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Reglamento para sancionar la discriminación en los medios fue aprobada

Los medios bolivianos que sean sancionados administrativa o judicialmente por difundir contenidos considerados racistas afrontarán multas económicas o suspensiones de hasta 360 días, según el Decreto firmado ayer por el Presidente Evo Morales.

La Ministra de Justicia, Nilda Copa, informó en rueda de prensa que el Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la normativa.

El Decreto reglamenta la Ley Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, promulgada por Morales en octubre pasado.

"Este reglamento tiene sanciones, pero no tiene cierre de medios de comunicación", dijo Copa sobre la norma que, sin embargo, fija de 150 a 360 días de "inhabilitación temporal de funcionamiento" para los medios que reincidan tres veces en actos de racismo.

El Decreto establece que, antes de llegar a la suspensión, los medios afrontarán sanciones económicas que deben ser pagadas en un plazo de quince días, pero también se les permitirá que la mitad de la deuda se convierta en publicidad contra el racismo.

El Decreto que reglamenta la Ley Antirracismo establece una multa de 10 a 150 días a los medios que hayan violado la norma por primera vez; de 151 a 300 días por reincidencia y de 150 a 360 días de inhabilitación temporal, en caso de incurrir en reincidencias.

El Viceministro de Justicia, Hugo Montero, dijo que las sanciones contra los medios serán impuestas tanto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) como por jueces penales, dependiendo de la gravedad del caso.

Las denuncias pueden cursar tanto por la vía judicial como por la administrativa, "paralela o alternativamente", dijo Montero.

La ATT es una institución pública, controlada por el Gobierno, que tiene a su cargo la regulación de los medios de comunicación.

Las Asociaciones de periodistas de Bolivia y de la Asociación de propietarios de medios, han señalado varias veces que no se oponen a la Ley contra el racismo, sino que ha advertido sobre las consecuencias para la libertad de prensa y la vigencia de la democracia de dos de sus Artículos.

El Artículo 16 de la ley contra el racismo establece que el medio de comunicación "que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".

El Artículo 23 de la misma norma establece que "cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegar inmunidad ni fuero alguno".

Rechazan reglamento

Por su parte, organizaciones y trabajadores de la prensa rechazaron el Reglamento de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación porque consolida un cerco jurídico contra la libertad de expresión, por lo que reactivarán la Iniciativa Legislativa Ciudadana para que la Asamblea anule el Artículo 16 y modifique el 23 de la polémica Ley.

El Fiscal General de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, aseguró que de antemano sabían que las autoridades gubernamentales impondrían "duras" sanciones contra los medios de comunicación porque "son una presencia incómoda para este Gobierno", por lo que "crearon un cerco jurídico alrededor de la libertad de expresión".

En ese marco, Vargas anunció que nuevamente entregarán a la Asamblea Plurinacional los libros que contienen más de 400 mil firmas que fueron recolectadas a nivel nacional con el fin de eliminar el Artículo 16 y modificar el 23 mediante la Iniciativa Legislativa Ciudadana que establece la Constitución Política del Estado.

"Nosotros seguimos en pie, consideramos que la Iniciativa Legislativa Ciudadana está ahí y vamos a tocar otra vez los canales respectivos para que el Vicepresidente (Alvaro García Linera) conduzca porque no podemos guardar las firmas y decir a esas 400 mil personas bueno eso fue todo y que lo sentimos mucho. Vamos a seguir", enfatizó Vargas.

Mientras el dirigente de la prensa de Santa Cruz, Franz Arauz, advirtió que no permitirán el cierre de medios y menos que un trabajos sea sometido a un proceso como establece el reglamento. "Vamos a salir a las calles nos sentimos amenazados por eso nos declaramos en estado de emergencia y convoco a todos los que firmaron el libro a defender la libertad de expresión", expresó Arauz.

Por su lado, el Secretario de Relaciones de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, Iván Rodríguez, a tiempo de señalar que ellos no participaron de la elaboración de la reglamentación, afirmaron que esta ratifica el espíritu de la norma específicamente en los Artículos observados 16 y 23.

El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, dijo que aún no conoce en su integridad el reglamento, pero por lo que conoce ratificaría el espíritu de la Ley en sus Artículos 16 y 23.

"Nosotros nos preguntamos qué medio podría subsistir cerrado 360 días, si tiene que pagar a periodistas, si tiene que pagar alquileres, en fin; ese medio está condenado a desaparecer", comentó Zeballos sobre las sanciones para los medios que contempla la nueva norma a la que ve como una guillotina.

En Sucre, el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, Ramiro Echazú, a tiempo de rechazar la aprobación del Reglamento de la Ley antiracismo, indicó que exigirán que la Asamblea Legislativa trate el proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana referido a la Ley Antirracismo.

"No somos racistas, pero sí defensores de la Ley de Imprenta", afirmó Echazú al anunciar que convocará a una reunión de análisis, para definir criterios y emitir un pronunciamiento.

Jornada net


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