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La suma debe destinarse a ejecutar 1.057 proyectos y llegó en diciembre del año pasado.

El Gobierno entregó 1.259 millones de bolivianos, suma equivalente a unos 180 millones de dólares, a siete organizaciones sociales el 20 de diciembre de 2010, seis días antes de la promulgación del Decreto Supremo 748, que incrementó los precios del diésel y la gasolina.

Según información del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, esa cantidad debió ser entregada en el transcurso de los cinco años precedentes.

Este dinero fue distribuido entre la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz

(CPESC).

El monto debe invertirse en la ejecución de 1.057 proyectos, divididos en diferentes actividades, entre ellas la formación de líderes para los suyus, markas, ayllus y las comunidades originarias simaqu, de la provincia Ingavi, de La Paz. Este rubro tiene un presupuesto de 922.727 bolivianos, en tanto que la capacitación sindical agraria en Potosí cuenta con un financiamiento de 850.800 bolivianos. Son algunos de los proyectos más caros.

el idh. Los recursos provienen de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La Ley 3058 establece que los fondos canalizados a través de ese tributo se destinen a diversas entidades, entre las que se cuenta el Fondo Indígena, que se beneficia con el cinco por ciento de tales recursos.

Se desconocen las razones por las que el Gobierno retuvo por cinco años el monto que pertenecía a los pueblos originarios.

El 26 de diciembre de 2010, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció la modificación de los precios de los combustibles “líquidos” en todo el territorio nacional para evitar un daño económico al país, porque la subvención demanda alrededor de 1.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, esa disposición fue rechazada por la población, que se movilizó en contra, pero fue aprobada por las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo.

El 28 de diciembre, Julia Ramos, secretaria ejecutiva de las mujeres indígena originarias, anunció que su organización apoyaba el Decreto 748 al considerar que “el proceso de cambio no siempre debe ser fácil, y esta vez fue con dolor”.

El secretario general de la CSUTCB, Julián Jala Flores, aseguró que “el decreto no ha sido consultado a esta organización, pero como guardianes del proceso de cambio de las políticas del Gobierno, llevaremos adelante un ampliado de emergencia para decidir su socialización”.

354 millones de bolivianos fue la suma entregada a la CIDOB. Fue el monto más elevado.

El diputado de convergencia nacional Adrián Oliva denunció en marzo que el Gobierno destinó 1.300 millones de bolivianos a favor de las organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad, para apoyar el incremento del precio de la gasolina y el diésel, razón por la que solicitó un informe escrito a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, para conocer el destino y los mecanismos de fiscalización del uso de tales recursos.// La Prensa

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