Bolivia: Sin sentencias en 16 años, pese a 200 ocupaciones ilegales de minas

Hace dos décadas que el italiano Pablo Schwarz llegó a Bolivia para invertir en la actividad minera. En 1995 obtuvo sus primeras 21 concesiones en Huaripampa, una comunidad ubicada en Villa Vilaque, en el municipio de Pucarani de La Paz, donde instaló su empresa Puerta del Sol. Pero en 2007, la mina fue avasallada por los mismos pobladores a los que había dado trabajo.

A ocho años del hecho, aún mantiene la esperanza de recuperar su inversión. Aunque hubo al menos seis intentos policiales para recuperar la veta, ni autoridades judiciales  ni el Gobierno pudieron torcer el brazo de los lugareños, quienes ahora explotan el oro, el bismuto y el estaño de esos parajes, y no permiten el ingreso de forasteros. “Es muy riesgoso”, advierte Schwarz.

Su caso es una de las 511 denuncias por invasión, bloqueo u obstrucción de actividades mineras que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) tiene registradas desde 1997 hasta 2014 (ver infografía de las páginas 8 y 9). Del total, 200 fueron probadas, es decir, en éstas se estableció que hubo perjuicio al normal desarrollo de las labores productivas y se remitió antecedentes al Ministerio Público.

No obstante, ninguna de las investigaciones recibió una sanción penal hasta la fecha, pese a la instalación de juicios y la vigencia desde 2013 de la Ley 367 contra el Avasallamiento de Minas, que incorpora la ocupación ilegal de predios mineros y castiga el delito con entre cuatro y ocho años de privación de libertad, y con entre tres y seis años por compraventa irregular de minerales. El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, admite que es difícil probar la “culpabilidad total” de los involucrados (leer entrevista de la página 16).

Por esta fiebre se enfrentan mineros cooperativistas contra asalariados, comunarios versus cuentapropistas. Y los avasallamientos no solamente se limitan a la usurpación de áreas establecidas legalmente, con aval estatal, sino que hay otros que terminan en tragedia, con muertos de por medio. La última se presentó en octubre y se saldó con tres fallecimientos, en una pugna por las vetas auríferas entre pobladores y cooperativistas del municipio de Coripata, en el norte de La Paz.

Mineros cuyas concesiones fueron afectadas por este problema, autoridades gubernamentales y representantes de la Fiscalía entrevistados, coinciden en que la falta de sentencias judiciales para los avasalladores, el incumplimiento de las normas y la imposibilidad de restablecer operaciones en los sitios ocupados ilícitamente se deben, sobre todo, a tres trabas.

El primer escollo es la retardación de justicia. Los procesos se vuelven largos y tediosos, debido a que quienes ocupan los terrenos interponen una serie de recursos legales conocidos como “chicanerías”, que impiden una resolución inmediata de parte de las autoridades. Aparte, la Policía no puede hacer cumplir la fuerza de la ley por la presión de los pobladores, quienes incluso recurren a la violencia para evitar el ingreso a las áreas mineras en disputa.

Las averiguaciones se dificultan debido a que los lugares de las tomas ilegales son alejados, de difícil acceso, lo que se constituye en un segundo obstáculo. “La distancia de los sitios invadidos perjudica el proceso, porque la mayoría se encuentra a varias horas de viaje por carreteras”, según Chorolque. Ante esto, los investigadores no pueden recolectar las pruebas que incriminen a los responsables.

Y como tercer inconveniente, los afectados se ven limitados en los recursos económicos que deben erogar para recuperar sus áreas de trabajo. “Cada vez tenemos que pagar a los abogados para que estén atentos a lo que determine la Fiscalía. Eso nos cuesta plata, aparte de tiempo y no podemos estar constantemente presionándolos para que vean nuestro caso”, relata Miguel Callata, dirigente de la cooperativa Nueva Esperanza, cuya concesión en orillas del río Chaquety, en el municipio paceño de La Asunta, fue ocupada por lugareños de esa región.

De las otras 311 denuncias que llegaron a la AJAM, 191 fueron abandonadas por los solicitantes, o sea los procesos quedaron inconclusos;  51 fueron declaradas improbadas; en otras 26, los perjudicados apelaron al desistimiento; mientras que 20 se extinguieron, 15 fueron rechazadas y 8 terminaron en conciliación.

