mallku Qhuta (Norte Potosí) debe exigirse consulta previa, antes de explotar yacimientos de minerales; lo que exigen las comunidades en defensa de su hábitat en el Norte Potosí es parte de las demandas que se incluyen ahora en el pliego de peticiones de la IX marcha indígena, porque estamos defendiendo exactamente lo mismo, respeto a nuestro hábitat", indicó a Radio Fides, Rafael Quispe, miembro del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) y vocero de la marcha indígena.

"Lo que se hace en tierras altas, también tiene jurisprudencia en tierras bajas; como ejemplo lo que ocurre en tierras bajas en minería, con el pretexto de desarrollo se explotan yacimientos mineros contaminando el hábitat de la gente, la Constitución es clara debe consultarse a la gente que vive en el lugar antes de explotar esos yacimientos, que podrían costarle la vida a la gente que habita en el lugar", indicó Quispe justificando la inclusión en el pliego el conflicto de pobladores de Mallku Qhuta.

La marcha llegó a San Borja, donde se preparó una recepción amigable y respaldando la medida, diferente a la acontecida en San Ignacio de Moxos, donde recibieron amenazas de enfrentamientos para evitar su ingreso, sostuvo Quispe.

A decir Quispe éste sería uno de los temas que se incluye también en la plataforma de demandas de la Novena Marcha Indígena que exige textualmente:

Plataforma de demandas

La Plataforma de la IX marcha indígena fue aprobada la pasada semana y presentada públicamente en la comunidad Santa Ana de Moseruna.

A los ocho puntos que fueron la base del documento, los indígenas del Territorio Indígena Multiétnico I (TIM) insertaron la petición de volver a "fojas cero" los trámites del tramo III de la carretera Cochabamba-Beni.

Puntos de la Plataforma:

1. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS y Territorio Indígena Multiétnico – TIM I:

Cumplimiento y vigencia plena de la Ley Nº 180 (de Protección al TIPNIS). Modificación inmediata de su Reglamento (según acta de 4 de noviembre de 2011). Retiro de todos los asentamientos y ocupaciones ilegales y las plantaciones ilegales de coca en el TIPNIS.

Abrogación de la Ley Nº 222 (de Consulta al TIPNIS). Retiro inmediato y no ingreso de barcos militares de la Armada Boliviana, así como de militares y funcionarios encargados de ejecutar la consulta en el TIPNIS. Aplicación y cumplimiento de las normas y regulaciones sobre Áreas Protegidas, así como del Convenio de Coadministración entre el TIPNIS y el gobierno.

Exigimos que el proceso administrativo para la construcción del tramo III, que atraviesa el Territorio Indígena Multiétnico TIM – I, de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos vuelva a fojas cero.

2. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe:

Cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de fecha 21 a 23 de mayo de 2010 y 22 de octubre de 2011, con relación al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguarague; así como los avances y acuerdos suscritos en octubre de 2011 entre el gobierno y la APG.

Pausa por la Madre Tierra (suspensión de las actividades hidrocarburíferas solo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, mientras no se traten y/o remedien los pasivos ambientales, así como se cumplan los derechos y el consentimiento libre, previo e informado de la nación guaraní).

Inmediata aprobación del Decreto Supremo para la transferencia del 0,5% para el financiamiento del monitoreo socioambiental en todos los territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Discusión sobre la política hidrocarburífera y energética con participación y coordinación de las naciones y pueblos indígenas originarios, y de los distintos sectores sociales.

3. Reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas originarias:

Reconocimiento concreto e individualizado de las naciones y pueblos indígenas originarios preexistentes y declaratoria de éstos como sujetos de derechos, según lo establecido en la CPE y las leyes vigentes, en el marco del Estado Plurinacional.

Garantizar la representación directa de las naciones y pueblos indígenas originarios en todos los niveles de gobierno (Nacional, Departamental, y Municipal), así como también en los demás órganos del Estado.

4. Tierra Territorio y Madre Tierra:

Titulación inmediata de todos los procesos de saneamiento de TCO´s en actual trámite a favor de naciones, pueblos y comunidades indígenas originarias, y garantizar los recursos suficientes a cargo del TGN para la ejecución.

Ampliación, a través de ley, del plazo para la culminación del saneamiento de TCO׳s a favor de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Garantías para la continuidad de la verificación en el cumplimiento de la Función Económica Social a la mediana propiedad y de empresa, en el marco de la CPE y la Ley Nº 1715, con su modificación con la Ley Nº 3545, y su reglamento.

Ejecución de un plan de reversión y expropiación de propiedades medianas y de empresas conforme a ley.

Garantía en la dotación comunitaria de tierras por compensación y dotación ordinaria a favor de las naciones y pueblos indígenas originarios, otorgándoles prioridad a éstas, según las preferencias de ley.

Garantía para la no ejecución de auditorias, como de otros procedimientos similares, que pongan en riesgo la condición de indivisibles, imprescriptibles, inalienables, inembargables e irreversibles de las TCO׳s, tituladas y en proceso de titulación, y para que no se cuestionen y/o desconozcan los títulos ejecutoriales de las mismas, según el Art. 294 de la CPE y las actas suscritas en el 2011 producto de la VIII Marcha.

