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Al ingreso del segundo mes del conflicto entre el sector salud y el Gobierno central, los médicos ratifican el paro indefinido en rechazo a las ocho horas de jornada laboral impuesta por el Decreto Supremo 1126. En tanto, el Gobierno asegura que la medida no tiene razón de ser tras la anulación del reglamento respectivo, además de lanzar los consultorios móviles para la atención al público.

El portavoz de los médicos, Víctor Barrios, ratificó la posición de los galenos del país que no dejarán sus medidas de presión hasta que el Gobierno retire el citado decreto.

“En La Paz y pese a las presiones que existen en algunos centros se puede decir que un 80% del sector médico está en paro. Se advierte un gran espíritu de cuerpo porque hay presiones de diversa naturaleza a la que están sometidos muchos de los miembros”, expresó Barrios.

Mencionó el hecho que muchos de los médicos se están jugando el sustento diario, hay otra gente que está con contrato y este paro puede determinar su alejamiento.

Conflictos sociales“El Gobierno lanza cifras, pero no soluciones y lo que se quiere en este momento es una solución a este problema. Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de diálogo, pero debe existir una predisposición del Gobierno para encontrar elementos de acuerdo, tomando en cuenta que la salud y la educación son pilares de cualquier sociedad”, dijo Barrios.

Por su lado, el Gobierno se pronunció a través del viceministro de Salud, Martín Maturano, quien descalificó la medida de protesta del sector tras la suspensión del reglamento del DS 1126. Anunció la instalación de mesas de diálogo para abordar los temas administrativos – técnicos para los salubristas del país.

Asimismo, la autoridad explicó que la carencia de insumos, que es otra de las cuestionantes por parte de los médicos y los servicios de la seguridad social, se deben a factores internos y no por acción directa del Gobierno.

El Ejecutivo comenzó a aplicar un plan de contingencia desde ayer con la inclusión de consultorios móviles que busca brindar atención en el área dental y luego en medicina general.

En tanto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) se pronunció sobre el tema de incremento a la carga horaria del sector salud, argumentando que la determinación del Ejecutivo vulnera los derechos laborales conquistados.

“El Gobierno aprovecha este conflicto para ocultar la orientación de su reforma de la seguridad social, que pretende controlar, desde el Ministerio de Salud, a las cajas de salud, en especial a la Caja Nacional de Salud (CNS)”, señala el informe.

En cuanto al pedido de este sector para ser incorporados a la Ley General del Trabajo, el Cedla asegura que esta solicitud no es ilegal, porque el decreto supremo 2869, del 1 de mayo del 2006, “reconoce que todo trabajador que cumpla con una relación de dependencia y subordinación respecto a un empleador, que la prestación de trabajo sea por cuenta ajena y que perciba una remuneración o salario”.

El empleo con dependencia “está reconocido en el ámbito de dicha ley, “sea cual fuere el rubro o actividad que se realice” y está sujeto a los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado”, señala la institución.

“El gobierno del MAS se ha dedicado a conculcar los derechos conquistados por los trabajadores. Los profesionales en salud y los trabajadores de la salud pública son quizás el mejor ejemplo de esta orientación”, señala la entidad.// El Diario

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Ocho horas de trabajo violan los derechos conquistados

El cambio de la carga horaria de los trabajadores y profesionales sería el velo para encubrir la reformas en el seguro de salud, pues el gobierno pretende controlar las Cajas de Salud, señala el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

"El gobierno aprovecha este conflicto para ocultar la orientación de su reforma de la seguridad social, que pretende controlar, desde el Ministerio de Salud, a las cajas de salud, en especial a la Caja Nacional de Salud (CNS)", señala el Centro.

Con el decreto supremo 1126, que amplía la carga horaria de 6 a 8 horas para trabajadores y profesionales en salud "se conculca un derecho conquistado" y con el control de la CNS pretenden "excluir a los trabajadores de su administración".

Otras violaciones. El CEDLA menciona a la "penalización de la huelga y de las manifestaciones de protesta de los trabajadores" como "una de las mayores violaciones promovidas por el gobierno". Además, esta violación va "con el agravante de la imposición de descuentos y sanciones por los día de paro y el despliegue de mecanismos de presión.