La mayor parte de las quejas se presentó en el departamento de La Paz, con 197 entre 1997 y 2014; seguido por Santa Cruz, con 76 casos;  Potosí, con 74; Oruro, con 68; Cochabamba, con 64, y Tarija, con 32. Cuando se presenta una denuncia, los damnificados piden un amparo administrativo a la AJAM, previsto en la Ley 535 de Minería y Metalurgia. El recurso tiene como finalidad proteger los derechos otorgados a titulares u operadores legales de actividades mineras, cuyas áreas, lugares de actividad o trabajo, instalaciones, campamentos u otras dependencias son objeto de invasión, bloqueo u obstrucción de caminos o accesos a los parajes.

Tras un proceso, que incluye la verificación de las concesiones supuestamente ocupadas, la entidad emite una resolución administrativa y, a la par, remite antecedentes a la Fiscalía departamental para que se inicie una investigación, si el hecho fue comprobado. Sin embargo, ratifica el fiscal Marcelo Rollano, generalmente los representantes del Ministerio Público tienen dificultades para llegar hasta los sitios en disputa. “Por la distancia y por la poca accesibilidad, averiguar en el lugar de los hechos se vuelve muy complejo”.

Por ello, los afectados no hallan una solución oportuna. Schwarz es víctima de ello. Informa que acudió a varias entidades gubernamentales, entre ellas la AJAM, pero siente indiferencia a su reclamo; más aún porque le dieron falsas expectativas, al igual que a sus trabajadores, que quedaron cesantes. Igual interpuso una denuncia ante la Fiscalía, en 2007, pero ya son más de ocho años de peregrinaje por los juzgados de tres municipios.

“No hay justicia”, expresa con un dejo de pesar, aunque sigue en la lucha para recuperar sus concesiones y su maquinaria. Confiesa que durante estos años, la demanda que inició se topó con “chicanerías” y el proceso se alargó. Su caso comenzó en la jurisdicción de Pucarani, pasó a la de Achacachi y desembocó en juzgados de El Alto. Sin embargo, en octubre de este año retornó a Pucarani.

DELITO. El inversionista no volvió a ver hasta ahora los más de $us 14,5 millones que invirtió para la explotación del oro, el bismuto y el estaño en las 120 cuadrículas (cada una con un área de 500  metros cuadrados) situadas en Villa Vilaque. “Mi ingenio era monstruoso”, recuerda el europeo. Tenía nueve camiones, dos excavadoras, una pala y tres orugas cargadoras, chancadoras, mesas vibradoras, concentradoras. Construyó almacenes para los minerales e instaló generadores de energía eléctrica.

Complementa que la toma de la mina por parte de algunos comunarios fue solo el corolario de una serie de acciones realizadas con anterioridad, como el robo de diésel y de metales. Cuando fue desalojado, toda la infraestructura y la maquinaria quedaron en poder de los invasores. Asegura que la veta es administrada por una familia, bajo el alegato de que la tierra les pertenece y que es una decisión comunal. Denuncia que los involucrados buscan inversionistas para extraer los minerales, y que no pagan impuestos y causaron graves daños medioambientales.

En mayo, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, anunció que el Estado aplicará estrictamente la Ley 367, pero hasta ahora no hay sanción penal alguna.

Hay otros damnificados que notan desinterés del Ministerio Público para impulsar las investigaciones, más allá de que las regiones donde ocurren estos hechos sean distantes. Así ocurre con la toma ilegal protagonizada por comunarios de Tacuaral, en predios de la cooperativa Nueva Esperanza de Chaquety, en noviembre de 2013.

Los socios acudieron a la Fiscalía de Chulumani, donde el proceso se cerró después de seis meses de iniciado porque el abogado de los afectados no realizó un buen seguimiento y se cambió al fiscal, dice Erick Callata, secretario general de los cuentapropistas.

Si bien el empresario Schwarz, los cooperativistas de Nueva Esperanza, entre otros mineros, decidieron entablar denuncias por lo ocurrido en sus áreas otorgadas por el Estado, otros prefieren no interponer una demanda para no tener que lidiar con el sistema judicial y optan por la firma de un pacto con los avasalladores. “Es mejor transar, acordar y no llegar a instancias legales donde se pierde dinero y tiempo, y no se llega a ninguna solución”, remarca Hernán Montero, secretario de Minería de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras (Fencomin).