Garantía para la no aplicación de la política de asentamiento humanos en TCO׳s y desalojo de todas las ocupaciones ilegales en los territorios y comunidades indígenas originarias, titulados o en proceso, a través de las instancias competentes.

Desistimiento de la demanda de nulidad iniciada por el Municipio de Cotagaita en contra de la TCO Jatun Ayllu Thulla, Nación Chichas, por ser una medida de carácter político.

Construcción e implementación concertada de un modelo de desarrollo comunitario de acuerdo a la visión y la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios, con gestión pública indígena y para el Vivir Bien del país.

Invertir las reservas internacionales netas para el financiamiento prioritario de los emprendimientos productivos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como de otras organizaciones comunitarias del ámbito rural y urbano, en el marco del desarrollo de la economía comunitaria.

Reconocimiento y fomento de organizaciones y empresas comunitarias como actores productivos en el sector minero-metalúrgico e hidrocarburífero.

Anulación del contrato minero de exploración, así como de la explotación, del Cerro Mallku Quta de la Nación Charkas, y del proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro, Nación Jach׳a Suyu Pakajaqi, así como la paralización de toda actividad extractivista en los territorios indígenas originarios donde existan conflictos socioambientales.

Participación directa de las naciones y pueblos indígenas originarios en los beneficios y ganancias que reportan las actividades y proyectos extractivos: minería e hidrocarburos.

Prohibición y garantías expresas para que el Estado no disponga ilegalmente de tierras a favor de empresas que realizan actividades, obras y/o proyectos hidrocarburíferos y mineros, sean éstas de carácter estratégica u operadoras, en territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios consolidados jurídicamente o en proceso, de acuerdo al Art. 294 de la CPE.

5. Medio Ambiente:

Cumplimiento de los derechos al medio ambiente, a la biodiversidad y a los ecosistemas, en el marco del respeto y la defensa de la Madre Tierra, para vivir en un medio ambiente sano y saludable.

Administración y manejo directo de las Áreas Protegidas por parte de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, de acuerdo a la CPE, su objeto de creación y finalidades, a través de sus estructuras organizativas y ejercicio de normas y procedimientos propios.

Aplicación de normas y regulaciones técnicas vigentes para la implementación de proyectos extractivos y desarrollo sostenible, susceptibles de afectar a territorios y comunidades indígenas originarios.

Remediación, restauración y resarcimiento social, cultural y ambiental en los territorios indígenas originarios donde operan los proyectos mineros de las empresas Inti Raymi, La Joya y Chuquimia, Suyu Sura, que afectan la cuenca del río Desaguadero, la explotación aurífera aluvional en el río Madre de Dios que afecta comunidades del TIM II, la explotación del proyecto del Mutún en la Provincia Germán Busch que afecta comunidades del pueblo chiquitano, así como otras operaciones extractivas, hidrocarburíferas y mineras, que impactan negativamente los ecosistemas y biodiversidad de éstas.

6. Desarrollo y ajuste normativo:

Aprobación de la Propuesta de Ley de la Madre Tierra (consensuada el 2010).

Aprobación de una norma a favor de las naciones y pueblos indígenas originarios, que defina precios justos de los productos orgánicos.

Modificación de la Ley del Régimen Electoral e incorporación de un representante por cada nación y pueblo indígena originario en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las Asambleas Legislativas Departamentales, por normas y procedimientos propios.

Modificación de la Ley del Tribunal Constitucional y de la Ley del Tribunal Agroambiental e incorporación de representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios elegidos de forma directa y por normas y procedimientos propios.

Modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Modificación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Modificación de la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria.

Tratamiento de la Propuesta de Ley de Áreas Protegidas.

Tratamiento de la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia de CIRABO y CIPOAP.

Tratamiento de la Propuesta de Ley de Pesca.

Tratamiento de la Propuesta de Ley de Unidades Territoriales de la CIDOB y CONAMAQ.

Tratamiento de la Propuesta de Ley de Hidrocarburos de la APG y CIDOB.

Tratamiento de la Propuesta de Ley de Minería del CONAMAQ.

7. Cumplimiento de los acuerdos de la VIII Marcha Indígena Originaria:

Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y los representantes de la VIII Gran Marcha Indígena el año 2011, que constan en 14 actas y acta complementaria, así como los acuerdos programáticos suscritos el presente año con las regionales de la CIDOB.

8. Respeto a la libre determinación y al autogobierno de las naciones y pueblos indígenas originarios, y sanción a los atentados contra ella:

Encarcelamiento y prisión en Chonchocoro a los responsables y autores materiales e intelectuales del atropello y la represión brutal del 25 de septiembre de 2011 en Limoncito, Chaparina y San Lorenzo (Yucumo), y durante las movilizaciones en defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Resarcimiento y satisfacción pública por parte del gobierno a las hombres, mujeres, niños y adultos mayores indígenas y urbanos, reprimidos, vejados y que sufrieron la vulneración de sus derechos en todas las movilizaciones por la defensa del TIPNIS y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarias.

