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Sectores sociales entregaron al Legislativo un proyecto de ley que fija un plazo de tres años para que funcionarios públicos y administradores de justicia aprendan y presten servicios en uno de los 36 idiomas nativos. Las instituciones privadas están obligadas a aplicar la ley.

El proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas tiene por objetivo reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos. El documento fue presentado al vicepresidente Álvaro García por un bloque de 15 sectores sociales, entre ellos campesinos e indígenas.

El parágrafo II del artículo 13 de la propuesta refiere que “el estudiante monolingüe castellano hablante tiene  el derecho y la obligación de aprender un idioma indígena originario campesino, predominante en la región, como segunda lengua”. También plantea promover en la educación superior el desarrollo de conocimientos en áreas como idiomas originarios.

La Constitución Política del Estado reconoce 36 nacionalidades, y como oficiales sus idiomas, entre ellos el aymara, quechua, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimane, ese ejja, guaraní, itonoma, leco y machajuyay-kallawaya.

García destacó la importancia de la iniciativa legal porque se complementa con la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. “A partir de ello el sistema educativo, la administración pública y la administración de justicia, la plurinacionalidad, igualdad de pueblos, de idiomas, de culturas, de apellidos, de vestimentas, de colores y de piel, serán una realidad”.

El proyecto, efectivamente, legisla sobre la cosa pública. “El personal que preste servicios al público debe conocer el idioma indígena originario campesino del territorio y atender en éste”, prevé el artículo 22, pero también propone al sector público y privado privilegiar en la contratación de personal a quienes hablen un idioma nativo.

Asimismo, refiere que en la administración de justicia toda persona tiene derecho a ser atendida en su propio idioma. “En los tribunales de justicia, toda persona tiene derecho a usar su propio idioma de manera oral y escrita de acuerdo al principio de territorialidad”, propone el parágrafo II de la propuesta de ley.

García se comprometió ante los sectores sociales a acelerar la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Este proyecto de ley viene de las organizaciones sociales, como la promulgada por el presidente Evo Morales, de Revolución Productiva. Les puedo garantizar que la Asamblea aprobará como rayo la norma porque viene desde el pueblo”.

La propuesta otorga un plazo de tres años a los funcionarios públicos para aprender un idioma nativo de su región. En caso de no hacerlo, serán sancionados. En materia de medios de comunicación, se plantea que los hablantes de los idiomas oficiales tienen derecho a dar y recibir información oral, escrita, audiovisual y otras en sus idiomas propios por los medios de comunicación masiva.

  Las instituciones privadas tienen la obligación de acatar y aplicar esta norma.

Idiomas Patrimonio

El proyecto de ley, a través del artículo 7, declara a los 36 idiomas existentes en el territorio nacional como Patrimonio Oral Intangible Histórico y Cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Estado y humanidad.//  La Razón

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