Lo mismo piensa el secretario general de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Julián Chino, quien sostiene que cuando los campamentos o las áreas de trabajo de sus afiliados son ocupados por pobladores, prefieren compartirlos para evitar la pérdida total de sus concesiones y, en algunos casos, su inversión. “Tenemos que dialogar con los comunarios y finalmente llegar a un acuerdo; por esto hemos optado algunas cooperativas”.

Para tener una mejor relación con los lugareños, inversionistas en el rubro, sean pequeños mineros o cooperativistas, coinciden en que es recomendable “colaborar” en la construcción de caminos, unidades educativas o brindar equipamiento para el beneficio de las poblaciones y así continuar con la explotación de minerales sin conflictos de por medio. “Nosotros, por voluntad propia, en cualquier rincón del país siempre hemos construido vías. Hemos instalado electricidad, llevado postas sanitarias y educación, pero inclusive así tenemos que sufrir la extorsión que nos hacen algunas comunidades”, se lamenta Montero.

Saturnino Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Minas (Canalmin), reconoce que es mejor “llevar la fiesta en paz” y realizar obras para los poblados o que sus habitantes sean parte de las concesiones y extraigan el mineral en conjunto, ya que lo contrario es un pretexto para la confrontación. “Varias cosas se resolvieron con comunidades a través del diálogo: las incorporamos en la operación minera o nos piden que trabajemos una parte o hagamos una escuela, una casa de gobierno, una cancha. Hay esos excesos”.

Por esta razón el dirigente aconseja a sus afiliados entablar conversaciones amistosas, antes que las pugnas de intereses. “Cuando hay temas de servicios básicos, como caminos, todo eso se trabaja de manera que se busque el beneficio de las partes y no se llegue a un enfrentamiento, porque, quiérase o no, el tema de la explotación minera origina un interés”.

Una de las causas que alienta las ocupaciones de predios mineros, según el secretario de Justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, es que quienes explotan el mineral en sus territorios no son gente del lugar.

Para él, la tierra es de quienes la habitan, incluso los recursos naturales, y considera que los avasallamientos ocurren porque los concesionarios no solicitan la autorización de los lugareños. “En las poblaciones donde existen minerales, las cooperativas aparecen como dueñas sin el conocimiento, ni permiso de los habitantes. No anuncian que van a ingresar y es por ello que surgen estos conflictos”.

Para sustentar su alegato, Machaca enuncia el artículo 349 de la Constitución Política del Estado, que determina que “Las riquezas naturales son de propiedad del pueblo boliviano y el Estado es solo el operador de estos recursos en función del interés colectivo”. Precisamente éste es el precepto que los campesinos enarbolan para evitar que se exploten sus tierras, a pesar de que los empresarios tienen autorización estatal para el desarrollo de las actividades mineras, por las cuales inclusive pagan un monto de dinero anual.

Sin embargo, Montero manifiesta que ese mandato constitucional es malinterpretado por pobladores. “No he visto en ninguna parte de la normativa que diga que la tierra es de los comunarios, entonces no sé por qué ellos piensan que tienen el derecho a los recursos minerales”.

No obstante, para los habitantes de Tacuaral, en el municipio de La Asunta, está claro que el territorio que habitan es de su propiedad. Por esto, aunque los socios de Nueva Esperanza de Chaquety tienen aval del Estado para operar en el río, decidieron intervenir entre cuatro y cinco de las 20 cuadrículas de la cooperativa, y secuestrar su maquinaria que fue alquilada. Froilán Bautista, representante de los pobladores, explica que se desalojó por la fuerza a los cooperativistas de su campamento y se decidió explotar el oro porque los mineros son considerados “invasores”. 

Otra de las fuentes para estas tomas identificada por los damnificados es que cuando los avasalladores notan que un distrito minero ya está constituido, recién se lanzan a apoderarse de las áreas de trabajo por su infraestructura y su maquinaria. El presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Albino García, señala que esto es moneda corriente, ya que así los involucrados ingresan a trabajar con toda la mesa servida.