Exigimos al Canciller David Cahoquehuanca esclarezca ante el Ministerio Público, ante las instancias competentes del Estado y a la opinión pública por su falso secuestro, lesiones y tentativa de homicidio.

Exigimos la descriminalización de la protesta pública que está garantizada en la CPE, así como el cese a la persecución política y policial a los dirigentes de las estructuras de las organizaciones indígenas originarias, así como a todo luchador social de cualquier sector de la sociedad civil.

Cese a las arbitrarias intervenciones e intromisiones en las estructuras de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, que afectan a sus instancias de toma de decisiones, a su representación, al ejercicio de la democracia comunitaria y a su propia institucionalidad, en el marco de su libre determinación, de acuerdo con los Arts. 2, 30 y 289 de la CPE.

Respeto a la identidad originaria y las estructuras orgánicas de las naciones y pueblos indígenas originarios, según su reconstitución territorial y la restitución de sus autoridades originarias preexistentes.

Desburocratización y desconcentración en la atención del SEGIP a las naciones y pueblos indígenas originarios.

9. Respeto a la participación y control social en el diseño, construcción, ejecución y seguimiento de las normas y políticas públicas del Estado Plurinacional:

Exigimos el compromiso del gobierno nacional de construir las normas legales y las políticas públicas con participación plena y efectiva, con coordinación y concertación con las naciones y pueblos indígenas originarios, y respetando sus estructuras orgánicas, así como con los sectores sociales del pueblo boliviano.

Concertar con las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, con representatividad nacional, y con los sectores sociales del país, una Agenda Nacional de reconducción del proceso de construcción e implementación del Estado Plurinacional Comunitario.// Jornada

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Oficialismo rechaza cambiar la CPE; la Cidob discrimina, dice

“Es inconstitucional”, sostuvo la presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, al conocer la propuesta. Su par en el Senado, Gabriela Montaño, añadió que lo sugerido por la Cidob “es discriminador e iría en contra del centro de nuestra Constitución”.

La modificación del artículo 349 de la Constitución (que se refiere al dominio y administración de los recursos naturales por parte del Estado) es una idea “a trabajarse” en el transcurso de la IX marcha que la Cidob lidera contra la Ley 222 de Consulta.

El artículo 349 señala que los “recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración”. “La pretensión de cambiar la Constitución es además inaplicable”, añadió Delgado, que recordó que el tema ya fue tratado en la Constituyente, entre 2006 y 2007.

Similar criterio emitió el jefe de la bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas, quien dijo que no corresponde cambiar la CPE y que los recursos naturales son de los bolivianos. Su correligionario Lucio Marca indicó que la propuesta “atenta a la unidad” del país.

Yucumo. Autoridades y dirigentes de Yucumo, Beni, decidieron evitar el paso de la IX marcha indígena por las principales calles de esta localidad situada a más de 300 kilómetros de La Paz.

Un hecho similar al anunciado en Yucumo se produjo la semana pasada en San Ignacio de Moxos. La marcha tuvo que bordear la localidad beniana bajo insultos. “No estamos en contra de la protesta, pero vemos que esa marcha es política”, declaró a

La Razón el subalcalde de Yucumo, Rosendo Chura. Por su parte, la presidenta del comité de marcha de la Cidob, Bertha Bejarano, respondió que “nuestra marcha es pacífica y el Gobierno tiene que garantizar  su paso”.

Después de 18 días de caminata, la IX marcha indígena que partió de Trinidad, Beni, rumbo a La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), recibió muestras de apoyo. En San Borja, el presidente del Comité Cívico, Víctor Parra, anunció que la marcha será recibida con los “brazos abiertos”. En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se protegerá y garantizará la movilidad de la IX marcha.

Anuncian proceso contra Quintana y Pérez

La dirigencia de la IX marcha indígena decidió ayer llevar a un juicio penal al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, por los delitos de discriminación, racismo, instigación pública a delinquir, amenazas e incumplimiento de deberes, por los hechos de San Ignacio de Moxos, cuando los indígenas fueron obligados a no ingresar a la comunidad.

Acción. La decisión fue asumida en  Totaizal, a donde llegó la marcha desde Santa Anta de Mozeruna para descansar. Los marchistas aprobaron un voto resolutivo para abrir procesos no sólo contra Quintana y Pérez, sino también contra el presidente de la Asamblea Departamental del Beni, Álex Ferrier; el alcalde de San Ignacio, Basilio Nolvani; el subgobernador de Moxos, Sixto Bejarano; y el presidente de la Central Obrera Regional de Moxos, Wálter Colque, por los mismos delitos.

Entre abucheos e insultos, la IX marcha pasó San Ignacio el 8 de mayo. Los dirigentes prohibieron su ingreso por el centro de la localidad sembrando alambres de púas. La Policía improvisó un cordón de seguridad para el paso de los marchistas por las afueras de San Ignacio. Pérez afirmó ese día ante la población, en la plaza principal,  que la marcha no es por convicción sino que es pagada.// La Razón

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