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Bolivia Informa

El Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, descartó por completo que se esté pensando en gravar los salarios de los trabajadores imponiendo un impuesto para mejorar la redistribución, aseguró que si se llegaría a tratar una medida de estas características de ninguna forma se afectaría al sector obrero-popular del país.

"Si en algún momento algo tiene que debatir la Asamblea Legislativa tal vez pueda ser algún impuesto a la extrema riqueza, pero al asalariado no, el asalariado es una persona que no tiene un ingreso excesivo, puede ser un trabajador, obrero, sector popular, clase media, en absoluto no se va a aplicar, no se ha pensado, ni se aplicará ningún tipo de impuesto, por lo tanto, le ruego que este tipo de debate se acabe", sentenció.

Sobre la otra posibilidad, un impuesto a la extrema riqueza, dijo que habría que debatir "si conviene o no", aunque a su juicio "es sano" porque las personas que tienen mayores recursos económicos "pueden pagar más impuestos".

"Tienen derecho a tener mucho dinero pero también a pagar más impuestos, el asalariado no", remarcó..

Por su parte la Viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos aseguró que "el Gobierno no trabaja en el diseño de un impuesto al ingreso ni al salario. Bolivia ha registrado superávit fiscal y las recaudaciones tributarias se han incrementado".

Analistas y empresarios comentaron sobre un posible impuesto al ingreso, apoyados en declaraciones que dio el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, a un medio de comunicación.

En esa entrevista, Arce Catacora sostuvo que se estaban recogiendo experiencias para implementar la política de redistribución de ingresos, dentro de la cual se analizaban diferentes posibilidades, aspecto que, según la Viceministra Ríos, no implica un impuesto al ingreso.

"El Ministro -dijo Ríos- se refirió a la política de redistribución (...), no se habló de un impuesto al ingreso, se habló de un proceso de redistribución; es más, la entrevista se ha referido a todo el contexto macroeconómico que ha tenido muchos puntos sobresalientes como por ejemplo los consecutivos superávit fiscales".

Ríos añadió que el proceso de redistribución del ingreso permitió al Estado contar con más recursos para el pago de la Renta Dignidad, a las personas de la tercera edad; el bono Juancito Pinto, a los escolares de colegios fiscales; y el bono Juana Azurduy, a las mujeres gestantes.

Además, el aumento de los ingresos fiscales favoreció el incremento de ítems en áreas sociales como la salud pública y la educación fiscal.

En este contexto, explicó que el Gobierno se concentra en afianzar el trabajo de la Autoridad de Juego, iniciada en la presente gestión, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes, en este caso, específico, las casas de juegos de azar y otros operadores del sector, que por la aplicación de la Ley 060 ya empezaron a tributar.

Recalcó que los ingresos obtenidos por la tributación de las casas de azar y actividades relacionadas se redistribuirán en programas sociales como el bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy y una buena parte va a ser sopesar los gastos en salud.

Jornada


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