Gran marcha de protesta. Trabajadores fabriles y los sectores de salud se alistan, no para desfilar, celebrando el 1 de mayo, sino para realizar una gran marcha de protesta contra la ineficiencia del gobierno en su política de salarios, así lo expresaron ayer Hugo Nagashiro, secretario ejecutivo de los trabajadores del hospital Francés y Mario Vidal, ejecutivo de la COD cruceña.

Los médicos y trabajadores aún se mantienen en estado de emergencia por el decreto supremo 1126 el que, según denuncian, no será la solución para los problemas existentes en el tema salud, como infraestructura, personal, equipamiento y otros, mientras que la Central Obrera Boliviana (COB), insiste en un salario mínimo superior a 1.000 bolivianos.
Slogans contra la "incapacidad gubernamental". Mañana, los sectores afiliados a la COB y los trabajadores en salud se unirán en una gran marcha de protesta contra la política del gobierno. Slogans como ‘La capacidad irreversible para gobernar invita al revocatorio’, ‘La palabra derecho en la boca del gobierno es una blasfemia’, ‘Señor presidente, usted tanto critica pero la verdad le muerde los talones’, serán utilizados durante la movilización que se desplazará desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre.

Nagashiro, señaló que el sector salud tiene en el tapete otras medidas de presión y que se aprovechará el feriado para planificar la forma de aplicarlas.
Oposición presenta proyecto para solucionar conflicto con médicos. El jefe de bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, dio a conocer que esta alianza política presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para incrementar el presupuesto para el área de salud, para posibilitar una solución en el conflicto generado por el decreto supremo 1126 que instaura las ocho horas laborales.

"Hemos presentado un proyecto de ley para que se pueda incrementar el presupuesto de salud del 8 por ciento al 12 por ciento y con ese 12 por ciento se preverá poder incrementar ítems que es fundamental, como también poder incrementar el tema de construcción de postas y de hospitales", anunció a radio Panamericana.

Detalles
El derecho de las 6 horas es inviolable sostiene el CEDLA

Inviolables. El CEDLA recuerda que tanto la Constitución Política del Estado como la legislación laboral vigente y los convenios internacionales, ratificados por el país, "determinan que los derechos laborales, incluido el conquistado por los trabajadores de salud de la jornada de 6 horas, son inviolables, irrenunciables, imprescriptibles y de cumplimiento obligatorio".

Gobernaciones.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, informó, ayer, que el pedido del sector médico de equipar los centros de salud es una competencia de los municipios y gobernaciones.// El Día

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La COB articula los sectores en conflicto

La Central Obrera Boliviana (COB) aglutina a los sectores en conflicto, incluido el de los médicos –se habían mantenido al margen de esa organización–, en el inicio de una semana conflictiva para el Gobierno, que deberá enfrentar mañana una marcha masiva, según dirigentes de los trabajadores.

Los médicos y trabajadores en salud que están en huelga desde hace un mes, anunciaron otras medidas extremas como el tapiado masivo y el bloqueo de caminos, mientras que la COB definirá el jueves, en un ampliado nacional, acciones de protesta.

Otro frente de conflicto es el de los transportistas, que anunció un paro movilizado de 48 horas el 7 y 8 de mayo. Sus dirigentes pidieron el incremento de los pasajes en todo el sistema de transporte. El Gobierno rechazó ayer esa demanda.

Tras el rechazo de la COB a las últimas propuestas del presidente Evo Morales de suspender la reglamentación del Decreto Supremo 1126 que restituye la jornada laboral de ocho horas en el sector salud y de un salario mínimo de Bs 1.000 y un incremento salarial del 8 por ciento para salud y educación, ayer los ministros de las diferentes áreas defendieron esas ofertas y la imposibilidad de variar.

El secretario ejecutivo de los Trabajadores en Salud, José Gonzales, reiteró que el Gobierno no respondió ninguna de las propuestas. “El Presidente dice que los cuatro puntos son inviables por el tema económico (…). Estamos viendo de que el Gobierno no tiene la mínima intensión de solucionar el conflicto”, sostuvo.

José Luis Delgado, dirigente de la máxima organización laboral, ratificó el rechazo de la COB a las ofertas del Gobierno y anticipó que será el ampliado nacional convocado para este jueves 3 de mayo en La Paz, el que luego de una evaluación de la reunión con el Primer Mandatario y el avance de las negociaciones en las tres mesas, determinará los pasos a seguir. No descartan una huelga indefinida con bloqueos.

