Desde 2011 a la fecha, la Procuraduría General del Estado (PGE) recuperó para el país Bs 144.200.232,50 por cobros de pólizas de garantías, por incumplimiento de contratos, en diferentes obras en el ámbito nacional.
Según el subprocurador César Romano Molina, la cifra recuperada es un resultado de la política de defensa y precautela a los intereses patrimoniales dispuesta por el procurador general, Hugo Montero Lara, por lo que obtuvieron resultados ascendentes desde 2011.
“Este trabajo metodológico empezó a dar resultados altamente satisfactorios, como que en los procesos administrativos en 2011 a instancias de la Procuraduría, las entidades del país lograron una recuperación en ese año para el Estado de 4.665.719,55 bolivianos”, informó a La Razón Romano.procesos. Detalló que en 2012 hubo un “incremento geométrico” de recaudación, debido a que logró recuperar Bs 27.591.314,00 y también $us 959.920,39, dinero correspondiente a las pólizas que estaban en dólares.
En 2013 se llegó a recobrar Bs 50.496.309,57 y $us 789.790,00. Asimismo, en los dos meses de febrero de 2014, la Procuraduría recuperó Bs 48.858.904,97.
Estas cifras son consideradas importantes para Bolivia puesto que el dinero vuelve a las arcas del Estado y puede ser utilizado para las mismas obras o en otras, eso será decisión de las entidades estatales que se beneficiaron con el cobro de las garantías, agregó.
Romano explicó que existen dos tipos de garantías; las pólizas de correcta inversión y de cumplimiento de contrato. En Bolivia, la mayoría de los recursos captados fueron por el segundo tipo.
“No puedo detallar todos los procesos en los que se recuperó dinero, pero hay empresas que destacan esa recuperación como es el caso de caminos (Administradora Boliviana de Carreteras) y el caso de la empresa Misicuni, donde lograron ejecutar su póliza en la ciudad de Cochabamba”, declaró el Subprocurador.
Entre las pólizas cobradas y destacadas, según Romano, están la del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (Tarija), por incumplimiento de contrato y tiene un monto de Bs 1.204.202,22.
En Cochabamba, la más reciente recuperación se dio por la falencia de tiempos en la obra de la “Empresa Misicuni II, por la construcción de la represa, obras anexas y complementarias del proyecto múltiple Misicuni de 85 metros de altura y complementación de las obras de la presa hasta los 120 metros de altura. El tipo de garantía es de cumplimiento de contrato y el monto recuperado asciende a Bs 44.204.428,56”, se lee en un documento al que accedió este diario.
Otra de las pólizas cobradas por incumplimiento de plazos corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, por la construcción del nuevo mercado de su capital que lleva el mismo nombre. La garantía ejecutada por la Procuraduría General del Estado asciende a Bs 2.771.088,86.
Después de tres años y dos meses del trabajo de la Procuraduría, Romano sostuvo que los resultados fueron fruto de un proceso de trabajo e indagación para identificar las deficiencias que existían, entre las que se hallaron tres.
Para hallar la primera falencia se revisó todas las garantías que el Estado tenía en la contratación de bienes, obras y servicios. Como resultado de este trabajo se vio una grave desatención, puesto que las garantías del Estado no eran sistematizadas, identificadas y peor aún no eran ejecutadas, dentro de los parámetros fijados.Trabajo. “Se llegó a la conclusión de que el Estado, por su naturaleza principal contratante, necesita cumplir ciertas satisfacciones de carácter social, para ello genera la contratación de bienes y obras, entonces es un proyecto que debe cumplirse”, remarcó.
Para identificar la segunda falencia se verificó que el Estado suscribía los contratos con diferentes empresas particulares y personas jurídicas.Por último, para el tercero, se encontró una problemática más grande, que el Estado perdía el proyecto social, el dinero del desplazamiento patrimonial y no recuperaba las garantías. Entonces se hizo una práctica “viciosa” el que las pólizas no sean ejecutadas correctamente.
