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Proceso. Fiscal Soza informa el 17 de diciembre sobre la pesquisa.

Apoyado en una fuente cercana al caso terrorismo, Estados Unidos maneja la información de que el grupo liderado por el abatido Eduardo Rózsa fue contratado por servicios de inteligencia bolivianos para montar una trama y justificar el ataque a la oposición.

Ésta información fue difundida por el periódico español El País y proviene de los expedientes secretos estadounidenses revelados por el portal WikiLeaks. El documento data de mayo del 2009; un mes después de la desarticulación del grupo irregular.

La madrugada del 16 de abril del 2009, un grupo de élite de la Policía ingresó al hotel Las Américas de Santa Cruz y desarticuló el grupo irregular, matando a Rózsa, Michael Dwyer y Árpad Magyarosi, mientras que detuvo a Mario Tadic y Elöt Tóásó.

Según la fuente del país del norte, los mercenarios fueron contratados por los servicios de inteligencia bolivianos para montar una falsa trama terrorista y justificar la persecución desatada a los líderes cruceños.

Los servicios de inteligencia habrían liquidado a los tres miembros del grupo para borrar pistas, y sembraron pruebas. Dos salvaron la vida porque no estaban al corriente de la trama y porque las autoridades los utilizaron como testigos para apuntalar el montaje, se señala en el reporte de El País.

La embajada, en el informe, asegura que no tiene la forma de comprobar la versión, pero añade que la fuente es un personaje bien situado y con una trayectoria solvente. Se identifica al director de Inteligencia, coronel Jorge Santiesteban y al Capitán Wálter Andrade como los responsable de contratar a Rózsa.

El reporte estadounidense, siempre apoyado en su fuente, sostiene que el objetivo era tender una trampa a los grupos separatistas, y de paso liquidar políticamente a los principales dirigentes regionales.

También se revela que la policía “plantó” las pruebas esgrimidas por la Fiscalía, como “un dispositivo de memoria con falsas listas de empresarios de Santa Cruz implicados”, “la tarjeta de visita de un sospechoso” (se trata de Hugo Achá, hoy en Estados Unidos), y un video, ininteligible, en el que Rózsa supuestamente habla de un plan para matar a Evo Morales.

En el curso de la investigación, también se reveló que la CIA habría tenido contacto con Rózsa. “El Gobierno boliviano está casi seguro de poder aprovecharse de esta oportunidad para vincular al imperio con la supuesta conspiración, y confirmar así las acusaciones más locas de Evo Morales sobre los tejemanejes estadounidenses”, escribe el encargado de Negocios en febrero, según el documento revelado por WikiLeaks.

Se añade, “pasarán muchos meses antes de que se sepa toda la verdad de este caso. Si es que alguna vez llega a saberse”.
Andrade apareció en fotografías junto a Rózsa e Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’, quien fue identificado como el delator.
Imputan a 39 personas

Después de 20 meses de investigación, la Fiscalía presentó el 17 de diciembre, la imputación formal contra 17 personas, entre ellas los ex líderes cruceños Branko Marinkovic y Guido Náyar. También está imputado Pablo Costas, hermano del gobernador cruceño, Rubén Costas. 18 de los acusados huyeron de Bolivia. La Fiscalía, en reiteradas ocasiones, aseguró que Rózsa y sus cómplices atacaron al grupo de élite, que se vio obligado a responder al fuego. Ignacio Villa Vargas fue identificado como el delator del grupo; hoy está prófugo. El fiscal Marcelo Soza anunció que se investigará e identificará a quienes financiaron al grupo.

Cívicos exigen investigación internacional sobre el caso

Tras conocer el último cable del departamento de Estado de EEUU, de mayo del 2009, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Nicolás Rivera, planteó la necesidad de que la investigación sobre el caso terrorismo lo realice una comisión internacional.

“Ya hemos solicitado a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en todos los espacios de la comunidad internacional, que se haga una investigación imparcial para establecer la verdad histórica de los hechos. Vamos a seguir insistiendo, porque no queremos que se siga utilizando ésto para chantajear, humillar o exaccionar a la gente”, afirmó.

Recordó que el presidente cívico, Luis Núñez, viajó a Estados Unido y se trasladó hasta la Organización de Estados Americanos, para exigir la investigación del caso, porque “hay muestras elocuentes de que la justicia boliviana fue comprada por la administración de Evo Morales”.

Negó que el Comité se haya involucrado en actos terroristas, y cree que la investigación del fiscal Marcelo Soza, quien imputó a 39 personas presuntamente involucradas con Eduardo Rózsa, va a ser usada como cortina de humo para aplacar protestas sociales.

La Razón

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