Pese al feriado ampliado a este lunes, los médicos y trabajadores en salud anunciaron para hoy la realización de marchas y bloqueos esporádicos en algunas ciudades, el caso de Santa Cruz y Cochabamba. Para mañana martes, con motivo del Día Internacional del Trabajador, la COB convocó a todos los sindicados afiliados a participar, en todas las ciudades capitales, de marchas no conmemorativas ni de celebración, sino de protesta contra el Gobierno.

El viceministro de Salud, Martín Maturano, afirmó ayer que tras la propuesta del presidente Morales de dejar en suspenso del reglamento que norma las ocho horas de trabajo, no existe ninguna razón para que el sector salud siga con sus movilizaciones y huelgas de hambre.

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo, por su parte, que trabajadores y dirigentes de la COB tienen que reconocer que ir más allá del incremento salarial del 8 por ciento y de 1.000 bolivianos el salario mínimo nacional ocasionará el cierre de fábricas e inestabilidad laboral, por el impacto colateral que tiene en las obligaciones laborales, como el bono de antigüedad, el subsidio familiar y otros.

Lamentó que los dirigentes de la COB no hayan asistido a la cita hoy para continuar con el diálogo, iniciado el sábado, e insistió en que el incremento que ofreció el presidente Morales “es muy importante y los trabajadores deben reconocer".

Comentó que en el diálogo con la COB se les advirtió que con sus exigencias están poniendo en riesgo la estabilidad de los trabajadores por el peligro del cierre de fábricas.

Esperan aportes para reglamentar el Decreto 1126

El viceministro de salud, Martín Maturano, expresó que la suspensión del reglamento del Decreto 1126 permitirá establecer un trabajo conjunto y coordinado tal como lo demandaron los sectores en conflicto, quienes pidieron ser consultados y que sus aportes sean tomados en cuenta para mejorar el sistema de salud.

La autoridad atribuyó la intransigencia de los médicos a dialogar a la radicalidad de algunos dirigentes del Colegio Médico de La Paz, pues dijo que con los dirigentes nacionales se logró un acercamiento e incluso algunos puntos de consenso.

Maturano espera que el miércoles las comisiones formadas comiencen a trabajar con la participación de todos los actores, incluso los gobiernos departamentales y municipales, porque les compete otorgar los insumos, infraestructura y equipamiento.

Anotó que la carencia de insumos y equipamiento en establecimientos de salud no es por falta de presupuesto, sino que “los responsables no cumplieron con su actividad y agilidad en los procedimientos administrativos" y puso como ejemplo que de los 500 millones de bolivianos anuales asignados al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) hay un remanente de 200 millones de bolivianos. 

Ministro advierte riesgos

Incrementar los salarios por encima del 8 por ciento a los sectores de salud y educación (que constituyen el 20 por ciento de los asalariados) puede afectar a los programas sociales del Gobierno y a la inversión pública que este año será de unos 5.000 millones de dólares, previno ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luís Arce Catacora, en declaraciones a Bolivia TV.

No sólo puede provocar, eventualmente, el recorte de dichos programas, traducidos en los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad, sino que además puede frenar la inversión que beneficia por igual a todos los bolivianos y desestabilizar los indicadores macroeconómicos, según el ministro Arce Catacora.

El Gobierno, a través del presidente Evo Morales, propuso el sábado a la Central Obrera Boliviana (COB) un Salario Mínimo Nacional (SMN) de 1.000 bolivianos, que representa el 22,6 por ciento de incremento, porcentaje que no altera al Tesoro General de la Nación (TGN), y un aumento salarial del 8 por ciento a los sectores señalados, incremento que es un referente para la negociación salarial en el sector privado y retroactivo al mes de enero. La aplicación del SMN, en cambio, es de cumplimiento obligatorio por todos los empleadores.

El Ministro justificó ambos incrementos. Lo que le conviene al Estado es invertir más en la producción; generar una mayor riqueza, cuyos frutos podrán obtenerse a mediano plazo para redistribuir entre todos los bolivianos.// Los Tiempos


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