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De la defensiva a la ofensiva ha pasado el Gobierno contra la Prensa que cuestiona dos artículos de la ley antirracismo con amenazas de juicios contra algunos periodistas y una lluvia de spots que justifican la norma y los excesos cometidos por algunos informadores.

El periódico oficialista El Cambio, en su edición del 25 de octubre, publicó que Antonio Vargas, el periodista que fue a la OEA a denunciar la vulneración de la libertad de expresión, fue asesor de la Dirección de Comunicación de la Prefectura de La Paz durante la gestión de “Chito” Valle, según indica el contrato de servicios número 0022 del 1 de septiembre de 1997.

Valle está ahora detenido acusado de una malversación de $us 17 millones. Asimismo funcionarios de la Gobernación de La Paz, manejada por el partido oficialista, anunciaron un proceso por haberse adjudicado un contrato de publicidad.

Vargas, fiscal de la Asociación Nacional de Periodistas, no fue ubicado ayer porque está de retorno a Estados Unidos, pero en un correo electrónico enviado el 26 de octubre denunció la campaña de desprestigio en su contra.

El ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Daniel Castro, dijo que “por todos los medios el Gobierno está apuntando todos sus dardos contra los periodistas que no han hecho más que reclamar por la vulneración de un principio universal: la libertad de expresión que pretende ser conculcada con los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo”.

Asimismo el ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Daniel Villavicencio, denunció la reactivación de una campaña en su contra al haber sido incluido en un juicio por racismo por los hechos del 24 de mayo del 2008 “Cómo yo voy a instigar a que humillen a los campesinos si trabajo en un periódico (Correo del Sur) que sale al otro día”, dijo.

Lluvia de spots. El experto en lenguaje de la imagen, Max Torres, advirtió que el Gobierno está usando imágenes crudas incluyendo torturas de la época de Hitler para justificar la ley antirracismo, desprestigiar a algunos presentadores de televisión y de radio para justificar por qué quiere cerrar medios de comunicación y vulnerar la libertad de expresión.

La diputada de la oposición, Norma Piérola, anunció que pedirá a la Dirección Nacional de Comunicación (Dinacom) informar cuánto están gastando en esa campaña que se paga con el sueldo de los bolivianos.

duros de roer. El politólogo Carlos Cordero señaló que el Gobierno ha apuntado a los medios de comunicación porque éstos han resultados difíciles de derrotar por su capacidad para recolectar más de 500 mil firmas y denunciar la vulneración de la libertad de expresión en escenarios internacionales como la OEA.

Periodistas cruceños se dividen

La aparición de una plataforma de periodistas que disiente con las organizaciones de prensa que rechazan los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y está a favor de participar en la reglamentación de dicha norma, según la red Erbol, provocó inquietud ayer en los periodistas que iniciaron la movilización y la huelga de hambre en Santa Cruz.

“Agradecemos que al fin se hayan animado a mostrar su afinidad con el gobierno”, dijeron ayer Maritza Roca, Moisés Peralta, Nora Panique, Milton Montero y Jorge Saavedra en una conferencia de prensa.

Y la reacción no se hizo esperar. “Mi derecho al trabajo no me lo quitará nadie, ya sea en una empresa de comunicación privada o en una pública. El hecho de trabajar en un medio de comunicación del Estado no me hace perder el derecho al trabajo. Lo voy a defender, porque trabajar para el Estado es hasta un compromiso cívico”, respondió Guísela López en una nota a nuestra redacción. Ella es directora regional de Canal 7 TVB y una de los 32 informadores de diferentes medios que conforman la plataforma plural y Gustavo Ondarza, otro periodista del Canal 7, aclaró que no dirige ese movimiento.

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FTPSC), Roberto Carlos Hurtado, dijo ayer que los de la plataforma responden por ellos y negó un comunicado que llegó a nuestra redacción atribuido al directorio de la Ftpsc en el dicen que irán a la reglamentación.

Vía: El Día


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