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Pamela fue violada y producto del hecho nació una niña que, al igual que la madre, tiene el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) transmitido por el agresor. La ley impidió que la madre se someta a un aborto y ella se convirtió en activista.

El pedido de Pamela, de que el aborto se legalice en Bolivia, se suma al de otras mujeres y varones en el país. Esta situación fue reflejada en una encuesta a más de seis mil personas; el 40% dice que debería ser legal y el 59% lo rechaza.

Sin embargo, el último grupo afirma que lo aceptaría en algunas circunstancias. Entre las causales estarían si el embarazo es producto de una violación, si hay malformación fetal, si la mujer vive con VIH o existe riesgo para la vida o la salud  de la madre. Sólo 9% de este grupo contestó estar en total desacuerdo con el aborto.

A pedido de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, en julio del año pasado se realizó la encuesta Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Abortos en un universo de 6.178 personas, en 15 ciudades de los nueve departamentos de Bolivia (nueve urbes capitales, más El Alto y cinco intermedias).

Según el informe de Católicas por el Derecho a Decidir, la empresa contratada se responsabilizó por que el trabajo tenga representatividad en las ciudades.

“Los resultados son importantes, porque nos permiten comprender lo que la ciudadanía urbana del país está pensando respecto a temáticas como educación para la sexualidad, anticoncepción y acceso al aborto legal y seguro, entre otros”, reseña el documento entregado a La Razón.
Aborto. El aborto en Bolivia es considerado un problema de salud pública, debido a la incidencia que tiene como causa de muerte materna, especialmente en adolescentes.

Según datos del 2008 (del Parlamento, hoy Asamblea), Bolivia registra entre 30.000 y 40.000 casos de aborto por año. Las mujeres que llegan a fallecer a causa de la mala práctica, por lo general, provienen de los sectores más empobrecidos.

La legislación tipifica como delito el aborto provocado, salvo que el embarazo sea producto de violación, estupro, incesto o rapto no seguido de matrimonio, y que el embarazo constituya un riesgo inminente para la vida de la madre (artículo 266 del Código Penal). En estos supuestos casos, la orden para que se practique el aborto de manera legal la emite el juez.

La encuesta de Católicas por el Derecho a Decidir también devela que al menos un tercio de las personas encuestadas (33%) conoce a una mujer que interrumpió su embarazo. En Bolivia el aborto está penalizado, pero eso no impide que se practique de manera ilegal.

Respecto a la percepción sobre si las mujeres tienen derecho a interrumpir la gestación, el 68% de los encuestados afirma que sí; frente a un 30,5 por ciento que se opone y el 1,5% no supo responder o se negó a hacerlo.

En cambio, en cuanto a la percepción de quién debe decidir el aborto, un 40% de los consultados indicó que es la pareja, el 38% le da la potestad a la mujer, el 6% a los médicos y el 16% dijo no tener una respuesta al caso.

Otra de las consultas realizadas por los encuestadores fue sobre el derecho a acceder al aborto sin riesgo de perder la vida. La población opina que en Bolivia se deben dar las condiciones para que se practiquen abortos seguros en un 80%, que sean legales 65% y gratuitos un 50%.

Pamela (nombre ficticio) está confiada en que la situación cambie en el país. Quién sabe, dice, si el aborto hubiera sido permitido, hace años, ella ahora tendría una mayor esperanza de vida.// La Razón


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