La diputada del MAS Mireya Montaño afirmó ayer que el Decreto Supremo 2731 tiene el objetivo de controlar y regular las redes sociales (RRSS), mientras la oposición anunció que pedirá un informe escrito al Gobierno sobre la creación de la Dirección General de Redes Sociales.
"El objetivo es control, a partir del Ministerio de Comunicación; controlar y regular las redes sociales, es por eso que se ha emitido el DS 2731 para un mejor trabajo, ya que el Ministerio de Comunicación tiene toda la tuición para poder controlar este tema”, dijo la diputada en una entrevista en radio Panamericana.
Afirmó que "el ministerio verá la hermenéutica correspondiente” para controlar las redes. "Nosotros vamos a hacer seguimiento para dar ese resultado y el objetivo principal que tiene el decreto”, afirmó la asambleísta.
El MAS responsabilizó a las RRSS de la derrota sufrida en el referendo del 21 de febrero y planteó regularlas. Hasta ahora hay dos proyectos de ley del oficialismo que tienen ese fin.
La diputada Montaño explicó que el objetivo del Decreto Supremo 2731 "es proteger a cualquier ciudadano” de insultos y ofensas "no solamente del tema político, sino de ciudadanos de a pie que son insultados vía las redes.
Entonces, el decreto tendría este objetivo, de poder controlar porque no tenemos una sanción. Una sanción tiene que establecerse dentro de una ley e incorporarse en el Código Penal y demás como delitos informáticos”.
El DS 2731 fue promulgado el 14 de abril de este año por el entonces presidente en ejercicio Álvaro García Linera. El documento establece la creación de la Dirección General de Redes Sociales, dependiente del Ministerio de Comunicación.
Esta dirección funcionará con recursos del TGN y se dedicará a crear estrategias de difusión e interacción con las cibercomunidades, mejorar las plataformas de información y comunicación mediante el uso de las RRSS y promover el uso de estas.
Montaño explicó que se pretende buscar interrelaciones entre las cibercomunidades para que puedan plantear demandas y objetivos "con vías a la Agenda 2025”.
La legisladora recordó que hay normas como la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que deben ser aplicadas a las redes sociales, mientras se debaten los proyectos de ley para la regulación de las redes sociales en la Asamblea.
En emergencia
Los cibernautas están en estado de emergencia y anuncian movilizaciones de varias comunidades de Facebook y de Twitter. La agrupación juvenil Otra Izquierda es Posible (OIP), encabezada por Alberto Astorga, advirtió sobre la creación de una "patrulla cibernética” del Órgano Ejecutivo, que -según dijo- "se dedicará a la persecución política virtual y al encarcelamiento del que publique o comente algo contra del Gobierno”.
La oposición también manifestó su preocupación por la promulgación del decreto.
"Vamos a hacer una petición de informe escrito para saber en qué nos beneficiamos los bolivianos con la creación de esto, no vemos ninguna necesidad. Ya tenemos una red de medios de comunicación que son financiados por los bolivianos y que funciona solamente al servicio del MAS y no del Estado”, afirmó el senador de UD Arturo Murillo.
Su colega Óscar Ortiz recordó que el objetivo del Ministerio de Comunicación es informar sobre la gestión pública y no así controlar lo que los cibernautas intercambien en las RRSS.
La abogada y especialista en RRSS Paola Cortés opinó que en el mencionado decreto no hay inconstitucionalidad, pero consideró extraño que se pretenda mejorar el uso de las redes sociales cuando las plataformas de información son las páginas oficiales que terminan en .gob o .bo y no así Twitter ni Facebook.
Especialistas en estos espacios virtuales afirmaron que técnicamente es difícil controlar y regular las redes, pero el MAS apunta a penalizar los mensajes.// Página Siete
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