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El informe final del Defensor del Pueblo, respecto a la violenta represión a los indígenas del TIPNIS, del 25 de septiembre en San Miguel de Chaparina, revela que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, decidió que las fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que el exviceministro, Marcos Farfán, le reveló que Llorenti instruyó su traslado, en un avión de la FAB, para coordinar la evacuación de los marchistas, el domingo 25 de septiembre, y del operativo participaron Boris Villegas, Edwin Foronda, Óscar Chávez y otros nueve oficiales.

Explicó que el domingo los Generales Oscar Muñoz y Modesto Palacios, asumieron el mando del contingente y ese día Boris Villegas instruyó a funcionarios del Ministerio de Gobierno, Ramiro Delgado, Edwin Contreras, Diego Pérez, Carolina Vertiz, Ernesto Castro, coadyuvar en el operativo.

Bs. 30.000 para intervenir marcha

Según el Defensor, el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno y toda su comitiva viajó hasta Yucumo, donde entregaron a Carolina Vertiz 30 mil bolivianos para contratar buses de transporte público y con el Coronel Terrazas debía coordinar la compra de mil litros de combustible y 1.200 litros de agua para los policías, además de la compra de 20 tenazas presuntamente para cortar el alambrado de la propiedad donde acampaban los marchistas.

Además ese dinero fue empleado para la compra de diez docenas de cinta adhesiva masking, que fueron usadas para maniatar y amordazar a los indígenas. Los recursos salieron del Ministerio de Gobierno.

Se vulneraron derechos humanos

En la oportunidad, Villena señaló que existen indicios de prueba sobre la violación de los derechos humanos del accionar policial y serán entregados al Ministerio Público para que amplíe la investigación y establezca responsabilidad en cada uno de los funcionarios y policías que participaron.

En el informe indica que en la acción policial no solo hubo "una serie de tratos crueles, inhumanos y degradantes" porque "los testimonios dan cuenta que, además, hubo actos de tortura".

El operativo fue planificado no solo para la detención ilegal, sino para aplicar la imposición de "castigos destinados a causar dolores o sufrimientos intensos física, psicológica y moralmente" con el uso de la fuerza excesiva, incluso contra niños, añadió.

Por ello, el Defensor recomendó a la Fiscalía General seguir con las "acciones penales" contra Llorenti y una decena de funcionarios, el Comandante actual de la Policía, General Jorge Santiesteban, y otros siete jefes policiales.

Denunció que existieron instituciones estatales que no contribuyeron a la investigación, la Policía cumplió parcialmente con su requerimiento por lo que anunció que interpondrá las acciones que correspondan contra las instituciones que se negaron a colaborar.// Jornada

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