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Tres casos de violación seguida de asesinato de mujeres, entre ellas una niña de tres años de origen asiático en Santa Cruz, reabrieron el debate sobre las políticas para evitar estos crímenes, con propuestas que van desde el aumento de penas en las leyes hasta la castración química, pasando por el incremento de personal policial y políticas públicas. En el caso de la niña, la población respondió con el intento de linchamiento del asesino confeso.

Los crímenes ocurren a sólo tres meses de la promulgación de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que fija 30 años de cárcel para los feminicidios.

El caso que más llamó la atención fue el de la niña Mei Li Ken Vargas (3), violada y estrangulada en el barrio Plan Tres Mil, de Santa Cruz, y cuyo asesino confeso, Iván Limbert Mallea (24), fue detenido el pasado martes y estuvo a punto de ser linchado por vecinos del lugar enfurecidos por el crimen.

Tras su confesión y audiencia de medidas cautelares (a puerta cerrada para evitar a la multitud enardecida), fue remitido ayer a la cárcel de Palmasola, mientras que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Pérez, y el comandante Nacional de la Policía, Alberto Aracena, coincidieron en pedir para el detenido la máxima pena de 30 años sin derecho a indulto.

Asesinatos en BoliviaEl mismo martes fue hallado en Santa Cruz el cadáver de una mujer casi enteramente calcinado y con signos de haber sido violada por varios hombres.

El mismo día, la Policía informó del hallazgo en una calle de El Alto del cuerpo de una mujer de pollera, muerta por estrangulamiento y desfigurada.

Sobre el primer caso, el abogado Juan León pidió en radio Fides la máxima sanción para el asesino. Según el jurista, debe haber un cambio profundo en la justicia boliviana, ya que existe bastante benevolencia de los fiscales y abogados que dejan pasar este tipo de hechos sin dar la debida sanción.

El diputado opositor Tomas Monasterio pidió hoy que se reabra el debate sobre una ley de Castración Química para violadores, opción que fue descartada en marzo cuando el Gobierno promulgó la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia”, que prevé el castigo de 30 años sin derecho a indulto para los feminicidios. Monasterios observa que estas leyes no han dado resultado para impedir las últimas muertes.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en tanto, rechazó que la propuesta de castración sea la solución y sugirió a las organizaciones sociales, parlamentarias y sociedad civil  trabajar en la implementación de políticas públicas, antes de pedir más leyes que endurezcan las penas y creen hacinamiento en las cárceles de nuestro país.

“Hay que ver si los criterios de la castración van a disminuir o bajar el índice de estos delitos, considero que se debe debatir y analizar la propuesta, no sólo es cuestión de leyes, sino de políticas públicas”, afirmó.

Gobierno sugiere acortar procesos contra violadores

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, planteó ayer modificar el Código Penal y la Ley 1970 para acortar los procesos contra los violadores y establecer la pena máxima contra esos delincuentes. “Considero que la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal necesitan ser ajustados a la brevedad posible”, argumentó en un contacto con los periodistas.

“Qué más se puede investigar”, complementó en alusión a la captura del asesino confeso de ese delito, Iván Mallea Mamani, de 24 años, “que confesó como se la llevó, la violó y mató a la niña”.

A su juicio, corresponde aplicar un proceso “sumarísimo” (rápido) para que de manera inmediata y en el menor tiempo posible se le aplique la pena máxima, en este caso 30 años de prisión sin derecho a indulto. En esa línea, dijo que respetando el trabajo de los legisladores de los investigadores, corresponde trabajar de manera urgente para modificar la Ley 1970, acortando plazos de procesos.

Consultado sobre la propuesta de la castración a los violadores, dijo que es una moción que respeta, pero insistió en que se debe abrir el debate sobre el ajuste procesal.// Los Tiempos


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