De acuerdo con las fuentes entrevistadas, existe mayor interés de los campesinos por las concesiones donde se explota oro, sobre todo en zonas del norte de La Paz como Teoponte, Tipuani, Mapiri y Guanay. Es que es uno de los metales que reporta más ganancias por los precios internacionales vigentes. Y esta ambición incluso desemboca en tragedias, como lo ocurrido en la cooperativa aurífera Rosario de Ananea, en el municipio de Tacacoma, de la provincia paceña Larecaja.

El 15 de agosto se reportó allí un enfrentamiento entre comunarios y cuentapropistas. Para poner orden en el conflicto llegaron efectivos policiales, pero fueron sorprendidos por los lugareños, quienes los tomaron de rehenes y, según las investigaciones, arrojaron al precipicio al sargento José Quispe, quien falleció por politraumatismos. Este suceso, que es de conocimiento del Ministerio Público, cuenta con dos causas abiertas, una por el avasallamiento y otra por homicidio.

Otra ocupación ilegal que acabó con muertes se registró en la cooperativa Cruz del Sur, el 25 de octubre. Los habitantes de Trinidad Pampa, del municipio de Coripata, en la provincia Nor Yungas de La Paz, invadieron las áreas mineras, por lo cual se reactivó la disputa, incluso con el empleo de armas de fuego. 

El saldo fue de tres decesos y seis heridos. “Nosotros hemos escapado por nuestras vidas y mi hermano trató de huir, pero lo han matado, le dispararon en el camino”, recordó Elvira Balmaceda, hermana de Édgar, quien falleció con un impacto de bala.  Eran las 06.00, “cuando los comunarios con armas en mano nos sorprendieron y empezaron a disparar y a dinamitar, han usado metralletas”, indicó uno de los cooperativistas.

Tras el hecho, los cuentapropistas acudieron ante la AJAM, que certificó que las más de 10 cuadrículas pertenecen a Cruz del Sur, informa Benito Mamani, representante legal de la sociedad. Hay tres detenidos preventivos por lo sucedido. Más todavía, el caso fue remitido al Ministerio Público para entablar la investigación penal.

El director Nacional de Sustancias Controladas, Medio Ambiente, Aduanas y Fronteras de la Fiscalía General, Freddy Larrea, comenta que cuando se registran este tipo de hechos se actúa de oficio. “Han habido enfrentamientos, hay elementos que configuran el tipo penal, entonces sí se procede a realizar la averiguación”. Pero el proceso no avanza y la labor de los cooperativistas continúa paralizada en el lugar.

Algo es claro, el precio de los minerales es un imán para estos avasallamientos. Y si bien existe una baja en la cotización del oro, ello no es un obstáculo para que pobladores decidan ocupar vetas auríferas concedidas por el Estado. Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), atribuye precisamente a este asunto las actuales invasiones: la onza troy del metal llegó a cotizarse en 2014 a $us 1.256.

“La minería en los últimos años está sufriendo el problema de avasallamientos, particularmente en el sector aurífero y es porque el precio del oro está en un buen nivel, y con los costos de operación que no han variado sustancialmente, sobre todo por la minería artesanal, entonces las utilidades siguen siendo interesantes y es por esto que vemos este tipo de hechos”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cotización de este metal reportó sus picos más altos entre 2011 y 2012, con $us 1.561 y $us 1.660 la onza troy, respectivamente (revisar la infografía de las páginas 14 y 15), lo que se reprodujo en los precios de los otros minerales.

La AJAM señala que en los años en que hubo este boom, se reportó la mayor cantidad de ocupaciones ilegales de minas. Actualmente el precio del gramo de oro alcanza entre Bs 200 y 220 en el mercado local, algo todavía apetecible para quienes se animan a impulsar estos avasallamimientos. Eso no es todo. Córdoba menciona que si bien las tomas son frecuentes en zonas auríferas, la mayoría no sale a la luz porque las partes prefieren llegar a acuerdos. Una medida que es apoyada por el viceministro Chorolque, quien aconseja la negociación para terminar con las diferencias. “Es la mejor solución”.

Y así como los precios cayeron, los avasallamientos de predios mineros igualmente disminuyeron. No obstante, el norte paceño continúa siendo el epicentro de los conflictos, con el oro como protagonista. Y las autoridades temen que esta situación no cambie, por lo menos en lo inmediato.// La Razón.com

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