El subprocurador sostuvo que para identificar estos problemas que afectaban al Estado se hizo un requerimiento “procuradurial de alta información” a la entonces Autoridad de Pensiones y Seguros, por lo que se remitió toda la información de las pólizas pendientes de cobros de causas del Estado.
La PGE tiene la función de precautelar intereses estatales
En 2011 se promulgó la Ley de la Procuraduría General del Estado Plurinacional (PGE) de Bolivia, que constituye una nueva institución en defensa de los derechos y bienes del Estado, tanto en el país como afuera.
Es una entidad de representación jurídica pública que tiene atribuciones de promover, defender y precautelar los intereses, derechos y los bienes del Estado.
Entre las funciones que tiene la PGE están defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, para lo que puede participar de manera directa, como denunciante, y sujeto procesal de pleno derecho en cualquier acción judicial o administrativa.
Puede interponer las acciones judiciales que sean pertinentes y necesarias para la defensa de derechos e intereses del Estado, así como los recursos judiciales que la ley confiere a favor de los sujetos procesales.
Para el cumplimiento de sus fines, podrá solicitar o requerir de la función pública cualquier información sobre las actividades administrativas a su cargo, las que no pueden ser negadas y deben ser evacuadas en su integridad para conocimiento del Procurador o de los funcionarios que están a su cargo.
Podrá requerir a la máxima autoridad ejecutiva de entidades públicas el enjuiciamiento de los servidores públicos por negligencia o corrupción que ocasione daños al patrimonio. Instar y requerir ante el Ministerio Público y ante el Fiscal General de los delitos que ocasionen detrimento a los derechos y patrimonio del Estado, de los cuales tuviere conocimiento por denuncia.
Capacitan a funcionarios públicos para cobrar pólizas
En esta actividad participan trabajadores municipales y delegados de comunidadesWilliams farfán
La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública (SPESFUJAP), promueve cursos de capacitación a funcionarios públicos para el cobro de pólizas.
El último trabajo de este tipo se realizó en Cobija, Pando, la semana pasada donde se instruyó en “Capacitación de la Normativa de la Procuraduría General del Estado” y se dictó el “Taller de Difusión y Capacitación en Acciones de Precautela en Garantías-Pólizas de Caución”.Socialización. En estos cursos también pueden participar autoridades electas. Por ejemplo, en el citado encuentro se tuvo la presencia de la alcaldesa del municipio de Cobija, Ana Lucía Reis, y de alcaldes de ese departamento, representantes de las unidades jurídicas y administrativas de los 15 gobiernos ediles, la Gobernación y de la Asociación de Municipios de Pando, informó el subprocurador César Romano Molina.
El subprocurador aseguró que este tipo de acciones son impulsadas en los nueve departamentos del país, donde además de funcionarios ediles hay representantes de comunidades.
Explicó que los cursos se refieren a la temática de seguimiento y ejecución de las pólizas de caución (cumplimiento de contrato) que el Estado tiene pendiente de cobro con personas naturales o jurídicas, como resultado del incumplimiento de contratos en la adquisición de bienes, servicios y construcción de obras.
Manifestó que esta actividad, anteriormente e históricamente, nunca fue sistematizada ni controlada, dejando en estado de indefensión a los proyectos sociales y al desplazamiento patrimonial del Estado
Con esto se busca concienciar a los funcionarios públicos a defender el patrimonio del patrimonio estatal en todas sus acciones, acotó.
Entregan diplomas a abogados
TrabajoEn el proceso de capacitación y difusión de la PGE, la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma (EAE), entidad desconcentrada de la PGE, y la Universidad Privada Domingo Savio ya entregaron certificados a 26 abogados graduados del Diplomado en Defensa Legal del Estado, en la ciudad de Tarija. Se busca que contribuyan a su preparación para una mejor defensa de los intereses del Estado.// La Razón (COM)
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